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Comisión de Hacienda analiza las observaciones del Presidente de la República a la Ley de Presupuestos 2013

La instancia está convocada para hoy lunes entre las 11 y 13 horas en la Sala 3 del Senado en Santiago. El veto provocó encontradas reacciones entre senadores.

14 de diciembre de 2012

Con el fin de pronunciarse sobre las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2013, la Comisión de Hacienda sesionará hoy lunes  17 de diciembre, en el ex Congreso.

 

El veto presidencial suprime disposiciones relacionadas con los programas de empleo, el pago de beneficios para trabajadores de la ex empresa carbonífera Schwager, y condicionantes introducidas al programa de Desarrollo Integral Arauco.

 

De acuerdo al Ejecutivo “estas indicaciones abordan materias que la Constitución Política reserva a la  iniciativa exclusiva del Presidente de la  República, de acuerdo a lo establecido en   diversas disposiciones”.

 

Cabe recordar que la Sala de la Cámara de Diputados rechazó dichas observaciones que proponían suprimir estas indicaciones que se habían incorporado al proyecto durante su trámite en esa Cámara.

 

No obstante, no reunió el quórum de dos tercios de los diputados presentes para insistir en el texto aprobado por el Congreso, con lo cual el efecto práctico, es que no existen las mencionadas glosas introducidas por la Cámara en la Ley de Presupuesto.

 

Sin embargo, se aprobó la observación número 2 del veto presidencial para perfeccionar la redacción de una glosa del Ministerio de Educación, estableciendo que  “los bienes inmuebles que se adquieran con estos recursos serán destinados exclusivamente para fines educacionales, a lo menos por 30 años. Estos bienes deberán quedar hipotecados a favor del Fisco y sujetos a la prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos durante 30 años. En lo que sea pertinente, se aplicará la regulación establecida en el artículo 8° de ley N° 19.532”.

 

REACCIONES

 

Cabe recordar que el envío del veto presidencial al proyecto de Ley de Presupuestos, fue calificado como un hecho inédito y generó reacciones encontradas.

 

De este modo, el Presidente del Senado, Camilo Escalona, señaló que “yo hubiese preferido que el Ejecutivo no enviase este veto”, al ser consultado por la decisión del Presidente de la República de vetar en el Congreso algunos ítemes que ya habían sido aprobados por el Parlamento.

 

“Debemos hacer un esfuerzo de buena voluntad en este caso. Se recargó la tabla, porque se han encontrado de manera simultánea proyectos que son importantes y decisivos. De manera que hago un esfuerzo de comprensión, en el sentido que hubo una sobrecarga que llevó a que el análisis se demorara más de lo conveniente y que estemos recibiendo un veto tardío, del punto de vista del trámite de la ley de presupuesto”.

 

En tal sentido, yo hubiese preferido que el Ejecutivo no recurriera a esta herramienta constitucional. Pero, si lo ha hecho, nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación constitucional de tramitarlo. Creo que no era indispensable recurrir al veto”, expresó.

 

A su turno, el senador José García Ruminot, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda explicó que “en la Cámara de Diputados y en el Senado se aprobaron normas que fueron materia de indicación parlamentaria y esas normas, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, no son de iniciativas parlamentarias. Por ejemplo, decir que los programas de empleo de la Octava Región mantendrán el 2013 igual número de beneficiarios que el año 2012, eso no lo puede decir una ley por iniciativa parlamentaria ya que hay recursos públicos involucrados, tiene que decirlo la ley en la medida que tenga patrocinio del Ejecutivo”.

 

Aseveró que “lo que está haciendo el Gobierno con este veto, que yo estoy de acuerdo con la calificación de inédito, yo estoy casi seguro que en los 22 años que llevamos aprobando presupuesto desde el año 90 en adelante, es la primera vez que nos tocar analizar discutir y aprobar un veto en ley de presupuesto”.

 

Puntualizó que “hay que velar siempre por el respeto a la institucionalidad vigente, velar siempre por el irrestricto apego a nuestra la constitución vigente y yo creo que, lamentablemente, al haberse aprobado estas indicaciones de origen parlamentario, sin que existan las facultades para ello, se vulneran normas expresas de nuestra Constitución Política”.

