Norma que individualiza a los usuarios de teléfonos de prepago queda lista para ser ley

Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias respecto del proyecto que modifica la ley general de telecomunicaciones en cuanto a individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía de prepago.

Con este resultado, la propuesta queda en condiciones de ser promulgada como ley. Previamente la Cámara Baja dio el mismo respaldo al señalado informe.

El origen de la instancia Mixta estuvo en la intención de los diputados y diputadas de introducir dos materias que no eran propias de la idea matriz del proyecto, aspectos que habían quedado pendientes en el debate de la Comisión Mixta formada para zanjar la ley que reconoce a internet como un servicio público.

Se trata de dos indicaciones. Una busca reponer la facultad de los municipios de eliminar los cables de telecomunicaciones, con cargo a las empresas dueñas de dicho material, cuando éstas incumplan la ley denominada “Chao Cables”. La otra dice relación con simplificar el procedimiento para autorizar la radiodifusión sonora.

Con ello, los legisladores ratificaron el artículo que había sido rechazado en la Cámara Baja para forzar la Mixta, confirmando la redacción del Senado. El texto decía relación con la obligación que tendrán las concesionarias de servicio público telefónico de individualizar a los clientes de prepago.

PROYECTO

La norma establece que las concesionarias de servicio público telefónico, antes de iniciar la provisión del servicio telefónico a usuarios que no tengan asociados la facturación mensual o el cobro de un cargo fijo, deberán solicitar los datos necesarios para su correcta individualización.

Se entenderá por ellos: el nombre completo, el domicilio, el número de cédula de identidad o número de pasaporte del usuario, así como la identidad internacional del equipo móvil (IMEI), la estación móvil de la red digital de servicios integrados (MSISDN) y la identidad internacional del abonado móvil (IMSI). El usuario registrado del respectivo servicio deberá ser mayor de edad.

En el debate en particular, se incorporó el deber de las empresas de mantener un registro actualizado de usuarios, el que deberá mantenerse por 5 años; y de financiar un sistema de bloqueo de dispositivos robados, hurtados y extraviados. También se entenderá como delito, la adulteración del IMEI, cuya sanción se equipará a aquella que se aplica al delito de falsificación de instrumento privado.

DEBATE

La presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Ximena Ordenes detalló el informe indicando que “la discrepancia se generó por el rechazo en la Cámara Baja del primer artículo referido a las concesionarias y el deber de individualizar a los clientes de los celulares de prepago. Esto fue con el fin de reponer artículos que no fueron considerados en la ley de internet como servicio público. Así se acordó mantener el texto propuesto por el Senado y el Gobierno aseguró que se hará cargo en un proyecto, de los artículos que se hicieron ver”.

En el debate intervinieron los senadores Kenneth Pugh, Francisco Chahuán y Matías Walker.

Los parlamentarios explicaron que la norma responde a la necesidad de combatir la delincuencia dado que el crimen organizado usa los celulares de prepago para cometer delitos. Así recordaron casos de amenazas que se han realizado usando estos medios tecnológicos que les permiten a los antisociales estafar y generar temor en la población escondiéndose tras un equipo imposible de rastrear.

Así se valoró que el proyecto permita asociar a cada número de teléfono, un aparato de prepago y una persona que lo usa, de manera de realizar la debida trazabilidad. Por lo mismo, se destacó el rol que ejercerá la Subsecretaría de Telecomunicaciones en la emisión de reglamentos que entregarán los lineamientos para la debida identificación.