Norma que mejora las condiciones laborales de recolectores de basura avanza a Sala

Con el fin de relevar el rol que cumple este sector en la sociedad, la Comisión de Trabajo y Previsión Social envió a Sala, el proyecto que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo.

La propuesta iniciada en mensaje, fue aprobada en general -por unanimidad-, por los integrantes de la citada instancia, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar a representantes del gremio como también a las autoridades del Ministerio del Trabajo.

La iniciativa en segundo trámite, reconoce la importancia de la labor de las recolectoras y los recolectores, que comprende a las barredoras y barredores, conductoras y conductores, y peonetas en camiones recolectores; y establece un estatuto legal propio del sector en lo relativo a las condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en las que desarrollarán sus labores.

En las distintas sesiones, fueron invitados representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Aseo, Jardines, Ornatos, Rellenos Sanitarios del Centro Sur de Chile (FETRASEN), la Federación Nacional de Recolectoras de Residuos de Chile (FENASINAJ), la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Recolección, Aseo y Medio Ambiente de Chile (FENSITRAMBICH), la Federación Nacional de Sindicatos de Aseo, Servicios, Rellenos Sanitarios y Afines de Chile (FENASERCH), y la Federación Nacional Recolectores de Chile (FENARCHI).

En la sesión del 14 de abril, intervinieron el presidente de la Federación Nacional de Recolectoras de Residuos de Chile (FENASINAJ), Armando Soto; el vocero de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Aseo, Jardines, Ornatos, Rellenos Sanitarios del Centro Sur de Chile-(FETRASEN), Manuel Silva; y el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Recolección, Aseo y Medio Ambiente de Chile (FENSITRAMBICH), Miguel Sánchez.

En la ocasión, se recordó que 263 comunas de las 364 del país, cuentan con servicios externalizados de aseo, a las que están vinculados asociaciones y gremios y federaciones. Ahora para los efectos del cálculo del bono de aseo del año 2025, se indicó que se cuenta con poco más de 19 mil trabajadores.

Al mismo tiempo, los dirigentes hicieron ver la necesidad de avanzar en la calificación de trabajo pesado, mejorar el acceso al seguro de accidentes y enfermedades profesionales que muchas veces son cuestionadas, y perfeccionar los incentivos para mejorar los salarios. A su vez, se mostraron preocupados porque la ley no tenga un efecto retroactivo respecto a los contratos ya adjudicados.

También el ministerio abordó las condiciones hostiles que vive este gremio como la exposición a gases tóxicos y materiales biológicos, temperaturas extremas (lluvia, sol, frío), residuos peligrosos tales como sustancias tóxicas, y materiales que pueden ocasionar heridas graves (vidrios, alambres, fierros, agujas, objetos de metal, entre otros).

A su vez, la cartera hizo mención al acceso limitado a servicios sanitarios, lo que se complejiza aún más, por ejemplo, en horario nocturno, como también al bajo número de denuncias realizadas ante las mutualidades por accidentes y enfermedades profesionales.
 

PROYECTO

El proyecto define labor de recolección de residuos domiciliarios como aquella realizada por barredores, conductores o choferes y peonetas en camiones recolectores. Esto, en el contexto del cumplimiento, por parte de las municipalidades o los gobiernos regionales, del mandato legal vigente. Este concepto se aplicará, indistintamente, de la calidad contractual de las personas que ejercen las labores señaladas.

En cuanto a sus objetivos, regula la subcontratación de los servicios para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos necesarios para el desarrollo de la labor priorizando aquellas ofertas que contemplen mejores condiciones laborales.

Por otra parte, obliga a las municipalidades y a los gobiernos regionales a verificar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, ambientales y laborales de las empresas concesionarias. Y, en caso de tomar conocimiento de eventuales infracciones, deberán informarlas y otorgar un plazo máximo para su corrección. De mantenerse estas, entrega facultades para accionar de manera subrogada y aplicar sanciones contractuales o legales.

El texto, además, garantiza a las y los trabajadores la provisión de agua potable y acceso a servicios higiénicos. Junto a ello, se les debe entregar lugares habilitados, limpios y en buen estado, para alimentarse, ducharse y cambiarse vestimenta durante toda su jornada laboral.

Otras normas de esta normativa regulan la provisión de asistencia frente a emergencias o contingencias; y exige un protocolo de prevención y gestión de riesgos, junto con la debida capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, demanda la entrega de implementos de seguridad necesarios para la labor.

La propuesta clarifica que no irroga gastos porque contiene bajadas específicas a obligaciones generales que tienen las empresas y los municipios que cumplen el rol de empleador. En el ámbito de las licitaciones, se fijan normas específicas en cuanto a la recolección de residuos. Asimismo, en el proyecto existen tareas encargadas a los órganos de la administración central, como Dirección del Trabajo, SUSESO y Ministerio de Salud, las que serán financiadas con cargo al presupuesto y dotación vigente de dichas instituciones.