Obstetras, médicos y matronas exponen por qué mayoritariamente están a favor del aborto en tres causales

Una mirada médico-jurídica tuvieron los integrantes de la Comisión de Salud respecto al proyecto que regula la despenalización del aborto en tres causales, que se encuentra en segundo trámite.

Esto luego de escuchar a facultativos y profesionales que deben intervenir en estos procedimientos, y a especialistas de la Sociedad Civil que analizan desde la óptica del derecho esta posibilidad.

Durante la sesión, los legisladores conocieron las encuestas realizadas por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología; el Colegio Médico; y Colegio de Matronas y Matrones, a sus integrantes. ¿Estaría a favor de practicar o intervenir en un aborto en el caso del riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o ante una violación? fue la pregunta central.

Mayoritariamente los profesionales se mostraron a favor de estas causales, haciendo ciertas salvedades relacionadas a procedimientos y protocolos. En tanto, los congresistas conocieron el parecer de entidades como la corporación Humanas; y la organización Idea País que se encuentran en los extremos argumentales.

El presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Omar Nazzal presentó una encuesta del gremio en relación a la norma. “En Chile existen mil 100 profesionales acreditados, de ellos un 60% son parte de nuestra sociedad. Les aplicamos la encuesta el 2015, preguntando por las tres alternativas del proyecto de ley”, explicó.

“En el caso del riesgo de vida de la madre, un 61% de los encuestados se mostró  favor de una aborto; mientras que cuando hay inviabilidad fetal, un 66% declaró estar de acuerdo al procedimiento. Es distinto el panorama en la tercera causal, porque sólo un tercio de las personas que respondieron indicaron que sí avalan la interrupción”, aclaró.

En cuanto a cifras, Nazzal hizo énfasis en la necesidad de cuantificar las potenciales afectadas. “Cada año se registran entre 50 y 60 casos de mujeres que ven en riesgo su vida por su embarazo; y son entre 700 a 800 los casos de fetos que vienen con malformaciones que hacen vulnerable su vida”, aseguró.

El presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique Paris reconoció que conciliar la voluntad de la madre con la vida de su hijo es un verdadero dilema para los médicos. Citó documentos de la Asociación Médica Mundial, por ejemplo indicando que “no es función de la profesión médica fijar las reglas del juego en este contexto, sí lo es asegurar la protección de los pacientes”.

Respecto a la propuesta del gremio, el profesional también mencionó una encuesta entre sus asociados. “En cuanto a la primera causal, estamos de acuerdo con la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Cuando hay inviabilidad fetal, creemos que hay que respetar la voluntad de la madre sea continuar con esa vida o no. De todas formas creemos que un especialista debe determinar esas complicaciones, nunca un médico general”, hizo ver.

En relación a la causal de violación, el doctor Paris mencionó la necesidad de contar con un acompañamiento multidisciplinario. “Los médicos podremos describir las lesiones, pero no nos corresponde constatar una violación. Esa esa tarea de las policías. Debe respetarse la confidencialidad y la objeción de conciencia”, aclaró respecto al rol de los facultativos.

La presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, Anita Román aseguró que “cada año mueren en Chile unas 50 mujeres, 5 de las cuales fallecen por un aborto inseguro. En nuestro país, el aborto es un hecho de la causa y como se hace en forma clandestina genera un riesgo sanitario innecesario. Felicitamos al Gobierno por la presentación de esta iniciativa que es un paso adelante”.

En relación a las mujeres violadas, “el proyecto no obliga a abortar pero sí le da seguridad sanitaria a aquellas que prefieran hacerlo. Siempre se habla de violaciones que se llevan a cabo en sitios eriazos, pero no se profundiza en la mayor parte de estos casos que se dan al interior del hogar. Los familiares  son los victimarios que atacan en forma consecutiva. A estas mujeres, el proyecto va a proteger”.

La profesional admitió que “el Código del Trabajo no cuida a la mujer, porque hay que reconocer el porcentaje de mujeres que hoy se ven obligadas a abortar porque no tienen la seguridad laboral para seguir con esa vida. Nadie habla de esto y creo que hay que visibilizarlo”.

