¿Cómo enfrentamos el fomento forestal en Chile del siglo XXI?

Hay dos temas sin resolver antes de discutir el proyecto de ley que extiende y modifica en 20 años el fomento forestal en Chile. En primer lugar, la institucionalidad forestal. El año 2008, el Tribunal Constitucional exhortó al Presidente de la República a que “regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la dictación del decreto supremo a que se refiere el Artículo 19 de la Ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado”.

El mal proyecto presentado por el Ejecutivo el año 2012 fue rechazado por el Honorable Congreso, aún cuando existan senadores de la Alianza que insisten en culpar a la oposición del rechazo. Quisiera señalar que hay una contradicción absoluta en ello, ya que no tenemos una CONAF pública, porque no pudimos legislar porque el Gobierno no entiende que una nueva institucionalidad es en la práctica crear un servicio moderno, a la altura de los desafíos forestales actuales, y con la participación de diversos actores relacionados al ámbito forestal, donde los trabajadores tienen mucho que decir. De igual manera, se cruzaba con un proyecto que creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que tampoco era un buen  proyecto. Incluso es más, no hubo manera de poder trabajar dos proyectos que eran evidentemente complementarios y, absolutamente necesarios.

Todos entendemos que CONAF no puede seguir como está, y también queremos tener una CONAF efectivamente pública, fortalecida con más recursos humanos, mejores herramientas de gestión, un presupuesto adecuado y las capacidades que le permitan desarrollar la importante responsabilidad que le corresponde. Eso no se logra enviando proyectos sin participación, como está sucediendo también con el proyecto de fomento forestal, donde recibimos cientos de correos, notas y minutas de diversas organizaciones que piden rechazar el proyecto.

En segundo lugar, hay un tremendo problema con la Consulta Indígena, donde para este proyecto de fomento, diversas comunidades indígenas reclaman que no han sido consultadas y que el proceso está viciado, porque el Proyecto de Ley que envió el Gobierno a consulta es diferente al que ingresó al Congreso. Esto sucedió porque el Gobierno tuvo que modificar el Proyecto de Fomento Forestal una vez que se rechazó la idea de legislar, como señalé antes. Además, en su Artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, establece de forma imperativa que las consultas a las comunidades indígenas deberán efectuarse de buena fe, de forma apropiada, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, requisitos que el plan de consulta del Ejecutivo al parecer no logró, pese a que insisten que la consulta realizada ha sido la mejor desarrollada hasta ahora.

Por otro lado, a la luz de los antecedentes entregados por diversas organizaciones, creo que es relevante definir nuestro voto, y es por ello que hemos solicitado una segunda discusión el pasado 4 de Junio. El eje motor del proyecto de fomento forestal debe ser un aporte a la conservación y la recuperación de los procesos ecológicos, siendo su principal enfoque la forestación con especies vegetales que permitan la recuperación de servicios ecosistémicos, fundamentalmente aquellos que facilitan y mejoran la provisión de agua de calidad, la recuperación de suelos erosionados y la detención del avance de la desertificación, entre otros.

Acá el problema no es si el proyecto es bueno o es malo, el tema es si satisface los nuevos desafíos del sector forestal: asistencia técnica permanente, inclusión de normas de protección ambiental, asignación directa de recursos, terminar con el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo de los pequeños propietarios, ya que no me pueden decir que este proyecto es sólo para los pequeños y medianos propietarios, si todos sabemos que quien fija los precios y compra la materia prima son las grandes empresas. O alguien duda en desmentir esto. Ahora bien, hay un punto que es prácticamente insalvable para los pequeños propietarios, como es el sistema de concursabilidad que plantea el proyecto y que si no se cambia a asignación directa generará incertidumbre para acceder al financiamiento, planificar a mediano plazo, producir o comprar plantas con antelación o para poder forestar.

Con el 701 se realizó una inversión importante, de más de 500 millones de dólares, que en un país como el nuestro corresponde a un subsidio o una bonificación muy importante. Pero también digamos algo que no se dice acá: los principales beneficiarios fueron grandes empresas forestales. Cualquiera que diga otra cosa, sabe que está faltando a la verdad, y éstos no siempre actuaron como correspondía. Y respecto a las actividades a bonificar, nos importa mucho la ampliación de las actividades desbonificadas, sobre todo si estamos hablando de abastecimiento de agua, de cómo recuperar el ecosistema, y ver ambientalmente cómo somos capaces de trabajar sobre todo en la provisión y seguridad de los servicios ecosistémicos.

Las contradicciones están a la vista. Este proyecto ni siguiera pasó por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, teniendo elementos que son de la mayor importancia ambiental, lo que lo hacía prioritario. Requerimos, en ese sentido, una mirada distinta de este proyecto, la cual hasta ahora ha estado marcada por un enfoque principalmente economicista.

Por otro lado, muchos trabajadores han tenido una situación laboral difícil, con bajas remuneraciones y condiciones bastante duras. Entonces, aunque se diga que se han generado fuentes laborales, lo importante no es solo la cantidad de éstas, sino que nos interesa mucho la calidad de estos trabajos, y reiteramos que lo que más generó esta situación fue principalmente el enriquecimiento de los dueños de las empresas, pero no necesariamente en beneficios equivalentes para sus trabajadores.

Por eso queremos una segunda discusión legislativa, porque queremos tener claridad de que efectivamente vamos a ir al pequeño, y eventualmente mediano empresario forestal, pero no como hasta ahora ha sido, que solo ha beneficiado a los grandes.

El plazo del beneficio a 20 años también merece duda porque no queremos sentirnos amarrados por 20 años cuando sabemos que las dinámicas y los temas mundiales van cambiando, se van perfeccionando, y tal como está el planeta, las distintas variables del cambio climático, escasez de agua, crisis alimentaria, sobreexplotación y otros cuantos temas, ameritan revisar este tipo de leyes en períodos más cortos.

Para que la CONAF salga fortalecida de todo este proceso, y reconociendo la importancia que tiene el sector forestal y el trabajo que nos entrega a este país, requerimos un mejor proyecto, sobre todo incorporando los temas sociales, laborales y medioambientales. La responsabilidad social de las empresas se ve en los enfoques permanentes que se tienen y en el cumplimiento a cabalidad de las normativas laborales y sociales, no en los regalos o donaciones que se hacen en ocasiones a los vecinos que se ven afectados por el impacto de sus medidas.

La bancada socialista tiene una visión distinta. Y por eso adherimos también a la petición que ha hecho el Senador Ruiz-Esquide, por una segunda discusión.