Avanza proyecto que crea Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas

Con la aprobación de algunas adecuaciones pendientes, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado terminó el estudio en particular del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

Ahora corresponde que la iniciativa que está cumpliendo su segundo trámite constitucional, sea analizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Cabe recordar que este proyecto considera una completa transformación institucional, agrupando en un servicio a las actuales corporaciones de asistencia judicial y estableciendo que habrá un servicio descentralizado y regionalizado para prestar atención oportuna a las víctimas.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, senador Alfonso De Urresti, manifestó que este proyecto "permite el acceso a la justicia, principalmente las corporaciones de asistencia judicial, poder regionalizarlas, poder tener mejores equipos de defensa a lo largo de todo Chile y también Defensoría de las Víctimas como un elemento importante en esa tarea".

La iniciativa crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas como una entidad pública descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente o Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, define la forma en que se estructurará y funcionará este nuevo servicio público y los derechos de los funcionarios que serán traspasados desde las Corporaciones de Asistencia Judicial y de otras reparticiones públicas a este nuevo organismo.

Su propósito es permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección y de apoyo sicológico y social; asesoría y representación jurídica de las personas naturales víctimas de delitos; y de la administración del sistema de mediación familiar.

El proyecto establece que este servicio será el continuador legal de las Corporaciones de Asistencia Judicial que existen en nuestro país. Actualmente existen cuatro corporaciones diferentes y autónomas.