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Avanzan en "una ley que esté de acuerdo con la realidad de nuestro país y con lo que la propia ciudadanía nos está exigiendo"

Así lo hizo presente el presidente de la Comisión de Gobierno, senador Quinteros, en el marco del estudio del articulado del proyecto sobre probidad en la función pública.

17 de octubre de 2014

Enfatizando en cómo garantizar adecuadamente la probidad, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización continuó con el análisis del articulado del proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública.Imagen foto_00000003

 

Cabe recordar que durante la sesión anterior la instancia parlamentaria había convenido retirar las indicaciones presentadas en el gobierno anterior y decidió invitar nuevamente a algunos actores relacionados con la materia. (Revise nota relacionada).

 

Así en último encuentro la Comisión recibió desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, al fiscal Andrés Prieto y al director de Asuntos Institucionales, Erick Rojas. Desde la Contraloría General de la República, se escuchó al Jefe de la División Jurídica, Julio Palavicini; además de representantes de la Contraloría Regional de Valparaíso, del Ministerio Secretaría General de la República; de la Fundación Jaime Guzmán; y del Instituto Libertad y Desarrollo.

 

El presidente de la Comisión de Gobierno, senador Rabindranath Quinteros, precisó que durante el proceso de tramitación invitarán a representantes de la Contraloría General y "esperamos que nos colaboren artículo por artículo, porque hay materias e indicaciones con las que no estamos de acuerdo. Queremos que salga una ley que esté de acuerdo con la realidad de nuestro país y con lo que la propia ciudadanía nos está exigiendo", aclaró.

 

El legislador indicó que se requiere avanzar en cómo garantizar la probidad en la función pública con la sola declaración de los funcionarios, "es decir, queremos que haya claridad hacia la ciudanía y que la declaración de intereses y patrimonio esté estipulada; además de mantener la declaración en la Contraloría, para su constante fiscalización".

 

Con respecto a la periodicidad de la declaración, precisó que el proyecto contempla que se realice cada 2 años, pero "pensamos que podría ser cada 3, porque de lo contrario, la Contraloría se podría ver con mucha acumulación de material".

 

Por su parte, el integrante de la instancia parlamentaria, senador Carlos Bianchi manifestó que este es un proyecto que amerita un ritmo distinto, "porque hay quienes sostienen que hay medidas extremas que pretenden incorporarse.  Nadie  -y esto lo vamos a insistir- puede negarse a transparentar toda su acción, sus bienes, pero particularmente en este proyecto, además, se obliga al cónyuge, hijos, hermanos y padres, lo que requiere de una gran discusión".  

 

"Toda acción de transparencia la llevaremos con gran prolijidad y no queremos verlas en el fragor de los hechos ocurridos en las últimas semanas en nuestro país", resaltó el parlamentario.

 

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