Comisión de Economía retoma tramitación de normas que sancionan con cárcel la colusión

Citar a una sesión especial el próximo lunes 9 de noviembre en las dependencias del ex Congreso Nacional, fue uno de los acuerdos a los que llegaron los integrantes de la Comisión de Economía, tras comenzar el estudio de dos mociones que buscan sancionar con cárcel a quienes se coludan.

Se trata de:

• Aquella de autoría de los senadores Eugenio Tuma, Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana, que impone penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión (Boletín N° 9.028-03); y

• Aquella de autoría de los senadores Manuel José Ossandón y Eugenio Tuma que impone penas privativas de libertad, a conductas constitutivas del delito de colusión (Boletín N° 10.366-03).

Los legisladores escucharon al Fiscal Nacional Económico (FNE), Felipe Irarrázaval, quien explicó los alcances de otro proyecto. Éste es un mensaje, al que el Gobierno puso suma urgencia, buscando fortalecer la defensa de la libre competencia (Boletín N° 9950-03). La propuesta está en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, en primer trámite.

Los senadores miembros de la Comisión de Economía acordaron votar el próximo lunes -en una sesión especial-, las dos propuestas relacionadas, de manera de avanzar en el tema. La idea es que cuando llegue a la Cámara Alta el citado mensaje, exista la posibilidad de refundir los contenidos.

El presidente de la Comisión, el senador Tuma explicó que “junto con tramitar estas mociones, queremos solicitar que se constituya la comisión unida de Economía y Constitución para avanzar en la discusión”.

“Queremos dar una señal como Senado de que estamos trabajando para conseguir la mejor legislación que evite que en el futuro, se sigan violando los derechos de los consumidores. Lamentablemente existe una correlación entre la población con menores ingresos y el mayor consumo de artículos de primera necesidad. Son ellos los más afectados por estos carteles”, hizo ver.

En tanto, el senador Ossandón comentó que “creemos que nuestro proyecto puede mejorar el mensaje, por eso queremos impulsar su tramitación”. El congresista hizo énfasis en la importancia que podría tener una prisión efectiva. “Una persona que está siempre en la carrera delictual sabe que algún día caerá a la cárcel y no le tiene miedo, pero un ejecutivo que gana millones, le tiene pavor a esa idea y creo que lo pensaría dos veces antes de coludirse”, aseguró.

En su exposición, el fiscal Irarrázaval explicó el sentido del mensaje en tramitación, comparándolo con las mociones antes señaladas. Así destacó que el Ejecutivo haya propuesto dejar a discrecionalidad del juez la calificación de primera necesidad. “Depende de muchos factores esa definición, por eso es difícil que la ley establezca un listado de los bienes o servicios básicos”, aclaró.

En cuanto a la pena de presidio, la autoridad comentó que la intención es fijarla en un máximo de 10 años, puesto que lo habitual es que se hagan efectivos no más de tres años considerando los atenuantes que suelen utilizarse en estos juicios.

“No existe ninguna ley que evite que hayan carteles. Pero debemos considerar que la institucionalidad está funcionando porque estamos conociendo cuáles son y cómo operan (…) Respecto a cómo se detectan, la gracia de la delación compensada es que introduce un germen en el mismo cartel, lo que nos parece útil y efectivo”, insistió.

El fiscal dio cuenta de la legislación comparada. “Existen dos modelos en disputa: el norteamericano que pone énfasis en la prisión efectiva, y el europeo que potencia las sanciones económicas (multas). Lo que hace el mensaje es un híbrido porque en los casos más fuertes se propone hasta 10 años de cárcel, y a la vez,  estipula multas de hasta un 30% de las ventas del periodo en que funcionó el cartel”, mencionó.

En cuanto a la posibilidad de establecer como sanciones que las empresas pierdan la marca o exista un congelamiento de los precios, el fiscal se mostró cauto, señalando que “creo que hay que ser cuidadoso en eso, no creo de deban ser opciones de castigo”.

Durante la sesión, el senador Iván Moreira solicitó segunda discusión de las mociones, por lo que no se votó la idea de legislar. El parlamentario argumentó que “no correspondía someter a votación esos proyectos mientras no se conociera la opinión del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; de representantes del Ministerio Público y de los consumidores”.

En tanto, los senadores Lily Pérez San Martín, Alejandro Navarro y Jorge Pizarro se mostraron a favor de respaldar lo antes posible estas iniciativas, de manera de dar una señal al Ejecutivo. Éstos aseguraron que la mayor parte de las leyes corresponden a mensajes y no a mociones, por lo que sería recomendable impulsar el debate de las propuestas de los senadores.

Cabe consignar que en el Congreso Nacional, se encuentran en tramitación una quincena de normas asociadas al delito de colusión. Algunas de ellas hacen énfasis en la necesidad de condenar con cárcel, mientras que otras en endurecer las multas que se cursan a los llamados “delincuentes de cuello y corbata”.