En la última sesión se acordó por mayoría, entre otras normas, la aplicación de tecnología intrusiva que se aplicará para delitos terroristas, ligados a la ley de drogas y ley de armas.
Con acuerdos de mayoría, la Comisión Mixta, presidida por el senador Iván Flores y constituida para zanjar las diferencias surgidas en torno al proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, concluyó su cometido y se espera contar con el respectivo informe “lo antes posible”, con el fin de que sea ratificado por el Senado y luego por la Cámara.
Durante la jornada se aprobó (8 votos a favor y 2 en contra) lo referido a la aplicación de tecnología intrusiva, denominada Imsi Catcher, que permitiría interceptar metadatos en un amplio rango de superficie, no solo intercepta el teléfono del investigados, sino que de todos los que se encuentran a su alrededor.
Para este punto se consideró la propuesta que “abre” el uso de estas tecnologías no solo para delitos terroristas, sino que también para aquellos ligados a la ley de drogas (ley 20.000) y control de armas (ley 17.798), que tengan pena de crimen.
A juicio de quienes apoyaron, “los delitos terroristas, se relacionan con otros ilícitos como el narcotráfico”. Sin embargo, los votos en contra argumentaron que esta apertura “distorsiona la aplicación del proyecto” y se constataron las dudas de persecución (a través de tecnología intrusiva) por sesgos y no por delitos terroristas.
Así, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:
- La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.
- La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.
Todo esto, se aclaró, con los plazos, resguardos y sanciones por el mal uso o incumplimiento, según corresponda.
Además, tras la aprobación de una indicación del senador Manuel José Ossandón, la Comisión Mixta acordó, también por voto de mayoría, lo referido al cambio de competencia, que se denominará “reglas de competencia”.
En concreto, “el ministerio público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad (…), podrá solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al plenos de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago (…)”.
Con esto, se indicó, se protege a jueces y fiscales; sin embargo, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, cuestionó la constitucionalidad de la medida y aseveró que en la ley de reincidencia y de mayor connotación social ya se contempla esta medida; sumado, recordó, al informe negativo de la Corte Suprema.
