Empresas de gas desmenuzan proyecto que modifica el sector

La primera semana de agosto, los integrantes de la Comisión de Minería y Energía procederán a votar las ideas matrices del proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas, que cursa su segundo trámite.

A ese acuerdo llegaron los legisladores de esa instancia en su última sesión. En la ocasión, recibieron a representantes de las empresas GASVALPO y GASCO MAGALLANES; y a la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu).

La presidenta de la Comisión, la senadora Isabel Allende comentó que “queremos a principios del próximo mes terminar con la ronda de audiencias y proceder a votar en general el proyecto. Nos ha quedado más menos clara la posición de diversos actores”.

Consultada respecto a su impresión de las exposiciones, la parlamentaria aseguró que “ha sido interesante escucharlos porque nos queda claro que la realidad de cada región es distinta. Hablamos de densidad poblacional diametralmente distinta en diversos puntos del país. Ello incide en la escala de costos asociados al traslado del gas”.

Por su parte, el senador Alejandro García Huidobro profundizó en este punto, planteando que “no todas las ciudades viven la realidad de la región Metropolitana porque existen una serie de factores que marcan la diferencia. Por ejemplo en la región de O’Higgins hay mucha contaminación y sería conveniente hacer las conversiones necesarias para contar con gas natural”.

Asimismo enfatizó que la óptica que ha adoptado la Comisión para tramitar esta propuesta ha sido, “alcanzar consensos con el Ejecutivo, tal como se hizo con la ley de transmisión eléctrica. Nuestra idea es conciliar dos temas: que las empresas obtengan rentabilidades razonables y los consumidores paguen precios también razonables”.

GASVALPO

El gerente general de GASVALPO, Luis Kipreos explicó que la firma “suministra gas a aproximadamente el 15% del total de clientes de gas natural en Chile, beneficiando a 94 mil clientes que representan un millón seiscientas mil personas. Atendemos nueve ciudades generando mil seiscientos kilómetros de redes”.

Respecto del proyecto, el ejecutivo destacó como positivo “que se lleve un vacío legal respecto al procedimiento para cálculo de rentabilidad anual y el de tarificación en caso que se deba aplicar. También nos parece que se defina un panel de expertos independiente para la solución de controversias con resoluciones vinculantes; y que se contribuya a otorgar certeza a las distribuidoras respecto del procedimiento para el chequeo y tarificación”.

En cuanto a las preocupaciones de GASVALPO, mencionó  que “pareciera ser que se está legislando para toda una industria basado en la situación particular de una empresa, desconociendo la muy distinta realidad y tamaño de las regionales”. A su vez cuestionó que se elimine el rol del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para determinar la necesidad de tarificar una empresa, tarificando automáticamente sin considerar si hay o no competencia en un mercado (El Panel de Expertos no reemplaza al TDLC).

Kipreos calificó como negativo que “no se acepten como inversiones las conversiones (16% de las inversiones históricas), provocando -para el caso de GasValpo- un aumento en la rentabilidad regulatoria de 1,2 puntos porcentuales”.

Por lo anterior, la firma propuso que “se restablezca el piso de un 6% en la TCC (Tasa de Costo de Capital), que se diferencie TCC por tamaño de empresa, que se mantenga un spread del 5%, por sobre TCC, que se restituya la participación del TDLC, que se regule al GLP que se distribuye por redes no concesionadas”.

GASCO MAGALLANES

Por su parte, el gerente general de GASCO MAGALLANES, Sergio Huepe explicó que distribuyen gas natural en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, lo que representa 54 mil clientes; y mil cuatrocientos kilómetros de redes.

El ejecutivo hizo énfasis en la realidad de Magallanes, aclarando que “esta región  enfrenta riesgos significativos y diferentes a los del resto del país como son la continuidad de suministro –que requiere infraestructura y sistemas de respaldo para ser mitigado-; la sensibilidad político y social ya que se trata de una zona de alta dependencia al gas natural, con altos consumos y una enorme incidencia en la economía regional”.

Respecto del proyecto planteó que “la verificación y recepción o revisión de una instalación, no puede acarrear responsabilidad para la Empresa por los accidentes que puedan ocurrir”.

En otro tema, indicó que “la iniciativa sólo elimina la posibilidad de aplicar eventuales alzas retroactivas, pero deja abierta la posibilidad de tener eventuales devoluciones retroactivas si es que las nuevas tarifas resultasen menores a las tarifas transitorias aplicadas durante el proceso”.

Por lo anterior,  “proponemos que la tarifa transitoria desde la entrada en vigencia de esta ley hasta la entrada en vigencia del decreto tarifario, se indexe según una fórmula definida en conjunto con la Comisión Nacional de Energía  (CNE) y sin aplicar retroactividad. La fórmula de indexación de la tarifa deberá incorporar todas las variables que afecten los costos de la empresa, por ejemplo el aumento del impuesto a la renta en el 2017 y 2018”, continuó.

A su vez, GASCO MAGALLANES propuso como indicación, “extender a Magallanes la norma que define como «clientes libres» a los consumos industriales sobre los 5.000 GJ/mes, pero excluyendo generación eléctrica y GNC para transporte vehicular, los que estarán siempre sujetos a tarifa garantizada”.

ODECU

Stephan Larenas de Odecu declaró que “el mercado de distribución de gas domiciliario por redes ha tenido un desarrollo importante en los últimos años, alcanzando actualmente cerca de un millón de clientes. Actualmente la ley permite en este mercado hasta 11% de rentabilidad. Sin embargo en la práctica ha alcanzado hasta el 16,9% (año 2013)”.

Aseguró que “la mayoría de los habitantes de edificios que tienen más de 6 pisos no tiene la posibilidad de optar por un suministro de gas que no sea el que ofrece la empresa que opera en su área geográfica”.

El dirigente aseveró que “existe un monopolio en el área. El sector está compuesto por siete compañías de distribución, tres comercializadoras y seis compañías de transporte por ducto. En el mercado del gas natural, la única compañía que distribuye este producto en la Región Metropolitana es Metrogas, propiedad de Gasco en 51,84%, de Copec en 39,83% y de Trigas con el 8,33%”.

“El segmento del Gas Natural Licuado (GNL) es dominado por la empresa Gasco, propietaria del 51% de Metrogas y del 100% de Gas Sur y de Gas Magallanes. Otros participantes en el control de Metrogas son Abastible (40%) y Lipigas (8,3%)”, explicó.

Larenas valoró que el proyecto establezca un mecanismo claro y simple para compensar a los consumidores en caso de exceso de rentabilidad, ordenándole a la empresa devolver el exceso cobrado a través de un descuento directo en la cuenta de gas del cliente o en dinero en efectivo. “Sin embargo, creemos que la mejor forma de proteger a los consumidores cautivos frente a estos monopolios es tarificarlos. El sólo establecer límites a la rentabilidad ha demostrado ser insuficiente”, complementó.