Sistema de garantías de los derechos de la niñez: Sala votará la idea de legislar

La Sala será la encargada de analizar en general el proyecto, en segundo trámite, que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Ello, luego que la Comisión Especial sobre temas de Infancia aprobara la idea de legislar de la iniciativa. (Boletín 10.315-18)

Así lo dieron a conocer los senadores Patricio Walker, presidente de la instancia y Manuel José Ossandón, integrante de la misma. No obstante, ambos parlamentarios tuvieron distintas aproximaciones al logro de los objetivos que se pretende alcanzar a través de la iniciativa.

El propósito consiste en adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile, mediante la creación de un ordenamiento coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales denominado Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que da cuenta de una nueva concepción de los niños como sujetos de derechos y no meramente como depositarios de prácticas asistenciales o como objetos de la tutela estatal.

Asimismo, contiene las bases institucionales para prevenir la vulneración de sus derechos, como asimismo, asegura su efectivo cumplimiento y vela por el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, el que considera, además, su identidad cultural y pertenencia a pueblos indígenas, que permitan favorecer su desarrollo integral.

Al respecto, el senador Walker, recalcó que, a través de esta iniciativa que crea el sistema de garantías y protección de los derechos de los niños, el Estado tendrá instancias administrativas que van operar para que la instancia judicial sea el último recursos cuando sea imprescindible separar al niño de su familia o cuando hayan casos graves de abuso o inhabilidad para ejercer rol parental”.

Precisó que “en ese sentido el proyecto ayuda en la lógica que los menores sean sujetos de derecho y que haya protección integral en todos los ámbitos y operen y funcionen los mecanismos administrativos del Estado y judiciales para restituir los derechos vulnerados o quebrantados”.

El senador Walker agregó que esta normativa “se complementa con  el Defensor de la Infancia y también vamos a ver el proyecto que reemplazará al Sename y que va a hacer efectiva esta ley marco en instrumentos concretos con instituciones que trabajen por la familia, de modo que la internación de un niño o niñas sea un último recurso y se cuente con subvenciones razonables”.

A su turno, el senador Ossandón precisó que si bien comparte los objetivos de la iniciativa, se trata de un “proyecto muy general y creo que no aportará soluciones concretas”.

Agregó que no se trata de rechazar la iniciática pero “creo que no resolverá los temas de fondo porque hay muchos derechos y pocos deberes y creo que el rol de los padres es importante al momento de considerar estas materias”.

Reconoció que “es un proyecto que me tiene intranquilo porque está bien ponerse a tono con los convenios internacionales pero para una real protección de los derechos de los niños no me parece que sea la solución”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza manifestó que “esta ley que crea el sistema de derechos es una ley marco y es el fundamento que nos permitirá edificar una arquitectura en materia de derechos de niños. Es una nueva institucionalidad que se inspira en la protección y hablamos del orden de 4 millones de niños pero orientados a niños que han sido vulnerados en sus derechos”.

Puntualizó que “desde este proyecto emergen: la Subsecretaría de la niñez, actualmente en trámite; el Defensor del niño y los dos servicios que reemplazan al actual Sename”. “Este proyecto viene a darle forma y contenido práctico a la Convención de Derechos del niño y es una recomendación de organismos internacionales y es fundamental para un cambio en el paradigma y la forma como se relaciona el Estado con los niños y niñas, pues necesitamos que se asuman como sujetos de derechos y todas políticas públicas deben orientarse a su protección integral”.