Firma electrónica avanzada busca fortalecer el comercio online
La Comisión de Economía acordó en que este instrumento cuente con sellado de tiempo y no sólo con marca de tiempo, de manera que tenga plena validez ante los Tribunales de Justicia.
12 de junio de 2013
Estudiar la firma electrónica avanzada fue el tema al que se abocó la Comisión de Economía en la última sesión. Ello en el marco del estudio del proyecto, iniciado en mensaje que modifica la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos y servicios de certificación.
Los senadores Jovino Novoa, José García Ruminot, Andrés Zaldívar y Eugenio Tuma retomaron la discusión de esta iniciativa que comenzó a estudiarse en marzo pasado, en general y particular a la vez.
El senador García Ruminot indicó que los parlamentarios están revisando cada uno de los artículos de este proyecto, entre cuyas materias está determinar a quiénes se les aplicará esta ley y quiénes estarán facultados para utilizar la firma electrónica avanzada.
Entre los temas que han sido acordados por esta instancia está que la firma avanzada vaya con sellado de tiempo y no sólo con marca de tiempo, es decir, que sea un sello que esté debidamente garantizado, de manera que este instrumento tenga plena validez ante los Tribunales de Justicia.
Otra de las materias que ha estado en revisión es determinar las autoridades públicas que podrán hacer uso de la firma electrónica avanzada.
PROYECTO
En lo legislativo, esta propuesta se encuentra en primer trámite, de manera que cuando la citada Comisión emita su informe, éste se presentará a la Sala para que vote en función de dichas recomendaciones.
En lo sustancial, el proyecto amplía los potenciales actos y contratos que puedan ser otorgados o celebrados mediante documento y firma electrónica, materializa el principio de equivalencia funcional y da pleno reconocimiento a los atributos inherentes a los documentos suscritos con este instrumento, elimina las disposiciones que atenten contra el principio de neutralidad tecnológica y esclarece la admisibilidad en juicio del documento electrónico y sus reglas aplicables.
En tal sentido, la iniciativa plantea como “fundamental incorporar principios generalmente aceptados internacionalmente como la autonomía de la voluntad y la equivalencia funcional”.
Respecto al primero, busca “garantizar que las partes son libres para determinar la forma, medios electrónicos y clase de firma electrónica que utilizarán para celebrar actos jurídicos”.
Y en cuanto a la equivalencia funcional, pretende “sentar la paridad entre medios electrónicos y físicos en cuanto a sus efectos y validez, de forma tal que la firma electrónica sea vista como equivalente a la manuscrita, mientras que el documento electrónico sea reconocido como equivalente al documento en papel”.
Estas medidas pretenden fortalecer el comercio electrónico, el que se ha ido consolidando con el paso del tiempo, pero respecto del cual aún hay resquemores en cuanto a la validez legal que tienen los trámites realizados con firma electrónica, como son, por ejemplo, las transferencias de dinero online.