Piso de un 1% de trabajadores con discapacidades en empresas: será debatido en sesión ordinaria
El articulado de la iniciativa deberá ser revisado en detalle luego que se estableciera, por ejemplo, permitir que las personas con limitaciones mentales que cuentan con trabajo remunerado, puedan recibir el salario mínimo.
7 de octubre de 2016
En condiciones de ser visto por la Sala quedó el proyecto en segundo trámite, que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobaran las indicaciones en la última sesión.
La presidenta de la instancia, la senadora Adriana Muñoz valoró el texto despachado, expresando su confianza respecto a que será respaldado por la Sala sin mayores reparos.
“Nos parece un acierto que una vez que entre en vigencia esta ley, la mayoría de las empresas tenga dentro de su personal a personas con capacidades diferentes. Al menos un 1% de los trabajadores deberán corresponder a este segmento, y aquellas firmas que por su naturaleza no puedan hacerlo, deberán contratar a otras empresas que sí cumplan con la norma”, explicó.
La legisladora planteó que “cuando no se puedan incluir estas personas, se deberán buscar medidas alternativas. Una minera tendrá dos años para adaptar su maquinaria e infraestructura a personas sordas o ciegas, por ejemplo. Mientras la administración deberá contactar a una empresa que le preste servicios y sí cuente con el 1% de inclusión. Así al final existirá un doble cumplimiento de la ley”.
“Ahora también establecimos que en un plazo de 3 años, se pueda derogar la ley vigente que prohíbe que las personas con discapacidades mentales con trabajo remunerado, puedan recibir el salario mínimo. Queremos que ellos accedan a este beneficio”, comentó.
El mismo entusiasmo manifestó el senador Hernán Larraín, quien aplaudió que “con esta norma van a haber más oportunidades laborales para personas con discapacidad. Las empresas con más de 200 trabajadores sean públicas o privadas deberán cumplir con este 1%”.
Respecto al cumplimiento alternativo de la ley, por parte de determinadas empresas cuya función es de alto riesgo, el congresista valoró que la normativa entregue un plazo de adaptación. “Esta ley persigue la inclusión. No se trata de obligar a las empresas sino de hacerlas entender que los cambios son necesarios”, graficó.