El desafío de la integración en la Administración Pública

La verdad es uno no puede sino coincidir con el diagnóstico que hacen los senadores del proyecto que busca eliminar los obstáculos para el pleno desarrollo de las personas. Chile es quizás uno de los peores países, particularmente el Estado, en el trato con los discapacitados. Creo así que esta iniciativa pretende consagrar en la Carta Fundamental la obligación del Estado de garantizar los derechos de toda la sociedad civil.

En la Cámara de Diputados, junto a otros parlamentarios, solicitamos la creación de una comisión especial de la discapacidad. Ésta impulsó una norma que modificó integralmente la legislación que existía en esa época y que perfeccionó la realidad que viven los discapacitados en Chile. Pero lo curioso de esto, es que advertimos que es justamente el Estado el que más discrimina a este segmento.

Hace un tiempo presenté un proyecto de ley que no prosperó porque chocó con la legislación vigente. Para poder optar a la Administración Pública hay que tener salud compatible, y por lo tanto ahí hay un dique que los discapacitados no pueden pasar.                  

Es curioso, pero el sector privado como los restoranes y los hoteles, y parte del sector público como las Fuerzas Armadas y Carabineros, han incorporado a los discapacitados. Por ejemplo, hay telefonistas en Carabineros, personas que laboran en la parte administrativa en las Fuerzas Armadas, en los supermercados cumplen en distintas funciones; sin embargo en la mayoría de las reparticiones fiscales esto no ocurre.

¿Y por qué digo esto? Porque ellos mismos no quieren ser cargas de su familia. La mejor forma de integrar a la sociedad a los discapacitados es, justamente, dándoles una oportunidad.

Mi intención era que en los llamados a concurso en la Administración Pública se estableciera un 2% de esos cargos para los discapacitados. Eso no ha podido ser. He conversado con los distintos encargados en estas materias como es el Fondo Nacional de Discapacidad (FONADI) y otros  organismos. Lamentablemente, no ha resultado pero creo que es un paso que tenemos que dar.

Este proyecto de reforma constitucional recoge de alguna manera un sentir nacional, pero habría que perfeccionarlo de tal manera de que si va a quedar estipulado en la Constitución, esté más bien orientado a la discapacidad y a la labor que tiene el Estado en la integración.

Si se compara la realidad de nuestros discapacitados con los de la OCDE, creo que francamente a nosotros nos daría vergüenza. Quizás esta disposición constitucional está inspirada en las normas que existen en España y en otros países europeos, en donde los discapacitados, realmente cuando llegan a esas naciones y deben asistir a un servicio público, cuentan con rampas u otras facilidades. Ahí, realmente, no hay limitaciones y ni barreras.

Creo que este es un proyecto positivo, a pesar de no compartir la forma como enfrenta el problema. No hay una cultura de respeto con el mundo de la discapacidad. Basta ver cómo los estacionamientos de los discapacitados están ocupados por cualquier persona o en los edificios nuevos que está haciendo el Estado, muchas veces no se consideran los elementos mínimos para atender a quienes tienen capacidades distintas. Todo esto nos dice que existe una cultura que no ha podido asumir la realidad de la discapacidad.