Discrepan en críticas del gobierno al Poder Judicial y Ministerio Público

Luego del impase producido por la ausencia delMinistro Público, Sabas Chahuán a la reunión del Consejo Nacional de SeguridadPública, medida que reflotó las críticas del Ejecutivo al Poder Judicial y losfiscales, los senadores Camilo Escalona y Víctor Pérez Varela expresaron sus diversasdiscrepancias sobre el tema.

El senador Escalona dijo que las críticas expresadaspor el gobierno sólo han "abierto un nuevo foco de conflicto"  y que la ley "establece nítidamente que puedeparticipar en esa reunión el presidente de la Corte Suprema o su representante",precisó.

El legislador agregó que "de esta manera los ataquesque se han formulado contra Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, notienen justificación, son simplemente un exabrupto por la impopularidad delgobierno frente al fracaso que tiene en la lucha contra la delincuencia".

En ese sentido, el parlamentario aseguró estos ataquesdel gobierno también se inscriben "en contra el Fiscal Nacional, quien teníaconvocada con anterioridad una reunión con los fiscales regionales, que tambiénestá establecida por ley".

Enfatizó que "no hay ninguna razón que avale ladesesperación,  angustia y el ánimoconfrontacional con el cual el gobierno ataque el sistema de justicia del país.Se trata de la incapacidad de aceptar que su gran promesa estrella de lucharcontra la delincuencia, se ha caído derrumbada estrepitosamente por laincapacidad de quienes ejercen  hoy laautoridad".

A su vez, el senador Pérez Varela realizó un llamado aterminar con las diferencias entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y elPoder Judicial, "es fundamental terminar con la seguidilla dedeclaraciones entre los representantes de la instituciones que tienen quegarantizar la seguridad a los chilenos, y en ese sentido un nuevo presidente dela Corte Suprema  tendrá mucho queaportar", aclaró.

Asimismo, el parlamentario reiteró su respaldo a lapropuesta del oficialismo, que busca condicionar los ascensos de losmagistrados según su desempeño, debiera ser analizada en su totalidad, porparte de los jueces y argumentó que  "tenemosque escuchar propuestas y analizarlas acuciosamente, sin desecharlas a priorisin argumentos realmente válidos".

Añadió que "como lo hemos dicho y sostenido conmucha fuerza, los jueces son un pilar en el combate al delito. Por lo tanto, enesta tarea tenemos que trabajar todos".

En relación con los fiscales, enfatizó que su labortambién es importante en el combate de la delincuencia "y por tal razón,lamentamos lo ocurrido en las últimas semanas, y confiamos en que lasdiferencias van a ser superadas y vamos a ser capaces de converger a una políticacomún en esta materia", indicó.

No obstante, dijo que "hay hechos que no podemostolerar, como es por ejemplo que el 85% de los robos denunciados seanarchivados por la fiscalía, sin hacer un esfuerzo por identificar y detener alos delincuentes. Estas cifras las que generan una sensación de impunidad en laciudadanía que no es tolerable, y esta realidad la tenemos que cambiar, peropara eso necesitamos el compromiso y el trabajo de todas las instituciones".

DERECHOS HUMANOS Y DESPIDOS

En tanto, el senador Escalona, se refirió al recienteinforme del Instituto de Derechos Humanos y a los despidos de los trabajadoresdel sector público.

En ese sentido, el legislador lamentó la situaciónproducida por la ausencia de autoridades en la presentación del informa anualdel Instituto de Derechos Humanos, y dijo que " se trató de un intento dedeslegitimar la opinión que tiene dicho organismo por parte del gobierno y enparticular,  del vocero, Andrés Chadwick".

Recordó que la entidad "se aprobó durante el gobiernode Michelle Bachelet, como corresponde a una doctrina democrática. El Ejecutivoestuvo de acuerdo en que dicho instituto se financiara con recursos fiscalessin depender del gobierno del turno".

El parlamentario indicó hubo partes del contenido delinforme que "incomodaron al actual gobierno como por ejemplo, donde sedescribió que existieron muchos estudiantes que fueron detenidos este año conel propósito de limitar, violar o afectar su derechos a manifestación y no comoel resultado que estén cometiendo un delito flagrante".

Sostuvo que esto "derrumba la teoría del Ministro delInterior, Rodrigo Hinzpeter, que las personas son puestas en libertad porquelos Tribunales de Justicia son los ¿malos'; acá hay un gobierno que está empeñadoen un conflicto permanente, de varios meses, con diferentes poderes del Estado,afectando el normal desarrollo de un Estado de Derecho".

Asimismo, agregó que "lamento que se haya vistoinvolucrado el propio Presidente de la República en estas materias; él hatenido expresiones menoscabaste hacia los Tribunales de Justicia y elMinisterio Público, y resulta que ahora el informe de Derechos Humanos pone lascosas en su lugar. Muchas personas detenidas en manifestaciones fueronestudiantes que dijeron que estaban autorizados".

El legislador explicó que los despidos del sector público"suman entre el año 2010-2011 más de 10 mil funcionarios; esto ha sidoclaramente una persecución al que piensa distinto. Dicho tema fue el centro dela discusión del reajuste de este año, porque el gobierno otorgó 5 %, pero sihubiera dado 5,2 %; esto significaría que una persona que gana 250 mil pesos ó180 ó 200 mil, el aumento mensual era de 500 pesos".

"La verdad -dijo- no estaba en la discusión en que elEjecutivo, encabezado por Sebastián Piñera, aumentara una décima o dos elreajuste; el punto estaba en el derecho de pensar distinto, o sea,  se trató de un tema de país,  democracia y libertad".

El senador informó que ante esta situación  "el gobierno no la ha querido resolver, elMinistro de Hacienda dijo en la discusión de la Comisión de Hacienda que se hanrevisado y reintegrado 268 casos, pero estamos hablando de una suma cercana delos 10 mil. Muchas decisiones de reincorporar a estas personas, el Ejecutivo hatenido que hacerlo por obligación, porque la Contraloría dictaminó a raíz de unfuero maternal o porque habían impedimentos desde la asociatividad gremial".

El senador Escalona comentó que "le dije al ministrode Hacienda que no creo que él  esté conuna lista ordenando quienes son los que se despiden, pero sí en los servicios públicoshay muchos  ¿pequeños verdugos' que estánexaminando, hostigando y tomando decisiones sectarias y que  no tienen otro sentido que  no sea perseguir".

Sostuvo que esto está "en la vieja idea de pensar queel gobierno es una especie de botín para influir en funcionarios por el simplehecho de ser cercanos a los partidos que están gobernando; la persecución asimples funcionarios es un hecho enteramente inaceptable en democracia, pero el gobierno es incapaz de resolverloy por eso,  vamos a seguir presionando".

Aseguró que "el gobierno en esto se ha buscado un gravísimoproblema, porque la capacidad del Estado se resiente; hay muchos funcionariosque no se atreven a tomar decisiones porque si lo hacen, esa puede ser excusapara el despido. Por lo tanto,  eltrabajo en muchos servicios públicos, se hace más burocrático, lento eineficiente".