El representante de la organización Idea País, Antonio Correa mencionó algunos errores en que incurriría el proyecto de ley. “Hay eufemismos como cuando se usa el término interrupción si en realidad estamos frente al término de una vida. Se dice que es una despenalización, pero en realidad se está discutiendo garantizar un derecho”, ejemplificó.

“Respecto del supuesto que las mujeres van a la cárcel por hacerse un aborto, quiero hacer ver que solo hay 6 juicios por esta causa y en ninguno se ha condenado a una mujer.  Es más ninguna condena alude a estas tres causales. El proyecto asegura que se hacen 32 mil abortos por año, pero nuestros cálculos hablan de no más de 18 mil”, planteó.

En cuanto a la necesidad de acompañamiento, Correa criticó la actitud del Ejecutivo respecto a los fondos que se destinan para este fin. “El proyecto habla de mil 600 millones de pesos; mientras que nuestros estudios nos indican que se requieren no menos de 23 mil millones de pesos para hacer un proceso efectivo”, mencionó.

El representante de la corporación Comunidad y Justicia, Cristóbal Aguilera, desde un punto de vista jurídico cuestionó la norma en debate. “Creemos que esta discusión es infructífera porque las partes no van a poder ponerse de acuerdo. Representamos la opinión del senador Guido Girardi, quien considera que estas audiencias solo demoran la votación”, aclaró.

El jurista explicó que “las premisas que acá se analizan son muy profundas, más de lo que parece. Las diferencias son radicales porque tienen un cariz antropológico y metafísico”. A su vez, Aguilera hizo un parangón entre los derechos humanos y el derecho positivo.

“Los derechos humanos son anteriores al Estado. Acá el proyecto crea el derecho de abortar en tres circunstancias y queda en manos de la mujer el estatus jurídico que se le entrega al que está por nacer. Así el Estado renuncia a proteger el derecho de todos, es más, derrumba toda noción de derechos humanos. El aborto sería el primer paso para la pérdida del sentido humano”, enfatizó.

La representante del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, Camila Maturana recordó que este proyecto forma parte de una promesa de campaña de la actual administración y también responde a las obligaciones que tiene pendiente Chile, con organizaciones internacionales.

“Tutelar la sexualidad de la mujeres es el tema. Hoy se deja en un segundo plano nuestro rol como mujeres porque se nos reduce biológicamente. No queremos que se confunda el derecho y la moral porque todo indica que un sector quiere obligarnos a actuar de determinada manera. Chile es un estado laico, no hay que olvidarlo”, dijo.

En cuanto a la actual legislación, Maturana insistió en que “hoy se respetan los derechos de las personas, es decir de los nacidos. Los embriones no son personas. La Constitución es clara, se protege la vida del que está por nacer”.

Tras escuchar las exposiciones, el senador Francisco Chahuán consultó a las organizaciones que hicieron encuestas a sus afiliados, datos que apunten a dar credibilidad a dichas mediciones. Asimismo, aseguró que la praxis médica no condena a un profesional que por ayudar a una mujer embarazada en riesgo, se ve involucrado en la muerte del que está por nacer. También solicitó tener mayores  antecedentes respecto del plan de acompañamiento diseñado por Idea País.

Luego, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe preguntó por el recurso humano y técnico que se requiere para hacer un adecuado diagnóstico de una enfermedad fetal. “Me gustaría saber si existen los medios adecuados y a partir de qué edad se hace este estudio. Son consideraciones importantes”, aseguró junto con plantear que en el caso de la primera causal, “tengo la sensación que se abre más la puerta al aborto de lo que se está reconociendo”.

Finalmente, el presidente accidental de la Comisión, el senador Ignacio Walker, respecto de la inviabilidad fetal, hizo ver la pertinencia de hacer un diagnóstico certero. A la corporación Humanas, el legislador consultó cómo ellos definían al embrión o feto. A su vez, reconoció que conciliar posturas es difícil pensando que “unos defienden a la mujer y otros al que está por nacer. Extraño que no se estudie el contexto que es una mirada pertinente”.