El desafío de la reforma educacional

El pacto electoral y programático que nos permitió recuperar el Gobierno y la mayoría en ambas Cámaras es nuestra carta de navegación, pero hemos tenido serias dificultades en precisar la ingeniería de detalle que está provocando confusión, ruido y opacando el avance del cumplimiento de los objetivos de las reformas que compartimos, prometimos y sobre todo que suscribió una amplia mayoría de ciudadanos.

El oficialismo debe concentrarse en los objetivos centrales de la Reforma Educacional: educación de calidad para todos; término del lucro, la selección y el copago; y a esto debemos incorporar los elementos de cambio que implican fortalecer la educación pública, que incorporen mejoras para los actores de la educación pública, como por ejemplo: garantizar una carrera docente, disminuir la burocracia y fortalecer las capacidades educativas en las aulas.

A la Reforma Educacional debemos dotarla de más pedagogía porque a la disputa ideológica y a los fundamentos estadísticos se debe incorporar el rostro docente, más Gabriela Mistral menos tecnicismos.

Estoy seguro que la mayor parte de los padres y apoderados de colegios privados subvencionados no buscaron ni desean la segregación, por el contrario la rechazan, pero también hay que entender que en el Chile individualista del “sálvese quien puede” han buscado con ansia un lugar para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos.

La reforma no se puede transformar en una amenaza, qué responsabilidad pueden tener los padres por buscar una alternativa frente una educación pública que se cae a pedazos. Seamos claros, la disminución de la matrícula municipal de un 57 a 39% en los últimos 30 años responde a un modelo que no fuimos capaces de reformar a tiempo. Terminamos con el piso rural y obligamos a los alcaldes a evaluar el cierre de los establecimientos racionalizando los recursos que ingresan al Municipio según la asistencia sin importar las condiciones de aislamiento o vulnerabilidad social. Si el estudiante no asiste el Estado no paga.

No cometamos nuevamente el error de mirarnos el ombligo, impulsemos un proceso político y social de cara a los actores que participan en el proceso educativo y desde allí avancemos en las reformas con la visión de Estado de largo plazo y también con la urgencia de que estos cambios ingresen a los hogares, a las salas de clases e impacten en la vida cotidiana de las familias que comparten nuestra convicción de transformar la educación en un derecho y no en un bien de consumo.

Son tantas las tareas y tan gigantes como la desmunicipalización que no podemos darnos gustitos o aprovechar este debate para posicionamientos o cuotas personales, tenemos el deber de fortalecer los acuerdos contenidos en el programa y explicitar las prioridades legislativas que darán una señal de gobernabilidad y confianza con los padres, apoderados, profesores y estudiantes para quienes este debate no es abstracto, no es un dilema de modelos académicos, es cotidiano, es concreto y dice relación con el desarrollo de las capacidades de sus hijos y encarna los anhelos y esperanzas de las familias.

Tenemos el desafío de avanzar en las transformaciones interpretando estas esperanzas que a la vuelta de la equina, en no más de 27 meses, nos pedirán cuenta y expresarán su opinión en las urnas.