Consumidores y académicos revisan pros y contras del mensaje que castiga con altas multas y cárcel efectiva la colusión

Desmenuzando los cambios que hizo la Cámara Baja al mensaje presentado por el Ejecutivo a través del cual fija normas para la defensa de la libre competencia, y estudiando fórmulas para responder a demandas de los actores involucrados, se encuentran los integrantes de la Comisión de Economía.

En su última sesión, celebrada en las ex dependencias del Congreso Nacional en Santiago, los legisladores recibieron a representantes de los consumidores y de la academia. El próximo lunes se realizará la última ronda de audiencias, tras lo cual se deberían votar las ideas matrices.

El presidente de la Comisión, el senador Eugenio Tuma explicó que dada la complejidad de la propuesta, ésta será vista por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. “La intención es que ellos estudien en detalle lo relativo a las penas. Luego el proyecto iría a la Sala, y de ahí a Economía donde veremos las indicaciones que se presenten al articulado. Nuestra idea es que en enero el texto se convierta en ley”, confesó.

También optimista con los plazos se mostró la senadora Lily Pérez San Martín, quien valoró las distintas presentaciones. “Cada una nos permite entender un enfoque distinto de la iniciativa. Queremos sancionar duramente a dos personas o más que se coluden para sacar provecho propio y terminan por engañar a los consumidores”, recordó.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón solicitó que el texto explicite de mejor manera la legitimidad de asociaciones como la suya, a la hora de hacer consultas en un juicio de colusión. Asimismo aseguró que “se ha fortalecido a la FNE en desmedro de nosotros porque se le permite llegar a acuerdos extrajuidiciales y los consumidores no podemos intervenir ahí”.

“La regulación de cuotas de mercado es más necesaria que nunca. Se quiere resguardar la libre competencia, pero en casi todos los sectores no hay más de dos o tres empresas. Deberíamos tener cuotas por actor no superiores a un 15% para que existan unas 6 o 7 firmas por área”, explicó.

El dirigente hizo ver que es pertinente reflexionar sobre las retribuciones que se persiguen porque “acá está en juego el fisco y los consumidores, ¿qué estará primero, la indemnización que recibirá el Estado o aquellos que fueron defraudados?”. Conadecus también solicitó que los tribunales al momento de fijar multas o indemnizaciones, consideren “como unidad económica la empresa para evitar que ésta se declare en quiebra”.

A su turno, el presidente de Organización de Consumidores y Usuarios (Odecus), Stefan Larenas advirtió respecto a la gradualidad de las penas, puesto que “me parece exagerado que se equiparen a las que se otorgan a un homicidio, por eso recomiendo estudiar con cuidado el bien común que se busca proteger que debiera ser siempre el patrimonio, el que no puede poner a la par de la vida”.

A su juicio, otro posible problema estaría en las multas. “Cuando se habla de multar con un 30% de las ventas del infractor, es posible que éste vea afectado a tal nivel su patrimonio que no pude indemnizar a los consumidores y ello sería un contrasentido”.

“Se ha instalado la sensación que el Estado va a corregir muchas de las fallas que han generado estos episodios de colusión, pero salvo Fasa, no ha existido un caso que haya significado algún tipo de reparación para los consumidores”, advirtió.

Luego, tanto el Presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) como el titular de la Comisión de la Libre Competencia del organismo; Alberto Salas y Christian Acuña, respectivamente; se refirieron a la criminalización de la colusión. “Nos preocupa que también se termine calificando como ilícita cualquier acción económica y se perjudique a sectores que queremos resguardar”, indicaron.

“Nos parece que hay que tener cuidado en la redacción porque la interpretación puede dar para cualquier cosa. No vaya a ser que el delito de colusión ataque cualquier conducta. Hay que dejar claro que algo es ilícito cuando atenta contra la libre competencia”, mencionó Acuña recomendando que “hay que procurar que exista una sana convivencia en el ejercicio de facultades penales y las de la libre competencia”.

En cuanto a la delación compensada, la CPC valoró el instrumento solicitando que este se refuerce. “Por ejemplo proponemos extenderlo a todos los ejecutivos o ex ejecutivos que decidan delatar a la contraparte, esto nos permitiría incentivar este tipo de conductas para desbaratar carteles”, aseguró Acuña.

Desde la academia, el profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Críspulo Marmolejo citó diversas definiciones del derecho de la libre competencia abogando porque exista una sana armonía entre la eficiencia del mercado y los derechos del consumidor. Asimismo destacó el rol que han tenido organismos internacionales como la OCDE, en este tipo de regulaciones.

En cuanto a las agencias, el abogado explicó el fenómeno que se ha dado en naciones desarrolladas donde se han visto incrementado el número de agencias estatales que se encargan de la supervisión de los mercados, lo que se complementa con la acción que ya desarrollan los agentes intermercados.

Otro de los aspectos valorado por Marmolejo fue la conformación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que implicará contar con cinco comisionados con dedicación exclusiva. “Esto contribuye a la transparencia y generará una mayor carga de trabajo. Lo normal es que exista una mayor litigación privada que pública, pero en este caso, creemos que la tendencia podría revertirse”, planteó.

Finalmente el economista, Claudio Díaz analizó el proyecto desde el punto de vista práctico, por lo que comenzó asegurando que hoy la mayoría de los directores de una empresa están vinculados a otras del mismo rubro, en forma directa o indirecta. “Existen demasiados directores cruzados, por lo que será difícil restringir esa participación”, mencionó.

Desde esta visión realista, el profesional aseguró que “la competencia perfecta no existe porque siempre va a haber un actor económico que velará solo por su beneficio, por lo que soy partidario de establecer objetivos en la legislación a modo de un rayado de cancha, más que complicarnos en artículos difíciles de entender”.

Más allá de los casos de colusión, Díaz insistió en que el foco debe estar puesto en procurar dar competitividad al mercado. “Centrarnos en el delito de colusión es importante, pero lo es más, generar competencia”, subrayó ilustrando con el ejemplo norteamericano donde las empresas tienen un alto grado de rotación en el mapa de la competitividad.