 

Explicó que “no podemos aprobar cosas, que pueden ser muy justas, yo no estoy entrando al mérito del asunto, pero no nos podemos aprobar saltándonos los conductos que establece la Constitución Política. Hay materias que son de nuestra incumbencia y tenemos iniciativa para presentar indicaciones y otras que no tenemos la iniciativa, sobre todo cuando se trata de la administración financiera del Estado y mayor gasto público, no tenemos iniciativa de ley y en este caso, se aprobaron por iniciativa parlamentaria, entonces está mal hecho y cuando las cosas están mal hechas hay que deshacerlas de la misma forma que se hicieron y en este caso el veto”.

 

PROGRAMAS DE EMPLEO

 

El Vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro dijo que “no podemos aceptar que el argumento de la Ministra del Trabajo sea decir que los cupos de Pro Empleo son para operadores políticos, eso es tratar de tapar con un dedo las cifras de cesantía de entre 9 y 13,4% que tenemos en comunas como Chillán, Coronel, Lota, Talcahuano y Los Angeles, según las propias cifras del INE”.

 

En esa línea, el legislador se mostró esperanzado en que el Presidente Piñera reevaluará esta decisión de vetar la Ley de Presupuesto en un tema tan sensible que, además, es primera vez que ocurre desde el retorno de la democracia y que es una nueva expresión de la monarquía presidencial que consagra la Constitución”.

 

Asimismo expresó su esperanza  “los 14 diputados y 4 senadores de la Región del Biobío podamos tener una posición común para defender estos planes que no existen para darle el gusto a nadie sino solo para enfrentar un problema real, que es la cesantía estructural que hay en la zona”.

 

Al respecto, el senador Navarro dijo que “como alternativa la Ministra del Trabajo ha ofrecido capacitación, porque según ella sobran empleos y prácticamente dice que la gente no quiere ganar más plata. En nuestra región la capacitación está ligada, en el inconsciente colectivo, al proceso que se vivió en la Cuenca del Carbón tras el cierre de Enacar, donde terminamos llenos de peluqueros y gasfíter que nunca pudieron encontrar trabajo y que desde entonces viven en la pobreza”.

 

El parlamentario reiteró que “la Ministra habla como si nunca se hubiera cerrado una empresa en la región, como si los casos de Enacar, de Lozapenco, de Bellavista Tomé y de Machasa, por nombrar solo algunos, no existieran. Habla como si con el terremoto no se hubiera producido la pérdida de muchos empleos sobre todo en el comercio. Habla como si producto de los altos costos de producción, por ejemplo en electricidad que tuvieron que asumir muchas empresas en la región, pese a no estar operando, no fueran razones suficientes para explicar nuestro cuadro de desempleo. Habla, como si la propia ley de pesca que impulsa este gobierno no fuera a generar despidos en la industria y pérdida de fuentes de trabajo en el mundo artesanal”.

 

A su turno, el senador Francisco Chahuán anunció que “nosotros vamos a respaldar las normas que fueron aprobadas en la Ley de Presupuesto pues, a nuestro juicio, son absolutamente compatibles con la condición de signatarios de los programas de empleo y que dignifican a quienes forman parte de ellos”.

 

El legislador sostuvo que “los bonos de aguinaldo, fiestas patrias y navidad son absolutamente compatibles con la condición de signatario de los PGE” y agregó que “éstos eran beneficios que tenían los trabajadores de dichos programas hasta hace un año, pero que perdieron por un tema legislativo y normativo”.  Sin embargo, destacó, “en virtud de la Ley de Presupuesto logramos hacerlos nuevamente compatibles.” 

 

En ese contexto, precisó, “creemos que no es adecuado que el Gobierno pretenda vetar esta norma, pues involucra cerca de 700 millones de pesos dentro de un presupuesto de más de 60 mil millones de dólares y se trata de una suma que restablece la dignidad del trabajo de los PGE.”

 

El senador Chahuán agregó que “esto beneficiaría a más de 700 trabajadores de los PGE de la comuna de Valparaíso y de otras del Biobío, que son las únicas en que la administración del programa sigue en manos del municipio.”

 

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