Proyecto que propicia la reinserción laboral en la administración pública avanza en la Comisión de Gobierno

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó en general el proyecto que modifica la ley 18.834, sobre el Estatuto de la Administrativo, limitando la prohibición de ingreso a la administración pública. Boletín 8.520-06.

La idea matriz de la iniciativa es facilitar la reinserción laboral en la administración del Estado de las personas que han sido condenadas por un ilícito que no tenga asignada pena de crimen. Esto, teniendo como contexto el plan de seguridad pública que enfatiza en la capacitación laboral y en la creación de condiciones que permitan a quienes han delinquido poder  trabajar con contrato de trabajo.

Sin embargo -explicó el presidente de la Comisión, senador Carlos Bianchi- hay algunas sugerencias por parte de la Comisión, “que el gobierno va a recoger y esperemos que en lo particular, y al momento de las indicaciones, podamos complementar la iniciativa”.

Esto, precisó el legislador, en orden a ampliar el departamento en el cual podrán ser reinsertados, “porque el proyecto está acotado al funcionario que realiza labores administrativas, la pregunta es ¿por qué no a otra función? y ¿qué pasa con aquel funcionaria o funcionaria que fue objeto, por ejemplo, de una acusación en tema de droga?, que tiene ribetes distintos; esas son sugerencias que se hicieron llegar al Ejecutivo, han sido recogidas y esperamos poder analizar al momento de las indicaciones”.

Del texto legal se desprende que se busca ofrecer a los infractores de la ley un proyecto laboral real y sustentable en el tiempo, que incluya una remuneración adecuada, además de posibilidades de surgimiento a futuro, bajo la convicción de que el trabajo es un mecanismo de integración único al medio social.

Además, consiga el proyecto, es importante tener en consideración que la población infractora conforma un grupo en especial riesgo, puesto que además de encontrarse estadísticamente dentro de un rango etario complejo, se relaciona con trabajos informales, esporádicos y bastante precarios. A ello se suma un contexto psicosocial y familiar que en muchas ocasiones dificulta la reinserción laboral.

Dado estos argumento, se propone una vía para ampliar la oferta laboral en este tipo de casos está dada por la administración pública, para lo cual se requiere modificar la ley sobre Estatuto Administrativo, debido a las prohibiciones que consagra en la materia.

Un segundo punto analizado por la Comisión fue el continuar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, para lo cual se escuchó la exposición del presidente del Consejo de la Transparencia. Boletín 7.686-07.

A juicio del senador Bianchi, “se ha hecho una maciza exposición de lo que permite mejorar toda la situación de transparencia. La idea es poder llegar a un portal único, donde el ciudadano pueda acceder a esta única instancia y no tener una peregrinación por distintos lados”.

La Comisión conocerá otros informes sobre la materia y espera poder comenzar la votación la primera semana de septiembre.

Por otro lado, el presidente de Gobierno hizo presente que se ofició al Ejecutivo por para que haga llegar las indicaciones sobre el proyecto de ley de gobiernos regionales. “Ha pasado un mes y medio desde que se le solicitó nos haga llegar   incoaciones, pero no ha pasado nada. La comisión hoy ofició al Ejecutivo para que nos aclare si tienen o no el interés de avanzar en este proyecto, que es urgente, pero que están muy atrasado y esto no es responsabilidad de la Comisión, si no que es directamente responsabilidad del Ejecutivo que ha cambiado todos los plazos de urgencia y no nos ha permitido avanzar”, recalcó.

En concreto, el proyecto incorpora a la ley de transparencia a las corporaciones y asociaciones municipales y establece la obligación de los órganos de la administración del Estado de conservar y archivar la información pública y el modo en que debe realizarse la eliminación de ésta.

Asimismo, entre los puntos de transparencia activa, contempla una serie de modificaciones relativas a las obligaciones de los órganos y servicios de publicar proactivamente información de sus sitios web.

Respecto a la obligación de publicar las remuneraciones de los funcionarios, se especifica que se debe informar la remuneración total que le corresponda a cada uno de los funcionarios mensualmente.

Se deben publicar las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades y funcionarios obligados a presentarlas; al igual que la obligación de publicar el índice actualizado de actos y documentos declarados secretos o reservados.

Con respecto a lo referido a los datos personales, se establece de manera expresa y como regla general, la aplicación de la ley de protección de datos personales.

En otra área, en el caso de haber terceros potencialmente afectados por la publicidad de la información, se prevé un procedimiento de notificación y la posibilidad de éstos de oponerse o no a dicho acceso.

También se contemplan instancias alternativas de solución de conflictos y procedimientos de reclamo y las sanciones, si fueran necesarias.

La iniciativa, además, refuerza la institucionalidad que regula el Consejo para la Transparencia, entre otras varias modificaciones tendientes a profundizar la transparencia del sector.