Por Baldo Prokurica, senador por la región de Atacama
La crítica situación que enfrenta el Servicio Nacional de Menores (Sename), es conocida por todos quienes integramos este Parlamento y también por la opinión pública.
Basta recordar casos tan lamentables como el de Lisette Villa, fallecida en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa "Galvarino", de Estación Central, a lo que se suma el incomprensible rechazo por parte de Diputados, mayoritariamente oficialistas, del informe del SENAME II, elaborado por la Comisión investigadora de la Cámara, que denunció el diputado Ramón Farías, informe que, entre otros puntos, revelaba "deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas destinados a los menores vulnerados".
En la Región de Atacama, que yo represento en el Senado, el panorama del Sename no es ajeno a la delicada situación nacional.
En enero de este año vivimos un gravísimo hecho en una localidad de la comuna de Freirina, en donde fue desbaratada una red de explotación sexual infantil, en donde las niñas víctimas de esta red eran llevadas a fiestas clandestinas, una vez que se fugaban de residencias que prestan servicios al Servicio Nacional de Menores.
En este sentido, hoy Freirina y en la provicia del Huasco, la residencia "Maravilla" completó todos sus cupos -45 cupos- y, por lo tanto, no puede recibir más jóvenes. Misma situación enfrenta el centro "Alma" que acoge a 40 menores de Vallenar.
A ello se suma, que no existen programas de rehabilitación de drogas para niños, niñas y adolescentes, debido a que ambos recintos no dan abasto.
Mientras que en el caso de Diego de Almagro, en tanto, existe un déficit de cupos en centros residenciales del Sename, puesto que ya se han cerrado dos en Copiapó ¿el "Aragón" y el "Emanuel"- quedando 70 jóvenes sin atención, lo que difícilmente podrán ser reubicados, debido a que el hogar "Nazareth" no cumple con los requisitos necesaios, pues acoge a menores de hasta seis años.
Pero, lo más graves es que, según lo informado a los funcionarios en la última reunión de coordinación con la red Sename, no habrá centros en Chañaral, puesto que la residencia "Ayún" cerrará sus puertas en enero de 2018, dejando a 44 jóvenes sin la debida intervención social.
De no variar esta situación, mi región de Atacama quedará sin residencia para lactantes, sin la posibilidad de contar con un Centro de Reparación Especializada de Administración Directa y sin la habilitación de residencias para niñas embarazadas o jóvenes que fueron madres a corta edad, además de recintos y programas de atención ambulatoria para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de drogas y alcohol.
Estamos hablando de personas no de números, menos de stock, como alguna funcionaria de Gobierno hizo en algún minuto, sino de jóvenes violentados, vulnerados en sus derechos que necesitan un respaldo profesional de especialistas, y cuyo futuro hoy está en riesgo.
Lamentablemente, este instrumento que tiene el Estado de Chile para poder ayudar a estos menores que ya sea han sido violentados en sus derechos o que ellos han transgredido la ley, no está a la altura de las necesidades que tenemos en el país, ni tampoco en la Región de Atacama.