Los parlamentarios debatieron con las autoridades del sector, las bajas cifras del consumo del vital elemento en la población y cómo esta medida podría favorecer su ingesta.
Conscientes de la necesidad de frenar el alza del sobrepeso y la obesidad de la población, los integrantes de la Comisión de Salud enviaron a Sala, el proyecto que exige a los establecimientos de venta de alimentos, entregar agua potable a sus clientes de manera gratuita.
La propuesta iniciada en moción de las senadoras Ximena Ordenes y Paulina Núñez; y sus colegas Juan Luis Castro, Sergio Gahona y Alejandro Kusanovic, forma parte de la agenda pro saludable que impulsa la Comisión de Salud, la que, en la sesión del 22 de abril, aprobó en general y particular la citada norma. Cabe consignar que otras propuestas similares serán refundidas que ésta (Boletines N° 11606-11 y 12512-11).
En concreto, el texto introduce cambios al Código Sanitario indicando que “los locales destinados a la venta de alimentos para su consumo dentro del establecimiento, deberán proporcionar a sus clientes, sin previo requerimiento, agua potable en cantidad suficiente. La entrega de agua deberá ser gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento”.
Antes de la votación, los parlamentarios escucharon a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli; al director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta) de la Universidad de Chile, Francisco Pérez; y la investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), Virginie Loiseau.
La autoridad sanitaria reconoció que el consumo de agua potable en nuestro país está por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir entre 6 y 8 vasos al día. Lo anterior fue complementado el director del Inta, quien comentó algunos estudios realizados en nuestro país que hablan de esta baja ingesta.
“En el 2021, se hizo una intervención en tiempos de pandemia. Se les entregó agua embotellada retornable a 3 mil 400 estudiantes, de los cuales solo un 10% cumplió con los estándares (…) Luego se hicieron encuestas a la población y es preocupante porque un 45% reconoce que toma líquidos azucarados en reemplazo del agua y un 27% bebidas energéticas a diario”, explicó.
En cuanto a la legislación extranjera, la investigadora de la BCN mencionó que la corriente anglosajona pone el enfoque en el cuidado de la salud pública, principalmente en la estrategia de fomentar la ingesta de agua minimizando el consumo de alcohol, mientras que naciones de la UE privilegian una mirada de reducción de residuos. “Revisando casos como Argentina, Brasil, México, España, Australia, Estados Unidos y Francia, vemos que todos salvo España, aplican sanciones cuando no se cumplen con leyes que ordenan la dispensación de agua potable”, indicó.
FONASA, LICENCIAS MÉDICAS Y GOBIERNO CORPORATIVO
En la misma sesión, la Comisión de Salud continuó con las audiencias por el proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud; fortalece al Fondo Nacional de Salud (Fonasa); crea el Servicio Nacional de Salud Digital; y otorga facultades al Instituto de Salud Pública (ISP) y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) (Boletín N°17375-11).
Esta vez, participaron del debate la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el director de Fonasa, Camilo Cid; la superintendenta de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), Pamela Gana; la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Ana María Arriagada; la presidenta de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos (ADIMECH), Gabriela Garnham.
Los parlamentarios centraron sus comentarios en dos aspectos principalmente: en la pertinencia que Fonasa concentre las funciones de otorgar, calcular y pagar las licencias médicas; y la necesidad de cambiar el gobierno corporativo de Fonasa.
Respecto a lo primero, el Colmed reconoció que “es complejo fiscalizar y pagar a la vez (…) También es complejo crear un sistema único de contralores médicos”. En la misma línea, la senadora Ximena Ordenes comentó que “la OIT y la OMS dicen que la evaluación médica, la fiscalización y el pago de las licencias deben estar separadas porque hay riesgo de conflicto de interés (…) Valoro que se quieran homogenizar los criterios porque hoy cada Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) tiene diversos criterios, pero lo otro hay que estudiarlo”.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro preguntó “¿cuál es la capacidad de fiscalización y peritaje que tiene Fonasa porque será la puerta de entrada y salida de las licencias médicas, es decir, podrá definir si la licencia es pertinente, si se cumple el reposo, por ejemplo?”.
En cuanto al gobierno corporativo de Fonasa, el Colmed hizo ver que “se habló que existen consejos consultivos para dar mayor participación, por ejemplo, en los decretos Ges y la ley Ricarte Soto, pero queremos saber si se ha considerado la gran migración de afiliados por la ley corta”.
El senador Sergio Gahona admitió que “por lo que nos dicen, entiendo que no quieren innovar, pero el modelo que usa la Comisión de Mercado Financiero (CMF) de un cuerpo colegiado podría funcionar. La dirección de Fonasa no debe quedar a merced del gobierno de turno”.
En contrapartida, la ministra Aguilera explicó que, en este caso, creemos que no corresponde un gobierno corporativo como un cuerpo colegiado porque el fondo administra seguridad social en salud y el enfoque corporativo es el de una empresa. El rol de definir una política de salud es del Minsal, no de Fonasa”.
