Superintendencia de Educación Superior será votada en general

Uno de los proyectos que estudiará la Sala el próximo 5 de marzo es el que crea la Superintendencia de Educación Superior (Boletín N° 8041-04). La iniciativa será analizada en general, luego que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología emitiera un primer informe el pasado 23 de enero, luego de escuchar a distintos actores vinculados en el tema.

La propuesta, iniciada en mensaje, plantea crear una Superintendencia de Educación Superior como un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo fin será fiscalizar a las universidades, institutos profesionales y Centros de Formación Técnica (CFT)  en cuanto a verificar que entreguen información veraz a sus alumnos, y por tanto, no incurran en publicidad engañosa.

Para ello, la norma requiere modificar la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, de manera de ampliar y perfeccionar los antecedentes que estas instituciones entregan a la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Asimismo, la Ley General de Educación debería ser modificada para regular las operaciones de las universidades con personas relacionadas; y asegurar la ecuanimidad en la toma de decisiones garantizando que una casa de estudios no estatal designe a lo menos tres miembros independientes en su directorio para garantizar transparencia en la gestión.

Durante la discusión en la Comisión, el senador Ignacio Walker se refirió a la posibilidad de incorporar otras propuestas en este proyecto, tales como la referida a los requisitos que deben cumplir las universidades no estatales en relación al lucro (Boletín N° 7760-04) y la que busca transparentar la gestión de establecimientos que reciben aportes estatales (Boletines N° 7929-04).

Por su parte, el senador José Antonio Gómez abogó por estudiar con prudencia la creación de una nueva institucionalidad, apuntando a que muchas veces la dispersión de órganos influye en la efectividad de estas entidades.

En tanto, el presidente de la Comisión, el senador Carlos Cantero se mostró contrario a la iniciativa, puesto que “se observa un énfasis fiscalizador y sancionador exacerbado”. En su opinión, se exige información financiera a las universidades pero no se apunta a temas de fondo como la entrega de información relacionada con el número de matriculados por carrera o el campo laboral al que podrán acceder los egresados, entre otras materias.