Despachan con modificaciones Aula Segura: ahora se llama proyecto sobre convivencia escolar

Con cambio de nombre del proyecto, nuevo procedimiento de suspensión y ampliando su aplicación a todos los establecimientos escolares públicos y privados, la Comisión de Educación despachó tras un arduo debate con críticas de parte del Ejecutivo y con votaciones divididas el proyecto conocido como "Aula Segura" y que ahora irá a la Sala rebautizado como el proyecto que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar.

Con votación  reglamentaria (dos a favor de los senadores Von Baer y García Ruminot, 1 en contra, del senador Latorre y 2 abstenciones de los senadores Provoste y Quintana, la Comisión de Educación, aprobó la idea de legislar del proyecto, en primer trámite.

De acuerdo, al cambio de calificación de discusión inmediata (la que se dio cuenta la misma tarde del martes), es decir, de 6 días para ser debatido por cada rama legislativa  para el proyecto conocido como Aula Segura, la Comisión acordó someter a votación en general la iniciativa y, en esta misma jornada analizar las indicaciones, para que la iniciativa sea analizada este mismo miércoles por la Comisión de Hacienda y luego quede en condiciones de ser vista, por la Sala del Senado.

El senador José García Ruminot,  votó a favor y recalcó que “este es un proyecto necesario y la indicación que presentó el gobierno apuntaba a regular la suspensión como una medida cautelar evitando las dificultades que se experimentan hoy. Y nos permite abrir un debido proceso para eventual expulsión”.

En tanto, la senadora Ena Von Baer también justificó su voto a favor pues “hemos visto durante estas semanas testimonios y videos de los afectados por situaciones de extrema violencia. Es un proyecto necesario porque hoy día no existen las herramientas para agilizar los procesos en casos de violencia extrema”.

El senador Jaime Quintana fundamentó su abstención señalando que pese a que el texto del Ejecutivo no se hace cargo del problema de fondo de la violencia escolar, esperamos ver en particular la fórmula para atender las distintas miradas y velar por la situación tanto de las víctimas como del debido proceso.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre justificó su voto en contra porque a su juicio “el enfoque del proyecto es errado y de acuerdo a los expertos puede generar aún más violencia. Es un proyecto que no le hace bien al sistema educativo, incluso no era necesario pasar por el Congreso para resolver los hechos de violencia en 7 u 8 colegios, sin parafernalia mediática”.

A su turno, la senadora Yasna Provoste fundamentó su abstención señalando que el texto de "esta iniciativa se aleja de mirar a la escuela como espacio democrático, de confianza, de liderazgo directivo y de entender que los temas de convivencia escolar deben jugarse de otra forma no solo desde perspectiva autoritaria y punitiva”. Por eso recalcó la intención de contribuir a abordar las distintas realidades de los establecimientos educacionales.

Posteriormente, la Comisión se abocó al debate en particular donde en votación dividida y tras un arduo debate se rechazaron por 3 votos contra 2  los numerales de la indicación sustitutiva del Ejecutivo que recogía los temas abordados en el debate en materia de convivencia escolar y también establecía un procedimiento especial para aplicar sanción y suspensión de la matrícula en casos graves cuando se incurran almacenaje de armas o bombas y también cuando se agreda a un miembro de la comunidad educativa.

Al respecto, los senadores Von Baer y García Ruminot precisaron que “no se puede cerrar los ojos ante los hechos graves de violencia; mientras que sus pares Jaime Quintana, Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre opinaron que los hechos descritos en esta ley “son tan graves que el legislador los elevó a nivel de delitos tipificados en ley de armas y en el Código de Armas”.

Luego se puso en discusión y votación las indicaciones sustitutivas presentadas por los senadores Yasna Provoste, Jaime Quintana, Juan Ignacio Latorre, Jorge Pizarro y Rabindranath Quinteros.

Aquí también se desarrolló un intenso debate donde incluso se tuvo que dirimir una a una la admisibilidad de las indicaciones, con votación dividida, puesto que los senadores Von Baer y García Ruminot, además del Ejecutivo dejaron constancia que "incidían en materias exclusivas de administración del Estado y se alejaban absolutamente de la idea matriz del proyecto".

