Compromiso con Derechos Humanos es permanente y sin ambigüedades

Hace unos días recibimos el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile. Lo primero, es que se reconoce que son muchas las instituciones del Estado que no han respondido de manera correcta frente a temas de protección de la infancia y la juventud, de la violencia contra las mujeres, los adultos  mayores o los derechos de las personas con discapacidad.

También nos presenta otros temas como la abstención electoral, como uno de los aspectos que pueda debilitar la democracia, por tanto, la protección de los derechos humanos.

Por otra parte,  hay un capítulo especial al tema de la migración, en este sentido el creciente acuerdo en torno a la doctrina de los derechos humanos como el canon que debe regir las relaciones entre pueblos y personas se inscribe en el dolor del recuerdo y en la nítida conciencia acerca de los extremos a que pueden conducir el fanatismo, el racismo y la creencia en la superioridad de unos seres humanos por sobre otros seres humanos.

Lamentablemente, el racismo y la xenofobia, prácticas que creíamos en disminución o desaparecidas en muchas sociedades, han resurgido con virulencia y amenazan nuestra convivencia.

Yo valoro altamente el aporte que los migrantes han realizado a nuestro país y en muchas otras naciones. Hay comunidades perfectamente integradas en la vida del país. Tenemos científicos, artistas, empresarios y políticos que vienen de una o dos generaciones de migrantes. Por lo mismo, ante la ola migratoria que estamos viviendo en Chile, y que es sin duda positiva por el enriquecimiento de la diversidad cultural en el país, no podemos estigmatizar a grupos de personas. Identificar y aplicar la justicia a aquellos que no se ajusten a nuestra normativa no puede significar la criminalización de toda una comunidad.

Aplicar justicia mediante un debido proceso es muy distinto a acusar a un grupo de incurrir globalmente en malas prácticas.

La historia nos ha enseñado que una vez que se empieza a decir que grupos de personas son de tal o cual forma, esa calificación queda instalada en la sociedad y naturaliza, por decirlo de alguna manera, las conductas discriminatorias que progresivamente se instalan y comienzan a tomar sentido. Tenemos que preocuparnos de la migración, pero no como una amenaza, sino desde un enfoque de derechos. Qué pasará en materia de seguridad social, en temas educacionales, en contratos de trabajo, en acceso a la vivienda y a la salud, cómo la vamos a financiar. Deberemos ser claros, trasparentes y contundentes con nuestros compatriotas, para explicar lo que hacemos y que no se generalice con la sensación de que los estamos postergando. Nuestra sociedad tiene un serio problema de desigualdad, está enfrentando con reformas como la tributaria y la educacional, que generen un campo más parejo para todos.

Esa es la manera de hacerlo, de ir a la raíz del problema, y de ningún modo a través de un discurso populista que quiere fomentar un nacionalismo mal entendido.

Chile no es un caso aislado. Al contrario. Hoy las migraciones son percibidas como una amenaza en países desarrollados, con firmes tradiciones democráticas y libertarias, y en otras sociedades que miran con desconfianza a los extranjeros.

Y desgraciadamente esas posturas tienen respaldo electoral.

La integración de los migrantes es un valor que toda sociedad debe fomentar. La intolerancia hacia grupos de personas en razón de su origen o de su raza o de su creencia religiosa es una peligrosísima amenaza contra la convivencia pacífica y, bien lo sabemos, la antesala frecuente de los horrores más impensables.

Creo que la responsabilidad de los que tenemos tribuna y que tenemos un apoyo popular es decir lo que pensamos de ayudar a ser esa luz y no generar mayor oscuridad.

El Informe de la situación de los Derechos Humanos en Chile nos da la oportunidad de renovar nuestro compromiso permanente con este tema sin ambigüedades. Debemos hacernos cargo de los nuevos derechos de segunda o tercera generación como son los de violencia obstétrica, los de seguridad social, derechos a una salud digna en regiones o de educación, entre otros. 

Por último, este informe resalta el cumplimiento por parte del Senado del fallo de la Corte Interamericana que exigió a los tres poderes del Estado un acto de desagravio con los funcionarios de la Fach injustamente acusados en dictadura.