La iniciativa, que cumple su segundo trámite, fue aprobada en general por la Sala del Senado y ahora debe ser analizada en particular por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con 42 votos a favor, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto en segundo trámite que modifica la Ley de Migración y Extranjería, además de otros cuerpos legales con el objeto de actualizar dichas normativas y llenar ciertos vacíos que se han registrado en la práctica.
Ahora corresponde que la iniciativa sea discutida en particular por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, donde se espera que se presenten indicaciones para mejorar algunos aspectos de la normativa.
Previo a la votación, el presidente de la Comisión de Gobierno, senador Manuel José Ossandón, explicó los alcances de la iniciativa señalando que sus objetivos principales son modificar Ley de Migración y Extranjería en lo relativo a prohibiciones de ingreso; causales de expulsión; proceso de nacionalización; registro de extranjeros; ingreso de menores no acompañados, y sanciones por delitos relacionados con la migración.
Previo a la votación intervinieron los senadores Paulina Núñez, Fidel Espinoza, Yasna Provoste, Luz Ebesperger, José Miguel Durana, Jaime Quintana, Carlos Kuschel, Francisco Chahuán, Claudia Pascual, Alejandro Kusanovic, Esteban Velásquez, José Miguel Insulza y Carmen Gloria Aravena.
También hicieron uso de la palabra la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quienes recordaron que la iniciativa corresponde a un proyecto misceláneo que modifica diversas materias relacionadas con el tema de migraciones y que fue presentado al momento de aprobarse la Política Nacional de Migración, cuya dictación fue una de las obligaciones establecidas por la nueva ley migratoria que entró en vigencia en 2022, que se desarrolló a través de un extenso procedimiento que involucró la participación de múltiples actores e instituciones.
Durante el debate hubo coincidencia en que el proyecto en general avanza en la línea correcta, no obstante, en su discusión en particular se necesita hacer algunos ajustes con miras a buscar un equilibrio entre diversos aspectos.
PROPUESTA
En lo medular, el proyecto considera normas sobre la protección de niños, niñas y adolescentes extranjeros que ingresan al país, en relación con los procesos que llevan los tribunales de familia; se establecen nuevas causales de prohibición para el ingreso y expulsión de personas; nuevas razones que permiten rechazar o revocar permisos de residencia; se cambian normas sobre nacionalización para alinearlas con estándares internacionales; se introducen mecanismos de enrolamiento y registro de personas extranjeras que residen en el país; se establecen sanciones para los medios de transporte que se dedican al negocio de traslado de personas en situación irregular, y se proponen cambios en el Código Penal en relación con el tráfico ilícito de migrantes.
Uno de los temas en los que se innova dice relación con el rechazo o revocación de residencia donde se incorporan causales para revocar permisos de residencia, incluyendo a personas que han cometido delitos en el país o estén condenados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el extranjero o por pertenecer o financiar a grupos terroristas o estar registrados en Interpol. También se tomarán en consideración las faltas reiteradas por incivilidades.
En cuanto a las normas sobre nacionalización, se propone aumentar el período de residencia para obtener la nacionalidad chilena de 5 a 10 años, alineándose con estándares internacionales y que también se introducen nuevas causales para rechazar o cancelar la carta de nacionalización, como incivilidades reiteradas -tres faltas de tipo penal o seis de las que se ven en juzgados de policía local-, o comisión de crímenes o simples delitos sin límite temporal.
Uno de los temas que ha generado debate es sobre la forma en que los extranjeros pueden acceder a derechos sociales, especialmente en el ámbito educativo en que existe una capacidad insuficiente especialmente en atención pre escolar, al igual que en salud. En este sentido, el proyecto establece que la situación migratoria irregular no es un factor adicional a considerar en el acceso a beneficios sociales, lo que significa que a la persona se califica en su necesidad de acuerdo a la evaluación de sus condiciones sociales, como ingresos, vivienda y acceso al trabajo, sin considerar el estatus migratorio.
Si bien los senadores plantearon que es fundamental resguardar los derechos de los niños, hubo quienes plantearon sus inquietudes, respecto de cómo se resuelven los casos donde no hay un número suficiente de vacantes. Ello, tomando en consideración que el año pasado hubo un número importante de niños que quedaron sin matrícula, por lo menos el primer semestre.
Durante el debate se planteó la necesidad de conocer las cifras actualizadas de las personas en situación migratoria irregular en el país y sus ubicaciones geográficas.