Reforma Tributaria y gremios: Inquietudes sobre competitividad, tributación y financiamiento
La Comisión de Hacienda también escuchó a los representantes de las consultoras de planificación tributaria sobre los efectos prácticos que tendrá la reforma
10 de junio de 2014
Diversas consideraciones respecto a los eventuales efectos de la reforma tributaria en materia de competitividad, incentivos, instrumentos de financiamiento y efectos prácticos de la tributación devengada dieron a conocer los representantes de los gremios y de las empresas consultoras, en el marco de las rondas de audiencia públicas que realiza la Comisión de Hacienda.
Durante el debate salieron a la luz, las dudas respecto a las normas que apuntan a incorporar a las cooperativas en el régimen de tributación y las eventuales alzas que se producirían en arriendos comerciales y en los precios de la energía. Además las empresas consultoras expertas en tributación dieron a conocer los efectos prácticos que tendría la reforma y manifestaron sus aprensiones por las complejidades que harían - a su juicio- casi impracticable la aplicación de la renta atribuida.
El senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la instancia señaló que después de escuchar los distintos argumentos y miradas críticas sobre el proyecto de reforma tributaria y, por lo tanto, “creo que hay preocupaciones y comentarios que son legítimos para aprobar un buen proyecto y por lo tanto, el Gobierno debiera hacerse cargo de algunas inquietudes”.
Al respecto, el senador Juan Antonio Coloma, integrante de la instancia, aseveró que “las dudas son cada vez más grandes no solo desde punto de vista conceptual sino del efecto que tendría en miles de personas. Hemos escuchado sobre los efectos en las alzas de los arriendos comerciales, daños en los cooperados y el encarecimiento en cuentas de luz. Lo que es inquietante”.
El senador Carlos Montes, quien también integra la Comisión, dijo que muchas de las precisiones de las consultoras tienen que ver con entregar mayores facultades reglamentarias al Ministerio. Además en cuanto a las exposiciones de los gremios, dijo que “los argumentos de las cooperativas tienen mucha validez”, no obstante, no compartió las aprensiones del Consejo Minero y de los centros comerciales porque en esos casos “se están suspendiendo ciertos privilegios”.
El senador Jose García Ruminot, coincidió en la necesidad de ahondar en algunas de las críticas y observaciones que se hacen al proyecto porque “por ejemplo las cuatro principales consultoras que asesoran a contribuyentes para elaborar sus declaraciones de renta y para evaluación de proyectos han señalado sus reparos a algunas de la normas”.
En la oportunidad en la jornada de la mañana expusieron:
- El representante de la Bolsa de Productos de Chile, Jorge Hermann
- De la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, el presidente Alberto Salas
- Del Consejo Minero, el presidente Ejecutivo, Joaquín Villarino
- De la Cámara Chilena de Centros Comerciales, el presidente Manuel Melero y el asesor Gabriel Bitrán
- Del Foro Empresarial Cooperativos sus dirigentes Alfredo Hess y Juan Pablo Rivadeneira
Mientras que en la jornada de la tarde expusieron:
- Francisco Selamé y Miguel Rencoret (Price WC). (Revise la ronda de consultas)
- Soledad Recabarren y Pablo Greiber (Ernst & Young Ltda.) (Revise la ronda de consultas)
- Pablo Vera y Álvaro Mecklenburg (Deloitte) (Revise la ronda de consultas)
El representante de la Bolsa de Productos de Chile, Jorge Hermann, entregó detalles del sistema de financiamiento que usan numerosas pymes por la vía de las facturas. Aseguró que esta es “una forma competitiva de financiamiento de la empresa en relación al factoring bancario”.
Por ello, propusieron incorporar en el texto legal “la posibilidad que exista una alternativa que incorpore la transacción de facturas dentro bolsa de productos en el marco de la modificación al 54 bis”.
Al respecto, los senadores Eugenio Tuma, Carlos Montes, Andrés Zaldívar y Juan Pablo Letelier realizaron una serie de consultas respecto a este beneficio. Además, el senador Letelier solicitó más detalles para aclarar cuál es la diferencia entre este beneficio y el factoring.
Luego fue el turno de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI que a través de su presidente Alberto Salas, expresó que el mayor desafío que afecta al sector es que “la competitividad ha caído por el aumento de los costos”. Añadió que la industria requiere de estabilidad porque se trata de inversiones a largo plazo y “dada la transversalidad y complejidad de los efectos de la reforma” ellos también adhieren a la presentación que realizará la CPC.
Añadió que no obstante, lo que más inquieta a la SONAMI, es: la derogación que se propone del Decreto Ley 600 a partir de 2016, la eliminación del FUT, ya que la pequeña minería no tiene acceso al crédito y la modificación que se establece para la renta presunta. En cuanto a este último punto manifestó que más del 80% del sector tributa por renta presunta, pero está debidamente empadronado y emiten facturas, por lo que ENAMI antes de pagar al minero le retiene el porcentaje correspondiente a renta presunta.
