Fortalecimiento de la regionalización del país: Comisión despacha texto legal
No obstante, la iniciativa generó algunos reparos en puntos, tales como, las competencias para los gobiernos regionales y la designación de Intendentes por parte del Ejecutivo.
19 de diciembre de 2013
La Comisión de Hacienda despachó a la Sala del Senado el proyecto de ley que busca el fortalecimiento de la regionalización del país, con lo cual se espera que la iniciativa sea vista en la Sala durante la primera semana de enero. (Boletín N° 7963-06).
Según indicó el senador Andrés Zaldívar la Comisión dio por aprobada esta iniciativa aun cuando considera incompleto el proyecto ya que según manifestó, “los Intendentes debieran ser elegidos por la ciudadanía. Este es un proyecto incompleto porque nosotros creemos que los jefes de los gobierno regionales debieran ser elegidos y no designados por el Presidente de la República”.
El senador Zaldívar agregó que esta iniciativa puede presentar dificultades en la operatividad, debido a que van a existir conflictos entre la presidencia del Consejo Regional y el Intendente. “Nosotros prevemos que en este punto existirá un conflicto permanente no solo protocolar sino de gestión de competencias debido a que van a chocar las directrices que cada uno de ellos determine”.
El parlamentario agregó que los gobiernos regionales deberían tener mayores facultades para defender sus puntos de vista frente al Ejecutivo, “para ello se requiere una reforma constitucional para que sea el Senado u otro órgano el que pueda dirimir en caso que exista controversia entre el Ejecutivo y el gobierno regional sobre las competencias que haya que transferir”.
Cabe recordar que esta iniciativa apunta a reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la administración, además de precisar las funciones del gobierno regional, distinguiendo las del Consejo Regional y las del Intendente.
Además entrega funciones al gobierno regional en el marco de la nueva modalidad de elección por sufragio universal de los consejeros regionales; regula el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales y establece normas para dirimir las divergencias que surjan con motivo de las transferencias.