Dan a conocer "buenas prácticas para audiencias de senadores con personas que postulan a cargos donde interviene la Corporación"
La Comisión de Ética y Transparencia en el ejercicio de sus atribuciones se pronunció sobre las normas que permitirán "un mejor desempeño de las funciones del Senado y que tendrán carácter vinculante".
8 de junio de 2016
Con el fin de promover un mejor desempeño de las funciones del Senado, la Comisión de Ética y Transparencia, que preside el senador Hernán Larraín, e integran los senadores: Alfonso De Urresti, José García Ruminot, Alejandro Guillier y Andrés Zaldívar, acordó una serie de "buenas prácticas parlamentarias relacionadas con las audiencias o reuniones de senadores con personas interesadas en cargos en cuyo nombramiento interviene el Senado.
En lo fundamental, el acuerdo unánime de la Comisión establece la obligación de "publicar toda audiencia o reunión, cualquiera sea el día lugar y hora en que se produzca, en la cual uno o más senadores se entreviste con una o más personas interesadas en que el Senado apruebe su eventual nombramiento en un cargo, o la designe en el mismo si el cargo es de nombramiento de la Cámara Alta". (Descargue el documento adjunto para conocer el texto completo del acuerdo)
Asimismo regula diversas materias referidas a los registros, los plazos y la publicación de dichas audiencias; así como ejemplos concretos que rigen en el caso de diversos nombramientos en los que interviene el Senado.
Cabe destacar que de acuerdo a la Constitución al senado le corresponde pronunciarse sobre diversos nombramientos que debe efectuar el Presidente de la República.
La Cámara Alta tiene atribuciones para aprobar o rechazar determinados nombramientos propuestos por otros órganos públicos y para efectuar designaciones directas en cargos señalados por la ley.
En este sentido, algunas de las audiencias o reuniones que senadores puedan sostener con personas que están o pudieran estar comprendidas, dentro de las propuestas de nombramiento, antes mencionadas, son de registro obligatorio, de hacerdo a la Ley del Lobby y del Reglamento de los Registros de Agenda Pública y de lobbistas y gestores de intereses particulares del Senado.