Reforma el Código de Aguas: respaldan idea de legislar pero surgen dudas de constitucionalidad

Por 3 votos a favor, (de los senadores Adriana Muñoz, Carlos Montes y Jorge Pizarro); 1 en contra del senador Víctor Pérez Varela y 1 abstención, del senador Francisco Chahuán, la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía respaldó la idea de legislar del proyecto que reforma el Código de Aguas.

Por acuerdo de Comités la instancia está autorizada a discutir en general y particular la iniciativa por lo que se continuará con el análisis del articulado en la próxima sesión del 9 de mayo.

Cabe señalar que el texto legal tiene entre otros desafíos: compatibilizar la certeza jurídica con la administración eficiente de las cuencas hidrográficas y asumir el nuevo escenario de escasez hídrica.

Sin embargo, durante la fundamentación de los votos los senadores de oposición hicieron presente sus observaciones y reparos de constitucionalidad. (Revise el video con la sesión de la Comisión)

Al respecto, el senador Víctor Pérez Varela, manifestó que “voté en contra porque creo que estamos abordando la política del agua en forma parcial. Todas las instituciones que han asistido a esta instancia coinciden en que se crea una institucionalidad que aborda muchas atribuciones sin darle ningún sustento”.

Asimismo, anticipó que durante el debate hará presente “nuestros reparos de constitucionalidad” y agregó que con el texto legal “desde el punto de vista de los agricultores se crean dos tipos de derechos; uno que regirá hasta Los Ángeles y otro desde Bío Bío al sur. Esto no tiene lógica, pues va a generar dificultades en la actividad agrícola y tendrá un impacto en el valor patrimonial de la propiedad agrícola, tal como reconoció Banco Estado”.

A su turno,  el senador Jorge Pizarro, aseveró que “este proyecto es oportuno y necesario para garantizar el agua como bien de uso público y deben existir normas que prioricen el uso del agua partiendo por establecer que la primera necesidad es el consumo humano”.

Agregó que “es un buen proyecto porque genera certezas en el uso eficaz de un recurso escaso que requiere normas precisas para su uso adecuado por eso decir que vamos a tener dos tipos de derechos una vez que sean entregados no es correcto. Una vez que se entregan tienen mismos derechos o aplicaciones de los que se entregaron y el régimen de temporalidad se aplica a todas las concesiones en el país”.

En tanto, el senador Carlos Montes, quien reemplazó a su par la senadora Isabel Allende expresó que “el agua es un tema cada vez más complejo, por eso creo que uno debe legislar para modernizar y actualizar la legislación y estoy por fortalecer el carácter de bien nacional de uso público del agua”

Precisó que “compatibilizar mejor el bien común  con uso privado es necesario, y creo que es importante porque fortalece instituciinalidad fiscalizadora para que las leyes se cumplan concoe os muchos casos de abusos

La senadora Adriana Muñoz, puntualizó que “la legislación actual es anacrónica que surgió en dictadura, sin ningún debate, en un escenario enclaustrado y se produjo un hecho que desdibujó la naturaleza de derecho humano para las personas”.

La legisladora puntualizó que “hoy día hay un escenario mundial de disposición del recurso muy distinto, a nivel nacional también debemos asumir este tema con generosidad y como un tema de estado porque es cada vez más escasa”. Por lo tanto, recalcó que “no podemos permitir la especulación, incluso visualizo que en particular tenemos que ir al fondo de para hacer un seguimiento sobre para qué se pide el agua”.

Finalmente, el senador Francisco Chahuán justificó su abstención pues recalcó que “si bien todos concordamos en establecer una nueva regulación de las aguas, queremos establece que el sustrato de este Código de Aguas establece afectación no solo del derecho de propiedad sino que también es abiertamente inconstitucional”.

Expresó que dicha vulneración tiene que ver con las normas del proyecto en lo relativo a la definición de aprovechamiento de las aguas, alterando los criterios de temporalidad y la supresión de facultad de disposición que están consagrados en la carta fundamental. En definitiva "la modificación propuesta importa desconocimiento del derecho al dominio del titular", puntualizó.