Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas a un paso de verse en Sala

En condiciones de ser discutido por la Comisión de Hacienda, quedó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, luego que la Comisión de Constitución del Senado terminará el estudio en particular de la iniciativa que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta.

Dicho servicio busca permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección y de apoyo sicológico y social; asesoría y representación jurídica de las personas naturales víctimas de delitos; y de la administración del sistema de mediación familiar.

Según explicó el presidente de la Comisión de Constitución, senador Alfonso de Urresti, "el proyecto de ley fortalece el acceso a la justicia a nivel nacional, fortalece las corporaciones de asistencia judicial, las regionaliza, le otorga mayores funcionarios y es muy potente".

Asimismo, precisó que uno de los últimos temas que se definió dice relación con el estatuto de las víctimas que es "un conjunto de normas para poder atender adecuadamente a las personas que son víctimas, no solo procurándoles atención, sino informándoles sus derechos".

SERVICIO

La iniciativa crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que será un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del presidente o presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un director o directora nacional, quien estará adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública y deberá tener a lo menos por diez años el título de abogado, y una experiencia profesional comprobada sobre las materias del Servicio por el mismo período.

Además, el servicio se organizará en cuatro subdirecciones y se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales. Los cargos de Directores y Directoras Regionales estarán adscritos Sistema de Alta Dirección Pública y tener a lo menos por cinco años el título de abogado, y una experiencia profesional comprobada sobre las materias del Servicio por el mismo período.

El proyecto establece que este servicio será el continuador legal de las Corporaciones de Asistencia Judicial que existen en nuestro país. Actualmente existen cuatro corporaciones diferentes y autónomas.