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Probidad en la función pública: avanzan en el análisis de las indicaciones

Con la exposición de motivos de la totalidad de los aportes presentados a la ley, la Comisión de Gobierno espera poder votar durante las próximas semanas.

26 de noviembre de 2013

Imagen foto_00000015La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización analizó la totalidad de las indicaciones presentadas al proyecto de ley sobre probidad en la función pública –en segundo trámite constitucional- las que fueron divididas en: las relativas a las multas por infracción a la normativa; sobre el ente fiscalizador del Contralor General; indicaciones de carácter formal y aquellas que se recomendaría rechazar.

 

Para las diversas propuestas se escucharon las exposiciones de motivos, por lo que se espera puedan ser sancionadas durante las próximas semanas.

 

UMBRAL DE LAS MULTAS

 

El senador Jaime Orpis, miembro de la instancia parlamentaria, explicó que existen indicaciones presentadas por diversos parlamentarios, las que “en algunos casos aumentaban las multas que actualmente se establecen por infracción a la normativa en materia de probidad pública y en otros casos, otros senadores bajaban el umbral inicial de la sanción.”

 

Cabe precisar que, por ejemplo, las multas en el caso de no efectuar, no actualizar u omitir información inexcusablemente las multas parten -en ciertos casos- desde las 20 UTM.

 

“Lo importante es que se dejaron las exposiciones de motivos de cuáles eran los argumentos a favor o en contra. En el caso de las multas de carácter estrictamente prudencial, todas las indicaciones aumentan las multas, la única diferencia está en el umbral de partida, algunos son partidarios que sea un poco más alto y otros un poco más bajo, pero todos están de acuerdo en el límite superior de ellas”, precisó el legislador.

 

FISCALIZACIÓN DEL CONTRALOR

 

“Después hay otro conjunto de materias que somos partidarios de aprobarlas y que básicamente apuntan a que la Cámara establecía que, para efectos de esta ley, al Contralor General de la República lo fiscalizaba la Cámara de Diputados y se cambió el criterio, a mi juicio correctamente, porque será la Corte Suprema la que fiscalice”.

 

Para el parlamentario este cambio es positivo “porque la Cámara de Diputados es la encargada de resolver sobre las acusaciones constitucionales, de tal manera que me parece más correcto que en este caso, del Contralor, sea la Corte Suprema quien fiscalice”, detalló el parlamentario.

 

Además, la Comisión de Gobierno analizó una serie de indicaciones de carácter formal, a las que se les dará curso en la tramitación.

 

 

 

 

 

 

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