OIT y representantes de las empresas, los trabajadores y la academia manifiestan sus pros y contras ante proyecto de Reforma Laboral

Por tercera semana consecutiva, la Comisión de Trabajo y Previsión Social recibió en audiencia, y en doble jornada, a una veintena de representantes del mundo empresarial, trabajadores y la academia, quienes manifestaron sus opiniones y propuestas sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el sistema de relaciones laborales introduciendo modificaciones al Código del Trabajo.

La jornada de la mañana comenzó con la exposición de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en donde Alberto Odero De Dios, Coordinador Libertad Sindical, Oficina de Ginebra, destacó la importancia de que las relaciones laborales tengan equilibrio y proyección de futuro, "con posiciones compartidas entre los trabajadores y empleadores, queden lugar a relaciones constructivas y armoniosas".

En esta línea, destacó que "la OIT saluda el objetivo del proyecto, basados en el respeto y reconocimiento mutuo, el orden pacífico y la búsqueda de acuerdos de mutuo beneficio (…) En el mensaje se puede apreciar que la futura ley contribuya a una satisfacción de reparto de recursos humanos, mayor paz social y negociación colectiva, además vemos que se inspira en los principios de la OIT".

Asimismo, aclaró que los convenios de la Organización ratificados por Chile tienen carácter obligatorio, mientras que las recomendaciones no son obligatorias, pero dan orientaciones.

En otro orden precisó que "la falta de representatividad de las organizaciones sindicales puede dar lugar a prácticas antisindicales" y se manifestaron a favor de la extensión de los beneficios, "pero sí se critica que se dé a los trabajadores no sindicalizados más beneficios. (…) Conviene  precisar que el derecho a huelga ha sido cuestión de debate; los trabajadores estiman que está contenido en el convenio 87 y desearían que estos principios fueran más allá en estos aspectos y los empleadores entienden que no está convenido en el convenio 87 y discrepan de sus interpretaciones y que son contrarias al convenio de Viena".

"Para el reemplazo de huelguistas los órganos de control solo lo consigna en los servicios básicos, es decir, que cuya interrupción podría poner en peligro la vida, salud y seguridad de las personas en toda o parte de la sociedad".

A su turno, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Hermann Von Mühlenbrock, realizó un barrido de la mirada económica nacional en los últimos años y recalcó que para mejores relaciones laborales la clave está en "la educación, el empleo de la mujer y el empleo de jóvenes que pueden ayudar en forma importante para que Chile sea un país mucho más igualitario de lo que es hoy día".

No así, precisó, esta reforma que "atenta contra la democracia" y pone la voz de alerta en lo relativo al fin del reemplazo en huelga, lo que "podría tener impacto en la economía y la empleabilidad".

Además, manifestó que un tema que se debate mucho es la baja remuneración respecto a la producción, advirtiendo que en nuestro país aún es baja.

El abogado de la SOFOFA, Luis Lizama, tienen un diagnóstico distinto a los principios del mensaje y negó que exista falta de confianza y colaboración, mientras que para el gerente de estudios laborales, Javier Vega, es un punto a considerar que el proyecto "faculta exclusivamente al sindicato a negociar colectivamente; otro tema especialmente grave tiene que ver con la extensión de beneficios, ya que el proyecto se la entrega exclusivamente al sindicato, por lo que el empleador no puede mediar, obligando al trabajador a sindicalizarse".

Además ambos profesionales cuestionaron fuertemente la prohibición de reemplazo en huelga, bajo cualquier circunstancia.

La economista Valentina Doniez, de la Fundación Sol señaló que la propuesta "no es un viraje con respecto al actual sistema, carece de una propuesta contundente y existen elementos fundamentales a la hora de construir reforma con relaciones más justas y que el proyecto carece: la autonomía de las organizaciones sindicales en la forma de terminar sus procesos y continua dejando encerradas las relaciones laborales en el ámbito.

"Uno de problemas fundamentales es la cobertura de la negociación colectiva, sería importante que la Comisión presentara cuáles son modelos de negociación colectiva ramal y contar son esos elementos para el debate", indicó.

