Viernes 9 de Agosto de 2024
En la Comisión de Salud
Ley integral de salud mental comienza su tramitación
Los congresistas hicieron ver al Ejecutivo, sus preocupaciones en acerca del financiamiento de la propuesta y cómo se hace cargo de los graves problemas de acceso a un siquiatra en el sistema público y el contar con controles regulares.
Una primera mirada dieron los integrantes de la Comisión de Salud, al proyecto -iniciado en mensaje- que establece la ley integral de Salud Mental (SM). Junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, los legisladores revisaron el contexto en que se redactó la iniciativa y sus principales objetivos.
Los parlamentarios entregaron sus primeros comentarios solicitando mayores antecedentes acerca del número de siquiatras que trabaja en la red pública por región, esto luego que coincidieran transversalmente que “el problema está en el acceso dada la falta de especialistas y de establecimientos competentes”.
La ministra Aguilera en compañía del subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, partió reconociendo que la iniciativa corresponde a un interés particular del presidente de la República, Gabriel Boric, que se traduce en el acompañamiento de los pacientes con enfermedades siquiátricas y neurológicas terminando con el estigma social.
A modo de contexto, las autoridades reconocieron que hoy las patologías siquiátricas prevalentes en la población chilena son la depresión y la demencia, por lo que incluye el enfoque neurológico. También se indicó que uno de cada cuatro personas ha consultado a algún profesional del área constatándose que un millón de pacientes se atiende regularmente en la red pública y, 822 en la atención primaria, cuya mediana de espera es de 236 días.
De esta manera, la ministra Aguilera aseguró que existe solo un 3% de incumplimiento de las garantías GES que incluyen a la depresión, demencia, mal de Párkinson y desorden bipolar, sin embargo, admitió que “ese porcentaje es mayor al histórico, por lo que estamos trabajando en bajar el tiempo de espera”.
“En la red pública faltan 552 camas de hospitalización de adultos y 134 infantiles. Los hogares protegidos y las residencias también son insuficientes, hoy contamos con 219, lo que permite cubrir solo un 9,3% de la demanda. El gasto en SM es solo un 2,6% del presupuesto del ministerio mientras que la OCDE recomienda invertir no menos de un 5 a 10%”, explicó.
PROYECTO
En concreto, la propuesta que luego deberá ser vista también por la Comisión de Hacienda, busca propiciar el bienestar mental de todas las personas en todo su ciclo vital con pleno respeto a su dignidad y derechos fundamentales. Dado su enfoque integral involucra a los ministerios de Salud (Minsal), Educación, Vivienda y Urbanismo, de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social (Mideso), y de Justicia.
Así se establece que los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores (ELEAM) y residencias del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) con pacientes siquiátricos, deberán contar con autorización sanitaria y ser regulados por el Minsal y el Mideso.
Estas personas también recibirán atención preferencial en la Corporación Asistencia Judicial respecto de causas en los Tribunales de Familia por hospitalización involuntaria. Además, se crea un Comité Interministerial, se perfeccionan reglas de consentimiento informado, se elimina la calidad de reservada de la ficha clínica, y se suprime la posibilidad de aplicar tratamientos invasivos sin consentimiento.
ACCESO A UN SIQUIATRA
Los senadores valoraron el esfuerzo por aunar las iniciativas que se encuentran dispersas bajo el concepto de integralidad, pero pidieron revisar el acceso a la SM “porque el proyecto hace cambios importantes, pero no aborda el acceso, por ejemplo, considerando listas de espera”. Se pidió información por región de número de siquiatras en el sector público.
Según datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a septiembre de 2021, había 7.640 personas en lista de espera para una consulta siquiátrica. En el sistema público, en ese momento se contaba con 714 psiquiatras adultos disponibles, de los cuales solo 53 atendían en Modalidad Libre Elección (MLE), es decir comprando un bono. Ello contrasta con el hecho que en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud existen más de dos mil especialistas registrados, 484 de los cuales son infanto-juveniles.
FINANCIAMIENTO
Volviendo al proyecto, los integrantes de la Comisión hicieron ver a la ministra Aguilera sus preocupaciones en torno al financiamiento y falta de garantías de servicios.
Así el senador Francisco Chahuán afirmó que “no veo que este proyecto resuelva los problemas de acceso (...) sino más bien, sistematiza una nueva institucionalidad de salud mental. Trataría en este impulso poner énfasis en las coberturas, ver cómo podemos mejorar, desde el punto de vista financiero del proyecto, el acceso”.
En la misma línea, el senador Sergio Gahona aseguró que “no veo que con esto se resuelva el problema de acceso, lo que sí se da un marco sistemático a la institucionalidad. Eso se valora pero creo que hay que ajustar las expectativas”.
En tanto, el senador Juan Luis Castro advirtió que “el financiamiento de esta ley va vía presupuesto y esa va a ser una tremenda lucha que vamos a tener que dar y pedir que los recursos financieros sean mayores a los que tenemos, porque la lista de espera es grande y silenciosa”.
A su vez, la senadora Ximena Ordenes calificó como un hito importante la tramitación de esta norma. “me parece que es una agenda oculta que se visibiliza (…) Hay países que incluso tienen índices de felicidad y la SM tiene que ver con ello (…) Valoro los cambios que se proponen a la ley vigente pensando en cerrar brechas”.
Finalmente, el presidente de la Comisión, el senador Javier Macaya enfatizó su preocupación acerca que “este proyecto quede solo en buenas intenciones (…) Veo que el presupuesto que se plantea va directamente a la contratación de personal y me parece que todo apunta a burocratizar aún más el acceso a un siquiatra y a contar con controles regulares (…) También me preocupa que se conforme un comité donde participarán 24 ministerios”.
En una próxima sesión, los legisladores continuarán revisando las ideas matrices para ponerlas en votación. Tras ello, el texto debería ser estudiado por los integrantes de la Comisión de Hacienda dado que irroga gasto fiscal.
