Radios comunitarias: parlamentarios deberán votar si se elimina pena de cárcel

En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto de ley, iniciado en moción del senador Alejandro Navarro, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobaran las ideas matrices de la norma tras escuchar en la última sesión, al presidente del directorio de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Ernesto Corona.

La propuesta apunta a eliminar de la actual legislación, la pena de cárcel que actualmente deben cumplir aquellos que operen o exploten servicios o instalaciones de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente. De esta forma, esta infracción se conocerá como falta.

También cometerá falta, quien permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte, funcionen tales servicios o instalaciones. La multa en estos casos será de una a tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (entre 45.316 y 135.948 pesos).

En general los legisladores se han mostrado a favor de aumentar las multas a este tipo de faltas, mantener la figura de decomiso y eliminar la pena de cárcel.

El presidente de la Comisión, el senador Manuel Antonio Matta valoró esta aprobación que fue unánime, recordando que “hoy las penas son excesivas porque se fija prisión menor en cualquiera de sus grados, decomiso de equipos y las multas van desde las 50 a 5 mil UTM (entre dos millones 265 mil y 226 millones 580 mil pesos)”.

El legislador aclaró que la intención del proyecto es homologar la legislación radiofónica a la televisiva, por lo que las radios comunitarias podrán funcionar pero siempre respetando otras emisoras.

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón ejemplificó el debate de la siguiente manera: “Cuando los autos van en una carretera, uno sabe por cuál carril ir si ando en moto, en automóviles o bus, no nos podemos cruzar de una pista a otra porque generamos un accidente. Esto es igual”, aclaró.

Respecto a las indicaciones, el parlamentario adelantó que presentará algunas mejoras al texto, debido a que “en general la idea matriz me parece acertada, pero creo que debemos ser más duros con aquellos que comentan la falta más de una vez. Hay que ser enfáticos en las segundas y terceras veces porque hay que hacer cumplir la ley que es para todos”.

También por despachada quedó la idea de legislar respecto del proyecto que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) (Boletín N° 8353-19).

El texto deberá ser votado en una próxima sesión ordinaria, en los mismos términos que lo había aprobado la Comisión de Salud, esto porque los integrantes de Transportes no hicieron cambios al texto.

La propuesta establece que “los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los permisionarios de servicios limitados de televisión, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas en situación de discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda”.

Corresponderá a un reglamento de los ministerios de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones, y Secretaría General de Gobierno, fijar estos casos.

En general, estarán consignados en esta norma: las campañas de servicio público financiada con fondos públicos, las propagandas electorales, los debates presidenciales, las cadenas nacionales, los informativos de la Onemi y los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales.

Este material deberá ser transmitido o emitido con subtitulado y lengua de señas.