Impuesto específico al diésel: prorrogan sistema actual de reintegro parcial al transporte de carga pero solicitan una propuesta integral al Ejecutivo

Con el compromiso de realizar- en el corto plazo- un estudio integral que permita  mantener la recaudación de casi US$2.500 millones que rinde la aplicación del impuesto específico al diésel,  contribuir a la descontaminación y estimular el cambio de la matriz de los combustibles, la Comisión de Hacienda aprobó por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el proyecto, en segundo trámite, que renueva la aplicación del mecanismo de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga (Boletín N° 9.791-05).

Ahora corresponde que la Sala se pronuncie sobre la iniciativa que prorroga por 4 años la vigencia de este mecanismo de compensación por el pago del impuesto específico al petróleo diésel.

Así lo dieron a conocer los senadores Ricardo Lagos Weber, José García Ruminot y Carlos Montes, presidente e integrantes de la Comisión de Hacienda, respectivamente.

Al respecto, el senador Lagos Weber hizo notar que si bien este es un proyecto necesario, significa una “figura compleja” donde se trata de “reintegrar, en parte, lo que pagan los transportistas por concepto del impuesto específico al diésel a través de lo que pagan por peajes”.

En ese sentido, manifestó que durante el debate “hubo discrepancias respecto a los plazos que se dio el gobierno para tener una propuesta de aplicación más efectiva del impuesto específico a los combustibles. Esto porque hoy no  lo pagan ni las mineras, ni las eléctricas, ni el transporte marítimo ni el aéreo”.

Asimismo detalló que “los que finalmente pagan este impuesto específico son los dueños de los vehículos particulares, los taxis colectivos y básicos y el resto de los que usan los vehículos como transporte (el escolar)”.

Agregó que “lo que algunos están proponiendo es que el Gobierno haga un estudio holístico, integral para que este impuesto que genera muchos recursos para el Fisco se aplique a otras empresas que hoy no lo pagan”.

El senador Lagos Weber manifestó que esta situación dice relación con una discusión más larga sobre el tipo de combustibles que uno quiere privilegiar; políticas medioambientales y financiamiento de gastos permanentes”.

En esa línea expresó que “hay un compromiso del gobierno para solicitar estudios de la OCDE y el BID sobre los temas tributarios, medioambientales y de combustibles y le exigimos que sea en el menor plazo con una calendarización para un estudio de un impuesto razonable, homogéneo, justo y equilibrado para todos los combustibles”.

El senador García Ruminot justificó su voto de abstención señalando que “si bien todos estamos a favor de un reintegro de los valores que pagan los transportistas por concepto de peajes e impuesto específico a los combustibles, no estamos de acuerdo en que hoy existan distintos tramos para la recuperación y que dicha modalidad se prorroga por 4 años más”.

A su juicio, “el mecanismo debió ser de un año para hacer un estudio más acabado y serio de estos impuestos. Hay sectores de la economía que debiendo pagarlo no lo hacen y quienes si lo tienen que pagar ven recargada su carga tributaria”.

Por eso insistió en la necesidad de realizar “un estudio de racionalización para el pago de los impuestos a los combustibles de modo que la carga se distribuya mejor entre los contribuyentes”.

En la misma línea, el senador Montes admitió que “a ninguno le convencía la prórroga por los 4 años pero le planteamos al gobierno que tenía que hacer un estudio en plazo de un año con una propuesta más global con alternativas”.

Puntualizó que el diagnóstico general es que “el modelo actual no funciona bien para recaudar US$ 2.500 millones de dólares, contribuir a la descontaminación y que estimular un cambio del patrón del combustible de tal forma que vayamos pasando del petróleo a otra fuente de energía para el funcionamiento de los vehículos”.