Derechos de empaquetadores
Por Carlos Bianchi, senador por la Región de Magallanes
22 de septiembre de 2011
Tras la aprobación en
general del proyecto que apunta a proteger los derechos de los empaquetadores
de establecimientos comerciales es oportuno recordar que esta moción surgió de
la inquietud de los propios jóvenes trabajadores.
Descubrimos que se encuentran en una brutal precariedad laboral. Deben pagar para trabajar; y no solo eso, sino que, además, están obligados a comprar el uniforme que la empresa les exige para desempeñar sus funciones; no tienen autorización para usar los servicios higiénicos ni para alimentarse en el establecimiento en que laboran; tampoco cuentan con respaldo de seguros, etcétera.
Lo curioso es que desempeñan estas actividades estudiantes, la mayoría universitarios; personas con algún grado de discapacidad o con capacidades distintas, y adultos mayores, todos los que, en gran parte, poseen becas, subsidios, ficha de protección social, beneficios que, al tener un contrato de trabajo, obviamente pueden perder.
Por otra parte, la senadora Isabel Allende presentó una moción que precisamente consideraba la figura del contrato de trabajo, como fue nuestra idea original.
Luego, realizamos un interesante debate en el que escuchamos a gente de la OIT, a trabajadores y a grupos organizados como captadores de los jóvenes. Y nos dimos cuenta de que, si forzábamos el contrato de trabajo -lo cual sería lo óptimo y lógico-, terminaríamos más perjudicando que ayudando a esos trabajadores.
De allí que junto a otros parlamentarios presentamos otros dos proyectos que apuntaban al mismo asunto; la senadora Allende se allanó a la nueva fórmula y el Ejecutivo nos dio el patrocinio para tramitarla con la urgencia necesaria.
Esperamos que nunca más tales personas tengan que pagar para trabajar y costear el uniforme que les exige la empresa para desempeñar sus funciones y que cuenten a lo menos, con el resguardo de un seguro; que puedan alimentarse en el establecimiento donde laboran y que les den acceso a los servicios sanitarios. Es decir, garantizar los derechos mínimos.
En tal virtud, nos reunimos con los trabajadores, los supermercadistas y la Ministra del Trabajo. Arribamos a este acuerdo que mejora y optimiza una figura de mucha precariedad laboral para adultos mayores o personas con discapacidad.