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Contraloría General de la República y legisladores coinciden en principales aspectos para ley sobre probidad en la función pública

La Comisión de Gobierno recibió al Contralor General, Ramiro Mendoza, en el marco de las audiencias y estudios del proyecto de ley que propicia mayor transparencia.

8 de abril de 2015

Por tercera vez el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza expuso ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, esta vez a pocos días de dejar su cargo y para dar su visión detallada respecto al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública. (Revise nota relacionada)

 

Mendoza indicó pormenorizadamente y por artículos e indicaciones cuáles eran las principales coincidencias y aspectos a mejorar del mensaje, lo que coincidió plenamente con el avance del articulado que lleva adelante la instancia parlamentaria y enfatizó en la necesidad de disponer de herramientas para realizar cruce de información.

 

CLARIDADES

 

En una primera etapa se refirió a la realidad internacional de las obligaciones de autoridades a declarar sus patrimonios en el orbe, para luego dar paso a sus opiniones, además de recordar que la Contraloría cuenta con un sistema informático "que ya está implementado, pero necesitamos la herramienta legal, para la visualización, a través de la web. Cada funcionario deberá estar ahí", señaló.

 

A juicio del Contralor, "este proyecto unifica los intereses en una sola declaración y  amplía a los sujetos obligados; se entrega a la Contraloría la fiscalización del contenido y para cumplir se permite pedir información a la superintendencia, bancos", entre otros.

 

Imagen foto_00000016Asimismo, dejó constancia que se debe dejar claramente estipulado quiénes serán los encargados de las medidas disciplinarias y el rol de cada institución, ya sea la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y cada jefatura de servicios, además de considerar a los profesionales y técnicos que deben declarar sus intereses para evitar influencias o imparcialidad, siempre respetando la vida privada.

 

La importancia de la firma digital avanzada, la fiscalización, la adecuada plataforma digital y "las transformaciones culturales" en estas áreas también fueron aludidas por la autoridad.

 

"Nos preocupa que la arquitectura final del proyecto y que las sanciones queden claras, quiénes las aplican, el régimen común, cuáles serán las sanciones, las faltas graves e inhabilidades", subrayó.

 

VALORAN APORTE

 

Por su parte, la Comisión de Gobierno acordó dejar constancia escrita de todas las observaciones para cotejarlas con el articulado que avanza en su análisis en la instancia parlamentaria.

 

Asimismo, agradecieron la presencia del Contralor y aprovecharon la instancia para "expresarle nuestro reconocimiento y agradecimiento por el rol que cumplió como Contralor General de la República, porque puso estándares de probidad muy altos y recomendó cuáles son las falencias que tiene la legislación actual y que a mi juicio apuntan -fundamentalmente- a mayor información y mayor fiscalización", detalló el senador Alberto Espina, presidente de la Comisión.

 

"Tuvimos muchas coincidencias y creo que  fue un tremendo aporte en lo que se refiere a mejorar la información que la ciudadanía tiene derecho a tener respecto de los intereses de una persona que es una autoridad; el patrimonio que tiene para ver si ha existido un enriquecimiento ilícito durante su gestión; el fideicomiso ciego; y la venta forzada, que son aquellos casos en que la persona tiene propiedades que son absolutamente incompatibles con el ejercicio de una actividad pública", agregó el legislador.

 

Cabe recordar que la Comisión continúa con el análisis del proyecto de ley y en paralelo, además, está trabajando la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia.

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