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Visan idea de legislar de proyecto que previene y sanciona los conflictos de interés

La Comisión de Probidad y Transparencia se abocará ahora al análisis en particular de las nuevas normas que se establecen sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

5 de mayo de 2017

Imagen foto_00000014Un unánime respaldo en general obtuvo el proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos de intereses, y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

 

La Comisión Especial sobre temas de Probidad y Transparencia contó con los votos favorables de los senadores José García Ruminot, Víctor Pérez Varela e Ignacio Walker, este último presidente de la instancia.

 

Asimismo en la oportunidad se inició la discusión en particular, es decir artículo por artículo de esta iniciativa que modifica diversos cuerpos legales regulando la prevención y sanción de los conflictos de intereses en las tres instancias en que pueden surgir: al ingresar a la función pública, durante su ejercicio y con posterioridad al cese del mismo.

 

Al respecto, el senador Ignacio Walker, destacó que “la instancia ha despachado un total de 10 leyes en los últimos 18 meses sobre probidad y transparencia, tales como: ley de Partidos políticos, financiamiento de campañas políticas, fin del aporte de las empresas, el que regula los conflictos interés y la declaración de patrimonio e intereses”.

 

Precisó que se trata de “una agenda sobre ética, probidad y transparencia con altos niveles de exigencia, como ningún país del mundo. Este es un estándar que nos estamos autoimponiendo”.

 

El senador Walker indicó que en el caso de esta iniciativa que cumple su primer trámite, “se busca regular los conflictos de interés que surgen cuando ministros, subsecretarios, o autoridades de entes fiscalizadores cesan en sus funciones”.

 

Agregó que “se establece una prohibición de un año para desempeñarse en aquellas actividades relacionadas o empresas que hayan sido fiscalizadas. Es importante que esta puerta giratoria de lo privado a lo público termine”.

 

Puntualizó además que los integrantes de la instancia “en el tema de fondo, estamos de acuerdo en que aquellos funcionarios de actividades fiscalizadoras no podrán trabajan en ninguna empresa en el plazo de un año”.

 

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