En lo fundamental, las modificaciones aprobadas y que serán despachadas a la Sala del Senado –previo a que la Comisión de Hacienda se pronuncie sobre las materias de su competencia- son las siguientes:

-       Se le cambia el nombre del proyecto que “fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia” por el que “fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar”.

-       Se establece un nuevo procedimiento donde “el director tendrá la facultad (no el deber) de suspender (en lugar de expulsar) como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio a los alumnos que hubieren incurrido en faltas graves o gravísimas establecidas en los reglamentos de cada establecimiento”. Se amplían las disposiciones de esta ley a todos los establecimientos educacionales regulados por el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, es decir, particulares incluidos.

-       Se dispone que el Ministerio de Educación dentro del plazo de 6 meses estudiará la posibilidad de implementar un Programa Nacional de Prevención de la Violencia, para dotar de herramientas formativas y psicosociales a los establecimientos educacionales del país.

Al respecto, la ministra de Educación expresó su rechazo puesto que esta fórmula de indicaciones –quizás por temor a hacerse cargo de las situaciones graves de violencia-  igualan las conductas gravísimas como porte de armas y ataques con bombas molotov a otras conductas que los reglamentos escolares definen como graves, es decir, falsificar la firma del apoderado o hacer la cimarra.

Además dejó constancia que la indicaciones debieron ser declaradas inadmisibles puesto que no son parte de la idea matriz de la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

Un total de 745 casos de expulsión o cancelación de matrícula se han registrado en el último año, así lo dio a conocer el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, ante la Comisión de Educación, en el marco del estudio del proyecto, en primer trámite conocido como “Aula Segura”.

El subsecretario detalló que de los casos mencionados a nivel nacional un 32,5% pertenecen a establecimientos del sector municipal; un 65% a los establecimientos particulares y  un 1,7% a los colegios de administración delegada.

En la cuarta jornada de audiencias públicas (revise el video con la sesión) la Comisión de Educación escuchó a:

-       Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

-       Directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras

-       Los investigadores Isidora Mena, Gonzalo Muñoz e Iban de Rementería.

-       La educadora del Liceo Manuel Barros Borgoño, Daniela Torres.

El presidente del Colegio de Profesores, aseguró que “el tema de las serias perturbaciones a la convivencia lo venimos denunciando hace tiempo. Incluso fue nuestro principal objeto de conversación a comienzos de año tanto, con el Superintendente de Educación, así como con las autoridades de Educación”. Sin embargo, expresó que “la iniciativa en trámite no sanciona ni se hace cargo del 99% de las denuncias que se reportan a la Superintendencia y que tienen que ver con agresiones al interior de la comunidad escolar, entre pares, entre profesores y alumnos o apoderados y docentes. Además tampoco dice nada sobre las víctimas de estas agresiones”.

En tanto, los investigadores Isidora Mena, Gonzalo Muñoz e Iban de Rementería expresaron  su rechazo a las situaciones de violencia que motivaron la discusión de esta iniciativa, no obstante, precisaron que la evidencia internacional da cuenta que la expulsión o la aceleración de los plazos para estas medidas no es suficiente para enfrentar la violencia, donde los enfoques internacionales se fundamentan no en lo punitivo sino en la reparación, la intervención y el aprendizaje.

Por su parte, la educadora Daniela Torres del Liceo Barros Borgoño, dio a conocer su testimonio como una afectada directa de los hechos de violencia pues fue rociada con bencina en medio de una agresión de jóvenes encapuchados. Aseguró que otros docentes y asistentes, han recibido amenazas de muerte y presiones constantes de parte de los agresores, solo por impedir que alumnos encapuchados ingresen a las clases.

Detalló que “esta situación se prolonga por largo tiempo y hemos conversado y abierto espacios de participación con los estudiantes agresivos y sus apoderados, sin embargo, igual optan por la vía violenta, Incluso reconoció que llegó al extremo que “tuve que salir yo del colegio mientras los agresores seguían en clase”, por ello solicitó que “también se piense en las víctimas de las agresiones, tanto docentes como asistentes y auxiliares así como también los estudiantes que sí quieren seguir en clases”.