Probidad en la función pública: elevan estándares y aumentan sanciones para quienes infrinjan las normas

Durante los primera quincena de mayo, la Sala estará en condiciones de pronunciarse sobre el proyecto, en segundo trámite, relativo a la  probidad en la función pública (Boletín N° 7.616-06), previa revisión de las normas de su competencia, por parte de la Comisión de Hacienda.

Esto luego que la Comisión de Gobierno, concluyera con el estudio del texto legal tanto en general como en particular. Así lo dio a conocer el senador Alberto Espina, presidente de la instancia legislativa.

El texto legal apunta a regular y actualizar en un texto legal determinado el ejercicio de la función pública por autoridades del Estado, desde la perspectiva del principio de la probidad, y prevenir los conflictos de intereses mediante una declaración de intereses y de patrimonio.

“Concluimos la tramitación del proyecto que fija normas de probidad para cumplimiento de la función pública que es un cambio de fondo para profundizar toda la información  de las autoridades, del patrimonio e intereses que tienen con el fin de evitar el tráfico de influencias y que, con toda transparencia, se sepa cuál es el patrimonio con que se entra y se sale del servicio público; así como los intereses que pudieran colisionar con el interés público”, dijo el senador Espina.

Precisó que la norma legal establece además dos caminos para “aquellas autoridades que posean acciones sobre un monto determinado: uno, es vender dichas acciones y transformarlas en activos y lo otro es entregar dichas acciones a un mandatario que las administrará sin que los dueños se informen de su destino, en lo que se conoce como fideicomiso ciego”.

Asimismo, el proyecto contempla una norma que establece “la venta forzada de bienes eso significa que autoridades como el presidente, el contralor o los senadores y diputados tendrán la obligación de vender sus derechos sobre sociedades o empresas cuando tengan relación con el Estado, es decir, es incompatible tener una empresa que hace negocios con el Estado, si se es autoridad”, precisó el parlamentario.