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Denostarla es propiciar diálogos de sordos

Por Jorge Pizarro, Presidente del Senado

6 de septiembre de 2013

Imagen foto_00000014A raíz de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado de 1973, se ha puesto mucho énfasis en la responsabilidad que le cabe a los actores políticos y las instituciones en el quiebre democrático del 11 de septiembre. Y sí, es cierto: los responsables de este tipo de situaciones son aquellos que de una u otra forma condujeron el debate político e ideológico de la época. Pero preocupa una consecuencia algo insospechada a 40 años de ese quiebre y que tiene que ver con cómo hoy la ciudadanía tiene una desafección profunda hacia la política.

 

La paradoja es que la falta de política, la ausencia de diálogo y la imposibilidad de los partidos de hacer que la política actuara en vez de las armas, hizo que el conflicto terminara de la manera tan dramática como lo hizo. Ante el fracaso de la política, vino la violencia, la dictadura y las violaciones a los derechos humanos.

 

Una encuesta de opinión pública, dio a conocer magros resultados en materia de confianza de la gente en el Gobierno y prácticamente hacia todas las instituciones que dan sustento a la República. Esta es una mala noticia para todos, porque la señal es que nada sirve, nadie se salva y que es mejor encerrarse de la puerta hacia adentro. Entonces, ¿el debate público quedará a la suerte de quien grite más fuerte, junte más gente en la calle o sea capaz de dirigir mayorías circunstanciales mediante populismo?

 

Esto es inquietante. Quisiéramos ver que los responsables de este llamado sistemático a la desconfianza hacia la política y los políticos, asuman su responsabilidad ante esta mortaja que se le ha puesto a esta actividad. La desconfianza ha derivado en que peligren las tasas de participación de la ciudadanía en los procesos democráticos. De hecho, el voto voluntario es un tema que bien vale la pena volver a debatir porque en democracia no hay verdades eternas. Si la política es tan mala ¿cómo podemos exigir respuestas de parte de las instituciones que dictan las políticas públicas?

 

¿Qué tienen que decir aquellos que instalaron e insisten en la idea de que los temas de los políticos no son los “temas de la gente”? La educación, la salud, las pensiones, la seguridad ciudadana, el empleo de calidad, ¿no son temas de índole político? Y hay que decirlo claramente: la representatividad del sistema electoral, la cantidad de chilenos que pueden votar y participar, y los quórum de las leyes, impactan directamente en todos y cada uno de los asuntos antes mencionados.

 

No se sostiene entonces este alegato gratuito contra la política. Desde esta Corporación no nos queda más que hacer una defensa de la labor de quienes se dedican al servicio público. Se trata de una tarea que debe ser cumplida por supuesto con altos estándares éticos y de vocación de servicio, porque cuando se piensa en el desarrollo presente y futuro de un país, es imposible que dejemos que la gobernabilidad quede supeditada a los vaivenes de la calle. Hay que escuchar a la ciudadanía, pero para eso hay cauces institucionales de participación y hay responsabilidades que le competen a cada uno de los miembros de la sociedad.

 

La política no es mala; es necesaria para adoptar acuerdos, es clave para asegurar el desarrollo e implementación de aquellas demandas que quiere la gente. Denostarla es propiciar diálogos de sordos como los que se vivieron al momento del Golpe de Estado y eso sí que no lo queremos nunca más.

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