Autorización de funcionamiento de jardines infantiles: calidad para todos los niños

La necesidad de avanzar en el proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles es compartida entre los miembros de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; sin embargo, aún hay aspectos que, a juicio de los senadores, deben ser consensuados para poder votar en general, entre otros, el que todos los establecimientos deban acceder al reconocimiento oficial, no externalizar la fiscalización de calidad, conocer los costos asociados a la iniciativa y el transparentar la dotación de planta que se contempla.

Además, los legisladores coincidieron en que el proyecto es una gran oportunidad, pero “debe ser revisado y mejorado” y destacaron la idoneidad y aportes de los expositores que han participado de las Comisiones en las que se ha analizado la materia.

En lo fundamental, el mensaje –en segundo trámite constitucional- aumenta los niveles de exigencia en el ámbito de la educación preescolar, lo que según el senador Ignacio Walker, miembro de la instancia parlamentaria, “es un tema muy importante. Hay 1 millón y medio de niños y niñas entre 0 y 6 años en la educación preescolar, ya no es un tema de guarderías; estamos hablando de educación parvularia; lo que se aprende o no entre los 0 y 6 años define las posibilidades de ese niño y niña en la vida”.

Para el legislador, “frente a un mercado desregulado, en el que cualquiera puede abrir un jardín, el exigir la autorización para funcionar es importante, pero esta es menos que el reconocimiento oficial, que permite acceder a fondos públicos, guiarse por la ley general de educación, ser fiscalizados por la Superintendencia de Educación, entonces queremos subir los niveles de ambición para todos los jardines infantiles y salas cunas, públicos y privados”.

Este aspecto también es un punto a definir para el senador Alejandro Navarro. “El proyecto establece dos categorías: una del funcionamiento autorizado y una de los aprobados. Por lo tanto, estamos a punto de discriminar entre los jardines para los niños pobres, que solamente van a contar con autorización, en locales precarios, sin la exigencia de bases curriculares mínimas, sin el personal idóneo, porque se los va a flexibilizar mediante un reglamento, y los jardines para los niños de sectores más acomodados”, por lo que, para el senador, es necesario saber cuánto dinero se destinará para subsidio, para la Junji y para el personal.

Al respecto, el parlamentario agregó que, “el personal idóneo es también muy importante, quiero recordar que hoy, de los 11 mil funcionarios de la Junji, más de 9 mil están a contrata y esta es una situación de precariedad que no garantiza calidad”; además, recalcó, “soy contrario a que se externalice la calidad, el que debe fiscalizar es la superintendencia y no entidades privadas, lo que en muchas materias ha sido un fracaso”.

En tanto, para el senador Carlos Cantero, quien se manifestó de acuerdo con la idea central del proyecto, es necesario tener mayor atención y aclaración en aspectos como los gastos y las plantas de trabajadores, entre otros. “Me preocupa y lamento las visiones tan cartesianas en el enfoque legislativo, una pregunta que no se ha tocado  durante el debate es cuánto cuesta esto, qué significa desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista de la subvención del Estado respecto de esta educación”.

A solicitud del legislador se acordó oficiar al Ministerio de Educación para que informe respecto a los costos asociados a la correcta educación parvularia, en materias de inversión, capital humano, etcétera; como también para que adelante los criterios con los cuales se va a implementar el artículo cuarto transitorio referido a la plana. Además, se concertó oficiar a la Unesco para que puedan hacer llegar un análisis comparativo de la educación parvularia en Chile y en otros países del mundo.

Por su parte, durante la sesión, la senadora Ena Von Baer llamó a votar en general la propuesta y destacó la preocupación por la educación de la primera infancia y manifestó su alegría “por este proyecto que transversalmente todos han dicho que es importante que impulsemos. Tener un estándar, un paragua que le dé a todas las familias tranquilidad de que cuando entregan a sus niños estarán bien. Los niños absorben todo cuando se les entregamos”.

Con respecto a las diferencias surgidas la senadora llamó a verlas cuando se realice en análisis en particular, porque “obviamente cuando entramos en el detalle siempre hay diferencia y se produce una tensión en todos los proyectos donde se quieren establecer estándares y al mismo tiempo se quiere tener diversidad, pero eso es un tema ya del detalle y en ese sentido creo pudiéramos pensar en avanzar en votar en general el proyecto”.

Durante las sesiones de análisis, han participado la Ministra de Educación, Carolina Schmidt; la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, María Francisca Correa; el Jefe de Dirección Presupuestaria, Pablo Campos.

Además se contó con la presencia de representantes de la Organización Mundial de la Educación Preescolar (OMEP), de la Fundación Jaime Guzmán; del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef; de la Universidad Alberto Hurtado; del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; de la Biblioteca del Congreso Nacional; de la Secretaría Ejecutiva Programa Legislativo, CIEPLAN; entre otros.

En concreto, ¿qué propone el proyecto?

El proyecto de ley exige a todos los centros educacionales que entreguen educación integral a niños desde su nacimiento hasta el ingreso a la educación básica una autorización para poder funcionar, que será otorgada por el Ministerio de Educación.

¿Tendrá requisitos?

Dicha autorización combina requisitos, que garantizan estándares de calidad para todos los centros de educación parvularia del país, velando así por el bienestar de los niños, con la flexibilidad necesaria para que distintos establecimientos puedan crear proyectos educativos diversos que reflejen las necesidades y los intereses de sus niños y comunidades, respetando el derecho constitucional y universal de los padres como principales educadores de sus hijos.

¿Quién fiscalizará?

La iniciativa otorga a la Superintendencia de Educación la potestad de fiscalizar el cumplimiento en el tiempo de los requisitos establecidos para la mantención de la autorización de funcionamiento, otorgada por el Ministerio de Educación, en todos los establecimientos que imparten educación parvularia y la facultad para sancionarlos en caso de incumplimiento de los mismos, sanción que puede consistir en una simple amonestación hasta la clausura del establecimiento o la inhabilitación del sostenedor.

¿Y aumenta multas?

Sí, con el objeto de dar un mayor resguardo a la integridad y seguridad de los niños, se propone modificar el artículo 177 del Código Procesal Penal, aumentándose las multas aplicables en caso de no cumplirse con la obligación de denunciar aquellos delitos que afectaren a los párvulos y que hubieren tenido lugar en jardines infantiles.

Con ello, la institucionalidad de la educación parvularia se moderniza, en línea con las modificaciones realizadas a nivel escolar. Así, el Ministerio de Educación fortalece su rol rector y articulador en educación, elaborando las políticas públicas del área y otorgando la autorización de funcionamiento a los establecimientos que imparten educación parvularia. La Superintendencia de Educación será la encargada de la fiscalización del cumplimiento de la normativa y la Junta Nacional de Jardines Infantiles se focaliza en sus funciones de provisión de educación parvularia.

¿Qué gasto involucraría la iniciativa?

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 12 de marzo de 2013, señala que el gasto anual total para la Superintendencia es de $ 2.373.077 miles al asumir las funciones de fiscalización de la mantención de los requisitos que dieron origen a la autorización de funcionamiento de los jardines infantiles, cursar los procedimientos en caso de pérdida de alguno de los requisitos y determinar y aplicar las sanciones que procedan.