"Partimos de la base que el proyecto necesita restructuraciones importantes. A nuestro juicio el diagnóstico es errado, afecta negativamente la productividad; con respecto a la equidad es probable que la reforma tenga un resultado -con suerte- neutro", advirtió el  representante del Instituto Libertad y Desarrollo.

Además, comentó que "es probable que se incentive la huelga y esto hará que caiga la productividad. Efectivamente, las normas laborales que se pretenden implementar existen en otros países, pero estos tienen crecimiento muy bajo, y nosotros para superar los problemas de pobreza necesitamos tener mayor crecimiento".

Por su parte, el asesor del Instituto, Sergio Moreno señaló que con respecto a la "titularidad sindical, hay ciertos vicios de constitucionalidad, si el trabajador quisiera trabajar vía grupo laboral lo podría hacer, pero no con los derechos plenos, por eso creemos que se están pasando a llevar sus derechos (…) y nos preocupa lo eliminado en la Cámara con respecto el derecho de huelga pacífica".

Para el economista Bernardo Fontaine, "cuando uno lo piensa dos veces surgen dudas. El gobierno no ha presentado ningún estudio cuantitativo concreto donde este proyecto va a aumentar la productividad, estamos legislando ante intuiciones; no hay una relación entre la negociación colectiva, con la desigualdad".

"Siguen las dudas -agregó- la reforma no es para promover el empleo, esta frase la dijo el diputado Andrade y considero que es una gran pena (…) Es innegable que las remuneraciones son bajas, pero tiene que ver con la poca escolaridad, la poca capacitación, poca productividad, más allá de la sindicalización".

Entre otros, el economista propuso que se impida que los trabajadores no sindicalizados pasen a "ser trabajadores de segunda"; que se considere la realidad de las pymes; equilibrar la reforma laboral; titularidad sindical, pero con representatividad; la huelga no puede llevar a la paralización; que se mantenga el derecho a descuelgue de la huelga; que éstas sean pacíficas; entre otros.

Luego, la profesora de Derecho del Trabajo, María Ester Feres, criticó que "si hacemos un estudio y revisamos la historia de los proyectos, algunos con mayor suerte que otros, nos damos cuenta que siempre surge la temática de que esto genera caos en la economía, que habrá impacto en el desempleo, que es imposible de asumir por las pymes, etcétera, pero estos son argumentos de los años 90".

"La compresión salarial en este país es increíble, con las desigualdades que todo conocemos. Esta cantidad de reformas legales nos han llevado a ser un país poco serio, desde el punto de vista de los derechos fundamentales. El sistema de relaciones laborales, no es un tema técnico, es un tema político e ideológico, es un tema que trata del poder de dos grandes actores sociales, indispensables para el desarrollo de una sociedad democrática", sentenció.

"En términos generales pienso que es un proyecto negativo y espero que la OIT  esté con el grito en el cielo", aseveró el académico Sergio Gamonal. "Uno de los máximos cuestionamientos es que mantenga el corazón laboral pensado en la empresa, porque no solamente son temas económicos, es un tema de poder. Qué poder van a tener los trabajadores dentro de la sociedad" y se manifestó a favor de la negociación por área.

A su turno, César Toledo, presidente de los profesores de derecho laboral compartió las palabras de sus colegas y precisó que el mensaje "no supone mayores alteraciones en los ejes de interacción laboral. Se mantiene todavía la amatividad de los sindicatos que se supone que fue abolida en 2001".

"Echo de menos una intervención distinta a la OIT, porque uno se topaba con los informes de la comisión de expertos y me ha sorprendido en el informe que más bien toma como eje, básicamente, un mediocre acuerdo entre la CPC y a CUT y no a los principios que son esenciales", añadió.

En tanto, para José Luis Ugarte, es importante entender que "el simple intercambio de dinero entendido como trabajo, no tiene sentido, eso no es relación laboral y por eso mismo existe la OIT. La relación laboral es una relación de poder".

