Notarios y conservadores: despachan texto con estricto régimen de inhabilidades

Con un estricto régimen de inhabilidades y normas que otorguen mayor transparencia a su sistema de nombramiento y funcionamiento quedó el proyecto, en segundo trámite que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se abocó a la revisión del texto y acordó introducir un estricto régimen de inhabilidades para notarios y conservadores, incluyendo a familiares de autoridades y parlamentarios.

Al inicio de la sesión, la senadora Luz Ebensperger, pidió reabrir el debate con el fin de revisar la norma de las inhabilidades, “históricamente los senadores no tenían nada que ver en el nombramiento de los notarios y conservadores (…), sin embargo, uno de los cambios profundos de este texto es que el nombramiento sea determinado por Alta Dirección Pública y cuando discutimos eso efectivamente lo aprobamos, pero creo que sí participamos en los nombramientos de los consejeros de la ADP, por lo que estaría abierta a reabrir el debate de ese artículo para incluir a los parlamentarios dentro de las inhabilidades. Creo que, si superamos eso, a lo mejor logramos que el proyecto no vaya a la Comisión de Gobierno y sea visto prontamente en Sala”.

La propuesta fue apoyada por la unanimidad, de los senadores Alfonso de Urresti, presidente de la instancia; Claudia Pascual, Pedro Araya y Rodrigo Galilea.

De este modo se dispuso una redacción estricta en el sentido que “no podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del Escalafón Secundario (notarios, archiveros y conservadores) ni ser incluido en la nómina correspondiente, quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, al Presidente de la República, a los ministros y al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los ministros y fiscales de la cortes de Apelaciones de Estado, a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, al fiscal nacional y fiscales del Ministerio Público, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los delegados presidenciales regionales, a los gobernadores regionales, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los senadores, a los diputados, al contralor general de la República, al director nacional del Servicio Civil, a los miembros del Sistema de Alta Dirección Pública, y a todo aquel que tenga un cargo directivo de exclusiva confianza o de Alta Dirección Pública, hasta el tercer nivel jerárquico en la dirección nacional de Servicio Civil”.

La decisión fue altamente valorada por el senador Manuel José Ossandón, presidente de la Comisión de Gobierno, quien asistió a la sesión señalando que “valoro lo aprobado en esta instancia. Lo importante es transparentar estos procedimientos y dar una señal potente como Senado, sobre todo, ante lo que ocurre hoy día, pues vemos cómo se cruzan conversaciones y amistades (caso Audios)”.