Sala deberá discutir si pone restricción vehicular a autos catalíticos en episodios de alta congestión o contaminación
Los parlamentarios también debatieron respecto a la conveniencia de eliminar la pena de cárcel para aquellos que operen una radio comunitaria ilegal.
16 de marzo de 2016
En condiciones de ser visto por la Sala quedó el proyecto en primer trámite que regula la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica.
Esto luego que los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobaran las ideas matrices del texto de autoría de los senadores Guido Girardi, Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón.
El presidente de la instancia, el senador Girardi valoró dicho respaldo asegurando que “ahora la autoridad tendrá la facultad de restringir la circulación de vehículos con sello verde cuando los niveles de contaminación por material particulado MP 2,5 sean elevados, porque son ellos los que producen más de la mitad de la polución”.
El legislador planteó que “entre defender el derecho a la vida, especialmente de adultos mayores y niños que se ven afectados por las enfermedades respiratorias que se agravan con la contaminación, y el derecho a usar un auto, obviamente optamos por lo primero”.
Asimismo, la norma aprobada contempla que dicha restricción se haga efectiva también cuando el nivel de congestión vehicular sea extremo. “Por ejemplo, si pensamos en el Transantiago, las personas de menos recursos son los que lo usan y suelen pasar en promedio 2 horas arriba de la micro que circula -más menos- a 12 kilómetros por hora”, graficó.
“La idea es que circulen menos autos, lo que aumentaría la frecuencia de los buses y los tiempos de desplazamiento. Queremos subir la doble la velocidad, es decir, de 12 km/hr a 24 km/hr y eso se lograría si los vehículos no atochan el paso del transporte público”, comentó el legislador.
El texto establece que “en la Región Metropolitana, se podrá prohibir la circulación de manera permanente de vehículos motorizados livianos, hasta en dos dígitos, aun cuando cuenten con convertidor catalítico, cuando se sobrepasen las normas de calidad para aquellos contaminantes saturados. Adicionalmente a los dos dígitos señalados, se podrán agregar nuevos dígitos en casos de alerta, pre emergencia y emergencia ambiental.
Los dígitos o letras de las placas patentes sujetos a restricción, deberán ir variando periódicamente en su orden de aplicación diaria”.
En la segunda parte de la sesión, los congresistas escucharon a diversos actores vinculados al proyecto en primer trámite que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada (Boletín N°10.456-15) El texto corresponde a una moción de autoría del senador Alejandro Navarro.
Tras escucharlos, el senador Girardi se mostró partidario de votar la idea de legislar en una próxima sesión a la espera de recibir mayores antecedentes. Asimismo, en forma general los legisladores estuvieron a favor de aumentar las multas a este tipo de faltas, mantener la figura de decomiso y eliminar la pena de cárcel.
El senador Ossandón solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) legislación comparada de Venezuela, Canadá y Cuba para conocer como esos países resuelven la concentración de los medios de comunicación, particularmente a nivel radial.
“Resultará útil saber cómo entregan el espectro radiofónico a distintas comunidades que quieren expresarse. Lo que sí me parece que no se puede permitir que las personas actúen al margen de la ley argumentando que lo hacen en pro de la libertad de expresión. Debemos tener cuidado con esto y regular en su justa medida”, aclaró.
El senador Alejandro García Huidobro fue de la misma opinión, quien solicitó que el Gobierno haga una propuesta formal al respecto. “Soy de los que valoran el trabajo que hacen las radios comunitarias, particularmente en mi región (de O’Higgins) he visto cómo mejoran la comunicación entre los vecinos, sin embargo hay que velar por una regulación. Me gustaría saber cómo se regulan estas concesiones”, hizo ver.
En la jornada hicieron uso de la palabra el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Luis Pardo; el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), Alberto Cancino; el abogado de la Defensoría Popular, Gustavo Alfonsi; y la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares.
El representante de Archi explicó que los vecinos son los que denuncian en un 100% la proliferación de las radios ilegales porque ven afectada la calidad de las transmisiones puesto que los equipos interfieren a la hora de sintonizar una señal. Respecto al proyecto, valoró un aumento de las multas pero desestimó las sanciones penales, apelando a “la proporcionalidad de las penas”.
Luego el dirigente de Anarcich, propuso que estos casos sean vistos por la justicia civil y no la penal; mantener el decomiso de equipos en casos de reincidencia y elevar las multas también en este último caso. A su vez, Cancino solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) estudiar el sistema de concursos, denunciando que “hay muchas comunas donde hemos pedido concesiones, pero allí no se abren concursos”.
El abogado Alfonsi apeló para que los congresistas eliminen totalmente la figura del decomiso argumentando que “coarta la libertad de expresión”. También aseguró que los casos en que se han retirado los equipos de las estaciones ilegales, ello no ha garantizado su desarticulación puesto que “las personas vuelven a operar en otro lugar y con nuevo equipamiento”.
En tanto, la periodista Javiera Olivares solicitó que la Subtel reserve un espacio del espectro radiofónico al “tercer sector de las comunicaciones que corresponde a las comunidades”, como sí ocurriría en naciones desarrolladas. Relató que en los últimos años han cerrado más de 50 radios producto de la concentración que encabeza Iberoamericana Radio Chile.