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Despenalización del aborto: el derecho a decidir.

Por Guido Girardi, senador por la Región Metropolitana

15 de abril de 2016

Imagen foto_00000014En estos días, parlamentarios y parlamentarias tenemos la oportunidad de saldar una deuda histórica con las mujeres chilenas para restablecer un derecho elemental que ya se ejercía en la década del 30. El debate que se lleva a cabo sobre la despenalización del aborto en tres causales involucra directamente el derecho de las mujer a decidir sobre su cuerpo, y su relevancia puede compararse a la que tuvo la obtención del derecho a voto en 1949.

 

Los que de verdad estamos contra el aborto somos quienes hemos luchado por evitar el embarazo no deseado a través de fomentar la educación sexual y facilitar el acceso a los anticonceptivos, al uso de la T de cobre y a la píldora del día después. Quienes han puesto cortapisas a estas iniciativas favorecen el aborto.

 

Las tres causales del proyecto que impulsa el Gobierno de Michelle Bachelet, por riesgo de vida y salud de la mujer; por inviabilidad fetal extrauterina y por violación, corresponden a un porcentaje relativamente reducido de las razones por las que las mujeres abortan. Sin embargo, es un avance para salir del oscurantismo primitivo en donde se castiga a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

 

El fondo de la actual discusión legislativa radica en que algunos creen que la mujer al interrumpir un embarazo que es producto de una violación o donde el feto es inviable, o corre riesgo su vida… debe ir a la cárcel. No estoy de acuerdo con eso y esa es la diferencia. Es de una crueldad infinita perseguir penalmente a una mujer que haya pasado por cualquiera de esos sufrimientos.

 

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados es producto de una larga lucha que han dado la causa feminista y las mujeres para ser reconocidas como sujeto de derecho pleno, y que tiene sus frutos en la sociedad: la gente sabe que el aborto es una realidad con la que convivimos a diario y que de nada vale intentar esconderlo bajo la alfombra.

 

El margen para que sectores conservadores hagan oídos sordos frente a las demandas ciudadanas se reduce vertiginosamente. Ya en 2014 encuestas realizadas por instituciones reconocidas como FLACSO y la Universidad Diego Portales indicaban que dos de cada tres personas en Chile apoyaba la interrupción del embarazo producto de una violación, generando aún más apoyo el resto de las causales. A medida que se instala el tema en el debate público, el acuerdo crece, y eso lo demuestran encuestas actuales (enero 2016) como las de la Corporación Humanas y la Fundación Chile 21.

 

Nuestra sociedad cambia e incorpora en su retina la perspectiva de los derechos de las mujeres, así como también de las minorías sexuales. El Parlamento debe estar a la altura de estas circunstancias, aunque en el proceso vemos a grupos de presión que creen que les corresponde delimitar el campo de la autonomía de las mujeres.  Se trata de sectores que convierten visiones religiosas en conceptos absolutos e intentan imponerlos a una gran mayoría de la sociedad chilena que pide respeto.

 

El proyecto de ley que está en juego es un hito jurídico en el reconocimiento del derecho de la mujer a su plena libertad reproductiva. No obstante, tras su aprobación en la Cámara de Diputados, quedan varios aspectos pendientes de debate y posible mejora, como la obligación de denunciar el delito de aborto sin que prime el deber de la confidencialidad; la obligación de denuncia por parte del centro de salud en caso de invocarse causal violación y la determinación de plazos limitados en el caso de violación –en especial, tratándose de niñas-.

 

Esperamos abordar a la brevedad en el Senado estos temas, como le corresponde a una sociedad del siglo veintiuno, en el contexto de los derechos humanos de las mujeres y el respeto que debemos volverles a dar.

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