Senadores analizan en detalle estado de la deuda en salud

Una suerte de continuación a la Sesión Especial, que se registró el pasado 14 de mayo, tuvo la Comisión de Salud en su sesión siguiente, al recibir a la ministra de esta cartera, Helia Molina.

La idea de este encuentro -que se realizó en la Sala de Sesiones- fue conocer mayores antecedentes respecto a la deuda de los Servicios de Salud (SS), la compra de “días-cama” a clínicas y el estado de avance de las obras de infraestructura de la red pública.

A juicio del presidente de esta instancia, el senador Guido Girardi, la intención fue hacer un seguimiento de los datos que ha proporcionado la autoridad. “Nos parece grave que entre el 2006 y el 2013 las compras a privados se hayan cuadriplicado, especialmente por camas UCI y UTI, y el servicio de diálisis”.

Frente a esta realidad, el legislador lamentó que el Minsal deba continuar con esta política, puesto que “no es posible dejar sin atención a los pacientes porque la salud pública ha sido desmantelada”. De esta forma, el congresista desmintió junto a la ministra Molina, que se haya paralizado esta modalidad, lo que había transcendido en la prensa.

Tras la sesión, el senador Girardi explicó que se le hizo ver a la secretaria de Estado, la necesidad de implementar un plan de formación de especialistas, lo que implicaría hacer una reforma de fondo al Hospital Clínico de la Universidad de Chile (ex doctor José Joaquín Aguirre), que es el principal plantel dedicado a la docencia en salud.

“No es posible que no existan especialistas en la salud pública porque con la modalidad de compra de servicios, todos se encuentran laborando en el mundo privado. El que la red pública esté desmantelada pasa por este tipo de situaciones”, reveló.

Otro de los temas abordados por los parlamentarios fue la concesión de hospitales. En esa área se cuestionó el sistema de premios que ha sido implementado como una forma de motivar a las empresas a participar de las licitaciones y a cumplir los compromisos suscritos en las bases.

Al respecto, los integrantes de la Comisión de Salud coincidieron en calificar como “absurda” esta práctica. En esa línea, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe enfatizó que “puede o no gustar la concesión hospitalaria pero claramente no ha existido ninguna irregularidad como se ha intentado hacer creer a la opinión pública”.

“Nos ha informado que se van a construir 20 nuevos hospitales en esta administración, pero no se nos ha dicho con qué recursos se van a llevar a cabo esas obras ni bajo qué modalidad” planteó la senadora junto con aventurar que si los dineros provienen de la reforma tributaria, “los fondos seguirán siendo insuficientes”.

En otro plano, el senador Francisco Chahuán destacó la actitud de la ministra Molina, respecto a su intención de patrocinar una moción de su autoría, que busca  promover e incentivar la investigación, el desarrollo y la promoción de productos médicos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades poco frecuentes.

La norma (Boletín N° 7643-11) que además fue apoyada por los senadores Fulvio Rossi, Jaime Quintana y Patricio Walker más el ex legislador Gonzalo Uriarte, fue desarchivada en enero pasado, luego de estar congelada su tramitación desde mayo de 2011 cuando ingresó.

Al respecto, el 21 de mayo pasado, la Presidente Michelle Bachelet anunció que se presentará al Congreso Nacional un mensaje que crea un Fondo Especial de Medicamentos de Alto Costo, el que será conocido como “Ley Ricarte Soto”.

Durante su intervención, la ministra Molina entregó también mayores antecedentes respecto a la deuda de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast). Así mencionó que la pérdida a junio de 2013 alcanzaba los 20 mil millones de pesos.

Reveló que esta situación está en manos de la Contraloría General de la República, la que se encuentra analizando las compras que se realizaron en los últimos años más las históricas, y la gestión que se hizo de estos insumos y medicamentos.

Asimismo, existirían sendas denuncias en el Ministerio Público por parte de laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros por no pago de prestaciones, como así también por la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) que solicitó que se indague la licitación de medicamentos.