Dijo que en 2013 1.385 mineros con renta presunta facturaron 254 millones de dólares y pagaron 5,7 millones de dólares y, en promedio, la venta fue de 4 mil UF, por lo tanto aseguró que pasar a renta efectiva tendría una serie de efectos negativos para pequeños mineros que operan en lugares donde ni siquiera hay contadores
Los senadores José García Ruminot y Juan Antonio Coloma consultaron sobre la posición en que quedaría Chile tras la reforma tributaria en materia de competitividad frente a Perú. Mientras que sus pares, Andrés Zaldívar, Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber abordaron detalles sobre las empresas acogidas al Decreto Ley 600 y consultaron sobre cuál sería el límite para la renta presunta de modo que no afecte al pequeño minero.
Con posterioridad, la Comisión de Hacienda recibió la exposición de los representantes del Consejo Minero a través de su presidente Ejecutivo, Joaquín Villarino quien desmintió “el mito que la reforma tributaria protege a las grandes mineras. Eso es falso porque se les aumenta la carga del 20 al 25% y además se elimina la fuente de financiamiento que es el FUT”.
Aseguró que “la minería no resiste cualquier carga tributaria y entregó diversos estudios que dan cuenta del aumento de costos de producción y la baja de la productividad vinculada a la antigüedad de los yacimientos, el aumento de las tarifas de la energía y la baja de los precios de los minerales”. “A todo esto hay que sumar que todos los ajustes tributarios contenidos en la reforma inciden en la minería”, añadió.
Al respecto, los senadores García Ruminot y Coloma consultaron por las evaluaciones de la industria en cuanto al aumento de los costos por la vía del aumento de las tarifas en energía. En tanto, sus pares Montes y Zaldívar hicieron alcances sobre la carga tributaria comparada con otros países, en especial Perú, que tendría 32% según dio a conocer el Consejo Minero
A su vez el senador Letelier llamó la atención sobre “el concepto de que la eliminación del Decreto Ley 600 generaría incertidumbre” y precisó que hay elementos que se quieren modificar y consultó por ejemplo, qué sucede con los chilenos que ingresan capitales como si fueran inversión extranjera.
En ese punto, Villarino sostuvo que sería positivo puntualizar cuáles son los elementos que se quieren variar en el marco de la eliminación del Decreto Ley 600 y manifestó que, en el sector minero casi la totalidad de las inversiones viene de empresas de países con institucionalidad similar a Chile (Australia, Canadá), es decir, no proviene de paraísos fiscales.
En representación de la Cámara Chilena de Centros Comerciales hicieron uso de la palabra el presidente de la entidad, Manuel Melero y el asesor Gabriel Bitrán. Melero señaló que “los asociados representan el 85% del mercado de un sector que ha crecido sustancialmente en los últimos 30 años, con más de 6 mil locatarios y unos 100 mil trabajadores”.
En esa línea, expuso los diversos impactos que tendría en el sector, la derogación del crédito por impuesto territorial pagado por empresas inmobiliarias. Mencionó que si bien la justificación del cambio es evitar la elusión propusieron algunas medidas para “corregir y sancionar el mal uso de la franquicia tributaria”.
Por su parte, Bitrán mostró un detallado esquema sobre los impactos de la reforma y, en especial de la eliminación del crédito por concepto de contribuciones, sobre toda la industria de tiendas por departamento, leasing inmobiliario y habitacional. Prácticamente se duplica la carga tributaria por el efecto combinado de la reforma”, dijo
Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de “ser cuidadosos y responsables”, ya que esta situación tendrá un impacto en los arriendos del sector comercial de sus asociados y en la rentabilidad de las empresas. Pese a no adelantar una cifra concreta debido a que dependerá de una serie de situaciones de mercado, pero dijeron que hay estudios donde se calcula en un 20% el alza.
Los senadores Coloma y Zaldivar solicitaron ahondar sobre los efectos que tendría la derogación de la franquicia en los arriendos a los locatarios de estos centros comerciales. Por su parte, el senador Montes hizo hincapié no solo en los flujos del sector sino en que “el patrimonio de los dueños de estos centros comerciales también es altísimo”. Ante lo cual, los dirigentes señalaron que en materia de valorización “los operadores no son vendedores y que la plusvalía se refleja en los precios de los arriendos”. No obstante, explicaron que “la rentabilidad documentada del sector es de 6% antes de impuesto y 4,6% después de impuesto”.
En tanto, desde el Foro Empresarial Cooperativos sus dirigentes Alfredo Hess y Juan Pablo Rivadeneira, fiscal de COPEUCH expusieron la profunda preocupación que existe en el sector debido a que “es una anomalía introducir en el sistema tributario la legislación especial que rige a las cooperativas”.
Alfredo Hess fue categórico al explicar que “la Ley de Cooperativas establece claramente que estas instituciones no obtienen utilidades, sin embargo, la reforma en trámite convierte los excedentes en utilidades y pretende gravarlos. Esto atenta contra un principio que rige desde el siglo pasado a las cooperativas en el sentido que: “los excedentes no son renta. Son fondos que se devuelven a los asociados”.
Por ello, solicitaron que se retiren del proyecto sobre reforma tributaria las normas relativas a las cooperativas y solicitaron centrarse en el debate del proyecto que reforma la ley general de cooperativas (Boletín 8132-26).
Coincidieron con este argumento los senadores García Ruminot, Montes, Zaldívar, Tuma, Coloma y Letelier, ya que este proyecto se encuentra cumpliendo su segundo trámite, en la Comisión de Economía del Senado.