"El desafío aquí es cómo se construye ese poder, la pregunta que uno podría hacerse es cuándo el gobierno perdió el rumbo", criticó.

Tras las exposiciones los senadores de la Comisión expresaron sus dudas respecto a lo escuchado.

El senador Andrés Allamand comenzó indicando que “hemos escuchado opiniones absolutamente antagónicas, hay visiones de mundo opuestas y acerca de temas objetivos, por lo que nuestra labor será compleja”.

Luego realizó sus consultas a los representantes de la OIT y los académicos presentes. “¿Qué se entiende por sindicato representativo?, y ¿qué pasará con los sindicatos conformados por el 10% de los trabajadores, esto podría privar al otro 90% de sus derechos colectivos e individuales?. También quiero saber cómo operarían los reemplazos de los casos críticos”, cuestionó.

A su turno, el senador Juan Pablo Letelier declaró ser contrario a la adaptabilidad laboral, asegurando que “ya en el Código del Trabajo tenemos un mecanismo de jornadas especiales”.

Sus consultas apuntaron a temáticas como el silencio administrativo frente al Estado y su mal accionar, la eficacia real de las jornadas especiales, qué normas serían claves para proteger a los derechos esenciales de las micro-empresas (de menos de 25 trabajadores), la idea de fijar quórum diferenciados cuando existe más de un sindicato por empresa, y cómo definir los servicios especiales.

Por su parte, la senadora Adriana Muñoz coincidió con su par respecto a los distintos discursos que se contraponen entre los actores escuchados. Asimismo comentó que “se ha abierto una discusión no solo parlamentaria sino ciudadana, y esta también se ha dado al interior de las empresas y eso nos alegra”.

La congresista hizo mención a la negociación por rama y el potencial riesgo que generaría para la pyme, diversos estudios de legislación comparada al respecto, y el potencial caos que se generaría en los tribunales laborales dada la gran cantidad de causas que se presentarían con la nueva norma.

Revisar en detalle los servicios básicos que hoy no pueden acogerse a huelga fue el objetivo de la jornada vespertina de la Comisión de Trabajo. Entre las 15 y las 18 horas fue el turno de representantes de sindicatos y federaciones vinculadas con el área de los seguros, la electricidad, el transporte y la pesca, sectores que argumentaron por qué deben ser considerados servicios estratégicos.

El presidente del Sindicato Consorcio Seguros de Vida, Carlos Marfull declaró buscar el equilibrio de la relación trabajador-empresa considerando el fortalecimiento del país.  No obstante, la entidad relató una negociación anticipada –que se extendió por tres años- que no rindió frutos esperados a los empleados. En cuanto al proyecto, el dirigente declaró que “queremos contar con un convenio colectivo cuando no existe un sindicato”.

El secretario de la Federación Nacional Sindicatos de Empresas de Distribución Eléctrica, Afines y otros, Patricio Vásquez, comentó que “no tememos derecho a huelga por el tipo de giro, pero existe un arbitraje obligatorio que en ningún caso ha facilitado acercar posiciones por el criterio que se usa para fijar las tarifas de los árbitros”.

“Las empresas que se consideran servicios básicos –como nosotros- se les niega irse a huelga”, declaró mostrando su beneplácito con la propuesta que incrementa la fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT).

El director técnico ejecutivo del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Eléctrico Interconectado Central, CDESIC, Andrés Salgado explicó el rol que cumple la entidad en la actividad considerando que agrupa a más de 200 empresas generadoras y distribuidoras.

A su juicio “es casi imposible reemplazar un trabajador porque requiere gran especialización, lo que implica capacitación en el tiempo para evitar un black out.  Nosotros somos un organismo estratégico y no contar con personal es altamente complejo”.

 El director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo admitió que existen servicios que no pueden ser reemplazados como los suministros estratégicos o lo relacionado con la seguridad nacional.

De todas formas, el profesional reconoció que “esto no significa que no existan herramientas para que estos trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga (…) sin embargo no es justo que para hacerlo las empresas y los trabajadores deban pagar de su bolsillo aquello (…) Esto debe resolverse de una manera equitativa así la idea de ir al DT me parece adecuada o que existan arbitrajes en tiempos adecuados”.

