Infraestructura crítica en la frontera norte: respaldan funciones de las Fuerzas Armadas en la zona

Por 39 votos a favor y 2 contra, el Senado respaldó la prórroga, por 90 días más, del Decreto Supremo 78, que permite extender la labor de protección de infraestructura crítica que realizan las Fuerzas Armadas, FF.AA., colaborando con las policías y otros organismos, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, solicitud que precedentemente fue visada por la Cámara.

 

Antes del debate, la ministra de Defensa, Maya Fernández, relevó el rol que han cumplido las FF.AA. y detalló las principales acciones en la macro zona norte en orden al control de identidad, registro y detención de migrantes regulares; puntos de observación y vigilancia; patrullajes; y puntos de control aleatorio en rutas; además de acciones de incautación.

 

Esto, según indicó, propició la contención del ingreso de más de 9 mil personas por pasos fronterizos no habilitados y destacó que las acciones han avanzado en coordinación de todos los actores.

 

Durante el debate -en el que intervinieron los senadores Luz Ebensperger, José Miguel Durana, Matías Walker, Pedro Araya, Paulina Núñez, José Miguel Insulza, Ximena Rincón, Yasna Provoste, Juan Antonio Coloma, Kenneth Pugh, Esteban Velásquez y Sebastián Keitel- se agradeció y destacó el importante rol que han cumplido las FF.AA. durante la primera vigencia del Decreto 78.

 

En términos generales, senadoras y senadores compartieron el positivo balance, pero surgieron algunas dudas respecto a las cifras entregadas y se criticó "el silencio" del Ejecutivo sobre la "crisis ocurrida en la zona norte". Algunos legisladores fueron más allá y solicitaron "declarar estado de excepción constitucional que permita enfrentar la migración irregular, la delincuencia y el narcotráfico".

 

En otro orden, se puso alerta y se llamó a poner "especial atención" a "la preocupante presencia de niños en la frontera, trasladados por adultos", sin poder verificar si se trata de padres o tutores. Además, se llamó a reforzar la frontera y "ciertos lugares de Antofagasta" para controlar el tráfico de drogas y a tomar medidas sobre "el robo de vehículos y su comercialización en el extranjero".

 

Varios legisladores hicieron notar que el Ejecutivo debe poner urgencias a una serie de proyectos de ley, varios de ellos mociones, para hacer frente "a la amenaza delictual del crimen organizado transnacional", entre otros: en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional (15631-07), de autoría de los senadores Ximena Rincón, Pedro Araya, Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea y Matías Walker; y el que ratifica el "criterio Valencia" (15820-07), patrocinado por los senadores Pedro Araya, Gustavo Sanhueza, Iván Flores, Matías Walker, Ximena Rincón.

 

En línea similar, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma recordó el acuerdo con el Ejecutivo que privilegia 31 proyectos de ley sobre seguridad y sentenció que "me preocupa que quedan 12 proyectos que el Ejecutivo comprometió y hasta ahora ninguno ha sido ingresado".

 

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aclaró algunas dudas surgidas y recordó la inversión realizada en los puestos de observación fronterizos y los avances en "la detención de retomar el control fronterizo". Adicionalmente hizo notar que el 30 de mayo se inicia el proceso de identificación biométrico con 70 puntos a lo largo del país.

CONTEXTO

 

Cabe recordar que, en febrero, se publicó la Ley 21.542 que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente.

 

En la ley se establece que esta facultad de los militares se disponga mediante un decreto supremo fundado, suscrito por los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional.

 

Eso es, precisamente, lo que hizo el Decreto Supremo 78 del Ministerio del Interior, que dispuso que las FF.AA., junto a las policías, contribuyeran al control migratorio y la detección de actividades delictuales. Todo ello, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y por un plazo de 90 días, el que vence el próximo 25 de mayo.