Infracciones por transparencia, límites y control del gasto electoral: ad portas de pasar a Sala articulado que contempla pérdida de los cargos

La Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia se encuentra en la recta final para enviar a Sala el articulado de la reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

Según informaron en la instancia parlamentaria el día lunes 10 de agosto se concluiría la redacción final, para poder dar cuenta de la aprobación en particular, el martes 11, en la Sala del Senado.

El presidente de la Comisión, senador Ignacio Walker recordó que "este proyecto ha sido aprobado en general por la Sala y ahora en particular por la Comisión, respecto de la cesación en el cargo, pérdida del escaño, respecto de quienes infringen la ley sobre gasto electoral, transparencia y límite del gasto electoral".

"El día lunes -precisó- tendremos la redacción, lo que significa que queda pendiente la Ley Orgánica Constitucional que va a definir con mayor detalle qué se entiende por infracción grave".

Cabe recordar que, previamente, en la sesión del día lunes 3 de agosto se conoció la visión del presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, el ministro Patricio Valdés, instancia competente que será la que deberá "resolver en estos casos", explicó el integrante de la Comisión Especial, senador José García Ruminot.

El legislador destacó que se realizaron "aportes bien concretos y significativos, como por ejemplo, que es bueno que pensemos si hay que mantener -como lo propone el proyecto- que solo sea el servicio electoral el que pueda iniciar la acción, porque no podría un partido político o cualquier otro organismo del Estado lograr el pronunciamiento del TRICEL".

Asimismo, avaló la propuesta para que exista dentro del mismo Tribunal una dobla instancia.

Por su parte, el senador Alejandro Guillier destacó que se recomendó "no hacer una ley bizantina, que tenga tantas normas y exigencias que se haga impracticable fiscalizar. Además, hay que partir del principio de la buena y no de la mala fe en la legislación, porque eso enreda innecesariamente los procedimientos. Pocas normas y muy claras".

"Luego, añadió, tendrá que ser problema de la ley y no del Tribunal, el definir exactamente lo que se va entender en la ley por infracciones graves" y coincidió con lo beneficioso que podría ser la existencia "de una doble instancia; que no sea un solo organismo el que resuelva la inhabilidad eventual de un candidato, sino que exista una instancia de apelación, que puede ser el pleno del Tribunal Constitucional, o el mismo Tribunal Electoral; entonces, el tribunal local opera como primera instancia y que esa decisión sea colectiva".