Comisión de Salud aprueba mensaje que endurece ‘la canela’

Tras aprobar –por unanimidad- las ideas matrices del proyecto, iniciado en mensaje, que modifica el artículo 100 del Código Sanitario en materia de incentivos en la venta de productos farmacéuticos, los integrantes de la Comisión de Salud comenzarán el análisis del articulado de la norma.

Esto luego que la Sala autorizara la petición de esta instancia de votar en general y particular a la vez. La idea es que en una próxima sesión ordinaria, los legisladores conozcan los dos cambios que se proponen a la legislación vigente.

La presidenta de la Comisión, la senadora Carolina Goic explicó que “se busca clarificar la interpretación de la denominada ‘canela’, esto porque en la discusión de la ley Ricarte Soto se hizo una modificación a la ley de fármacos, que terminó involuntariamente, facilitando esta práctica”.

Cabe recordar que se entiende por canela, la acción en la que incurren los vendedores de las farmacias que recomiendan determinados fármacos, de manera que aumenten sus ventas. A cambio, estos sujetos obtienen mejoras en sus remuneraciones. Esta práctica es propiciada por laboratorios y farmacias con el fin de comercializar sus productos de más alto costo.

“La intención es que el vendedor ponga en venta un producto por razones económicas, porque así no funciona la lógica sanitaria. Estamos hablando de fármacos, no de productos. No nos podemos aprovechar de la necesidad de los pacientes”, comentó la senadora Goic.

La legisladora aclaró que se habían hecho interpretaciones de la ley que permitirían la canela con grupos de medicamentos, “por eso con este proyecto buscamos prohibir cualquiera forma de esta práctica”.

Por su parte, el senador Guido Girardi valoró el mensaje asegurando que “endurece la norma que permitirá terminar con incentivos a cometer estafas, y a la vez, no se jugará con los sueldos de los trabajadores de las farmacias”. En tal sentido, hizo ver que la Inspección del Trabajo fue la que debió intervenir en forma adecuada.

Luego, el senador Francisco Chahuán mencionó los problemas que pudieran generarse al implementar estos cambios, considerando que se busca que la norma tenga un efecto retroactivo. En tal sentido, solicitó un informe en derecho para advertir cómo incidirá en la entrada en vigencia de la norma.

La senadora Ena Von Baer, en reemplazo de la legisladora Jacqueline Van Rysselberghe, reconoció que “me preocupa que esta solución genere un problema mayor. No sé si este acuerdo es inocuo. No sé si responde a lo que buscamos que es garantizar el acceso a los medicamentos”.

A su vez, el senador Rabindranath Quinteros dijo respaldar el proyecto, considerando que “lo que queremos es terminar con cualquier incentivo a la venta de fármacos, y creo que la iniciativa responde a ello”.

La propuesta en primer trámite, busca solucionar dos problemas prácticos:

• Uno de los artículos de la ley Ricarte Soto disponía que en el Código Sanitario se prohibiera todo tipo de incentivos para evitar la inducción de ciertos medicamentos a los pacientes por parte de "cualquier persona". Pero esa última frase fue ampliamente discutida en el Senado pues, los parlamentarios sostuvieron que se podría aplicar incluso a un paciente que se dirigiera a comprar a una farmacia en su condición de consumidor. Así la ley Ricarte Soto estableció que se entenderá por canela, la acción que ejerza “quien participe de la venta”. Esto se aprobó con el fin de individualizar dicha práctica en el vendedor. La ley de fármacos reconocía como canela, la acción de más sujetos incluso pasivos como los laboratorios e incluso las propias farmacias, quienes no siempre participan de la venta en forma explícita. Lo que busca la ley aprobada en general por la Comisión de Salud, es volver a la definición de la ley de fármacos. La intención es limitar cualquier forma de canela. Esto no limitaría que organizaciones de pacientes, o personas acogidas a convenios de Isapres o cajas de compensación o bienestar, accedan a descuentos o a la dinámica “compre dos y pague uno”, puesto que esto está permitido siempre y cuando el vendedor no reciba un pago de comisión.

• El segundo problema tiene una raíz laboral. Los vendedores y auxiliares de farmacias reciben una remuneración considerando las ventas que realizan. Así, estos gremios expresaron su preocupación de ver rebajadas sus rentas en forma brusca. Sin embargo, se estableció que no podrá incentivarse la venta de medicamentos, pero sí de otros productos. De esta forma, las remuneraciones no se verían afectadas. El proyecto en discusión deja ello en claro, indicando que “las modificaciones introducidas son para prohibir prácticas atentatorias contra la libre competencia, y por tanto, no tendrán impacto en las remuneraciones de los trabajadores”.