Congreso apoya nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur

Recordando el ataque incendiario a la central hidroeléctrica Rucalhue en Santa Bárbara, registrado el domingo pasado, la Sala del Senado aprobó con 33 votos a favor, uno en contra y una abstención una nueva prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia que opera en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Previamente, la Cámara de Diputados y Diputadas había respaldado la medida quedando el oficio despachado al Ejecutivo.

Durante el debate intervinieron los senadores José García Ruminot, Enrique Van Rysselberghe, Sebastián Keitel, José Miguel Insulza, Alejandro Kusanovic, Carmen Gloria Aravena, David Sandoval, Fidel Espinoza, Juan Castro Prieto, Esteban Velásquez, Alfonso De Urresti, Felipe Kast, María José Gatica, Jaime Quintana y Carlos Kuschel.

Los parlamentarios coincidieron respecto a la necesidad de retomar la costumbre de que las comisiones de Seguridad Pública y Defensa Nacional sesionen en conjunto, de manera reservada, para conocer detalles de los avances de dicha medida por parte del Ministerio de Seguridad Pública, todo ello antes de sancionar la prórroga del estado de excepción constitucional. La idea fue respaldada por la Sala, por lo que se haría efectiva dentro de un mes.

ATAQUE A CENTRAL

En términos generales, se reflexionó sobre la gravedad del ataque incendiario a la central hidroeléctrica Rucalhue de propiedad china, actualmente en construcción en la comuna de Santa Bárbara. Desconocidos quemaron 48 camiones de empresas subcontratistas de la zona y maquinaria forestal, por lo que el hecho fue calificado por los senadores y el Ejecutivo como “el más grande ocurrido en la macrozona sur”.

Esto dio paso a un profundo análisis sobre la efectividad del estado de excepción como una herramienta para hacer frente a estas situaciones dada su prórroga sistemática. También se admitió que “si bien han bajado las cifras de hechos delictuales, basta que ocurra uno para que la sensación de seguridad se pierda”.

Esa vez, el Gobierno invocó la recién creada ley antiterrorista, lo que fue valorado por la Sala, lo que también fue calificado como “la primera prueba para ver la efectividad de la norma entendiendo que el atentado corresponde a una acción de terrorismo”.

Otra arista del caso estuvo en los efectos que podría tener en las inversiones internacionales, puesto que la central afectada es de capitales chinos. “Esto genera una enorme desconfianza en los inversionistas que necesitan seguridad para operar y hablamos de la seguridad más elemental, la que les permita trabajar sin ser atacados”, se indicó.

También en la discusión, se hizo mención a los dichos del seremi de Energía de la región del Biobío, Jorge Cáceres, quien señaló que “el país es una taza de leche” en materia de seguridad. Los congresistas pidieron explicaciones al Ejecutivo solicitando su despido luego que sus palabras ofendieran a miles de víctimas de la violencia.

Al término de la sesión especial, el ministro de seguridad pública, Luis Cordero reforzó el hecho que se invocara la nueva ley antiterrorista comentando que “hemos iniciado reuniones con la empresa y los subcontratistas nacionales para apoyarlos (...) Esto demuestra que, pese a los esfuerzos, mientras exista un atentado, el desafío al Estado de Derecho está vigente”.