La vice presidenta ejecutiva de la Asociación de Generadoras de Chile, Daniela Gorab relató que existe una tasa de sindicalización de entre un 50 y un 90%, en las siete empresas que representa.

En cuanto a la prohibición de reemplazar a trabajadores en huelga, Gorab señaló que ello puede generar impactos negativos en la productividad, especialmente en esta área productiva. “Manifestamos como alternativa que se permita el reemplazo con trabajadores internos y que sea el empleador quien asuma el costo de estos equipos de emergencia”, indicó.

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie (ACTUS), Héctor Moya, declaró que el 80% de los trabajadores participa de un sindicato y el 100% cuenta con un contrato colectivo. Demandó que se considere al transporte público como un sector estratégico.

El dirigente pidió eliminar como ministro de fe a los notarios públicos dada la gran cantidad de sindicatos falsos que se constituyen, impedir el llamado fuero del día después, evitar la informalidad en la elección de delegados sindicales, dotar a la DT para que chequeen los quorum de los sindicatos y sancionar la violencia en estas instancias.

El presidente del Sindicato de Trabajadores Unidos de Subus Chile S.A., del Transantiago, Cristián Martínez comentó que no existe un contrato específico para estos trabajadores existiendo condiciones precarias que merman la calidad de este trabajo.

“Somos objeto de agresiones, provocando depresión en los compañeros por problemas de estrés (…) Por eso estamos de acuerdo con la senadora Muñoz, quien ha dicho que esta reforma es un piso mínimo (…) Necesitamos garantías de que tendremos derecho al descanso y de un baño”, detalló.

El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie (ACTUS), Javier Insulza señaló que “establecer pactos de jornada será importante, queremos que no se deje fuera al transporte urbano o rural. No hemos logrado compatibilizar la vida laboral y familiar porque el descanso en el domicilio es relativo”.

“En las empresas pequeñas y medianas, el derecho a huelga debe colaborar con el éxito de la empresa (…) El modelo de negociación colectiva coordinada que contempla el proyecto no es de nuestro gusto, preferimos el que utilizamos que tiene un carácter voluntario”, manifestó.

El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, SONAPESCA, Francisco Orrego destacó que esta área existen altos niveles de sindicalización y bajos de conflicto, por lo que hay un buen clima laboral. “Nuestra preocupación tiene que ver con que se incorpora elementos que podrían entorpecer esa situación”, reconoció.

“En cuanto a las pequeñas y medianas empresas pesqueras, esta reforma es un golpe porque existe la imposibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga dado lo específico de nuestro quehacer, y por la representación de sindicatos ajenos que se propone”, puntualizó el vocero.

El presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, Felipe Sandoval abordó los efectos que provoca en los peces una paralización de actividades. “La moralidad provoca diseminación de patógenos que afectan la salud de las personas, esto considerando las distintas etapas productivas de nuestros procesos”, aclaró.

“No podemos paralizar. Hay que considerar en el proyecto el rol de terceros. Es clave definir el proceso que se utilizará para los servicios mínimos, deberían fijarlo los trabajadores con el visto bueno del gerente de la empresa o una instancia técnica, no la DT”, aclaró.

El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros, FETRAPES, Juan Montenegro garantizó que existe una caída importante de trabajadores desde 2007 a la fecha (de 25 mil a 10 mil empleados), todo producido por la aplicación de la Ley de Pesca.

Finalmente, se realizó una ronda de preguntas donde los senadores Juan Pablo Letelier y Andrés Allamand realizaron diversas consultas sobre servicios mínimos y adaptabilidad laboral. En esa línea, los expositores expresaron sus distintas visiones respecto a la necesidad de contar con un sistema de mediación especial para resolver conflictos en los servicios básicos considerados estratégicos, pues el concepto "servicio mínimo" no sería compatible con una huelga donde el objetivo es detener la producción.