Quieren establecer plazos máximos para el pago de bienes y servicios prestados por Pymes
A través de una moción los senadores Moreira, Tuma, Allamand, De Urresti y Zaldívar proponen modificar la Ley 20.416 para evitar que pequeños proveedores se vean afectados con el pago de facturas hasta 180 días después de entregados los servicios y/o productos.
29 de julio de 2016
Promover el pronto pago de las deudas contraídas con pequeñas y micro empresas cuando efectúan las ventas de un producto o prestación de servicios, es el fin que pretende la moción presentada por los senadores Iván Moreira, Eugenio Tuma, Andrés Allamand, Andrés Zaldívar y Alfonso De Urresti.
A través de una modificación a la Ley 20.416 se pretende fijar un plazo máximo de 30 días para el pago de la prestación de servicios de pequeñas y medianas empresas desde la fecha de entrega de los productos y servicios
Asimismo el texto legal que será analizado por la Comisión de Economía regula el no cumplimiento de los contratos, se garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, se definen como cláusulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley y por último se incorpora el derecho a indemnización.
“Ha habido abuso por parte de algunas grandes empresas hacia las Mipymes con respecto a las fechas de pago, llegando a pagar incluso a 180 días, eso no corresponde ya que significa trabajar con el capital de otros, y como lamentablemente no existe autorregulación junto a otros senadores hemos presentado este proyecto que pretende establecer plazos, aplicación de intereses, definir cláusulas abusivas e incorporar el derecho a indemnización”, señaló el senador Moreira.
El proyecto establece un plazo máximo de 30 días corridos contados desde la fecha en que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago, y el plazo pactado nunca podrá ser superior a 45 días contados desde la fecha en que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago.
El parlamentario expresó que “lo que se debe buscar con este proyecto es una forma de apoyar y resguardar este sector que representa el 99 por ciento de las empresas en Chile, y que aportan con la generación de más de 3 millones y medio de empleos, que corresponde al 42 por ciento de los trabajadores con contrato en el país, lo que según la OCDE y Cepal estas iniciativas podrían elevar la productividad y mayor solvencia en el negocio”.
El proyecto responde a los requerimientos que han encabezado gremios como la CONAPYME, Cámara Chilena de la Construcción, FECHIPAN, entre otros, que llevan años solicitando una regulación al respecto, ya que hasta la fecha solo existen protocolos y buenas prácticas en la gestión de pago, lo que no necesariamente permite el cumplimiento de los plazos.
De esta forma, se busca establecer mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño particularmente las pequeñas y micro empresas considerando su posición en el mercado, su baja participación en ventas y exportaciones, su aporte en la generación de empleos y las dificultades que presentan para acceder a fuentes de financiamiento formales.