Señalan falencias de ciertas disposiciones de la indicación que presentó el Ejecutivo al proyecto sobre aportes al espacio público

Tras conocer en detalle la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo al proyecto sobre sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, los integrantes de la Comisión de Vivienda dieron a conocer sus opiniones en torno a la iniciativa y manifestaron algunas discrepancias sobre ciertos cambios propuestos.

En lo fundamental, lo que dice relación con que los gobiernos regionales y no los municipios tengan un rol importante en los lineamientos que deben seguir los desarrolladores inmobiliarios para las obras de mitigación. Según el senador Manuel José Ossandón, integrante de la citada instancia legislativa, dicha disposición no es la adecuada.

“Este es un proyecto que tiene falencias graves. Comparto el concepto que los proyectos inmobiliarios tengan un aporte que sirva para el desarrollo de las ciudades, pero creo que los protagonistas de esto son los municipios y no el gobierno regional, porque al final va a ser algo totalmente difuso y no tienen ninguna capacidad técnica”, dijo el legislador.

Agregó que en los casos en que los municipios no tengan la capacidad técnica para ver estas materias, deberían tener la “obligatoriedad de contar con hitos técnicos de lo que se necesita para la obra. La práctica y la vida me ha enseñado que la gente se la juega por lo que es de ellos y los municipios se la van a jugar por desarrollar los mejores proyectos dentro de su comunidad”.

En su opinión, el Ejecutivo “está super duro en su posición y yo estoy muy duro en la mía, porque además le dimos 20 ejemplos prácticos de la problemática que va existir. En el fondo, hay que ser super cuidadoso con los aportes que se piden en una época en que estamos con una economía complicada. Lo que queremos es impulsar desarrollo y no chantarlo”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vivienda, senador Ignacio Walker indicó que lo que busca este proyecto es hacerse cargo del impacto que tiene la construcción de proyectos y el desarrollo inmobiliario en la ciudad.

“Este proyecto consiste en mitigar, es decir, el inversionista inmobiliario tiene que mitigar el impacto, la externalidad que produce ese proyecto en la ciudad. Estamos llenos de ejemplos en las grandes ciudades sobre todo, de problemas que causan ciertas inversiones inmobiliarias que son necesarias y legítimas y en la medida en que no se contemple el impacto en esas externalidades, obviamente que hay un detrimento para la ciudad”, dijo el legislador.

Precisó que la indicación sustitutiva que presentó el gobierno recoge “muchas observaciones de los propios inversionistas inmobiliarios, de los desarrolladores tratando de precisar -para evitar confusión e incertidumbre- cuál es el impacto del que tiene que hacerse cargo un inversionista inmobiliario”.

Indicó que se entiende por “mitigar” la entrega de recursos para que “por ejemplo, en un cierto radio puedan haber los semáforos, ver todos los temas viales, el impacto en vialidad, para que no haya atochamientos, pero también parques y áreas verdes. No se trata que el inversionista inmobiliario se haga cargo de lo que tiene que hacer el Estado que son los déficits históricos de infraestructura, sino que en su proyecto, en su inversión pueda hacerse cargo del impacto que eso provoca en el entorno, en el área de influencia según la densificación, la intensidad y eso es lo que se le pide al inversionista”.

Cabe recordar que esta iniciativa está cumpliendo su segundo trámite constitucional en el Senado y tras una serie de audiencias con diversos actores, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que contempla algunos cambios tendientes a precisar el carácter mitigatorio y no recaudatorio de la iniciativa. La idea es que se asegure que los desarrollos inmobiliarios se hagan cargo de las externalidades que provocan en la vialidad de su entorno y en los espacios públicos de la ciudad como sistema, de manera que no incrementen los déficits actualmente existentes.

Asimismo, se señala los principios que permitirán configurar con mayor precisión la fisonomía de las mitigaciones y también define una serie de medidas que permitirán hacer más expedito el sistema, con el fin de que se transforme en una traba burocrática para los desarrollos inmobiliarios, entre otras.